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Crece la presión sobre Ucrania para que esclarezca el posible asesinato de 10 soldados rusos

La ONU investiga las acusaciones contra las Fuerzas Armadas de Kiev por un supuesto crimen de guerra por la muerte de un grupo de prisioneros

Fotograma de un vídeo en el que se ve a soldados rusos supuestamente asesinados por las fuerzas ucranias.
Cristian Segura (enviado especial)

Las Fuerzas Armadas de Ucrania se han visto comprometidas por un supuesto crimen de guerra cometido entre sus filas. Cuatro vídeos filmados por sus propias unidades, y difundidos posteriormente por medios afines al Kremlin, muestran el posible asesinato de 10 soldados rusos en el frente de Lugansk. El Defensor del Pueblo ucranio, Dmitro Lubinets, afirmó el fin de semana que se trataba de un montaje de Moscú, pero el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido de que se investigará lo sucedido y pide que también lo haga Kiev.

Los hechos analizados se produjeron en una fecha no determinada de noviembre, durante el avance ucranio en la provincia de Lugansk, en el este del país. Un pelotón de infantería ucranio rodeó a 11 soldados en una granja del pueblo de Makiivka. La unidad ucrania filmó parte de lo sucedido con el móvil de uno de sus soldados. A este documento se le añaden vídeos registrados por un dron. Un elevado número de unidades ucranias en el frente, sobre todo las de artillería, utilizan pequeños drones de reconocimiento. El pelotón ucranio accedió al patio de la granja y de la vivienda salieron, con las manos en alto, 10 militares rusos. Se les ordenó que se tumbaran en el suelo, boca abajo, y así lo hicieron. De pronto, otro soldado ruso irrumpió desde el interior de la vivienda con un fusil y abrió fuego contra los ucranios. Este militar fue abatido, según las imágenes capturadas por el dron.

Tras un lapso no determinado de tiempo, la aeronave utilizado por las tropas ucranias filmó ya muertos a los 10 soldados rusos que supuestamente se habían rendido. Los cuerpos, situados prácticamente en las mismas posiciones en las que previamente aparecían vivos, aparecían ahora entre grandes charcos de sangre, algunos con heridas provocadas por munición de mayor calibre que las que causa un fusil de asalto. El movimiento de la unidad ucrania en el patio de la granja estaba cubierto por un soldado que apuntaba a los rusos a ras de suelo con una ametralladora PK, de gran calibre, según las imágenes desde el dron.

The New York Times publicó el domingo un análisis de los vídeos en el que confirmaba su veracidad y en el que varios expertos en crímenes de guerra apuntaban que era necesaria más información sobre las circunstancias de la muerte de estos soldados. Según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, se trataría de un crimen de guerra si los soldados se hubieran rendido y depuesto sus armas.

El Defensor del Pueblo ucranio aseguró que los soldados rusos aparentaron su rendición para abatir al pelotón ucranio. “Los militares rusos no podían considerarse como prisioneros de guerra, sino como combatientes que cometen traición”, aseguró Lubinets. El Gobierno ruso ha acusado a las tropas ucranias de cometer un crimen de guerra.

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La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU ha confirmado a las agencias Reuters y France Presse que está investigando el suceso. Olga Stefanishina, viceprimera ministra ucrania para la integración en la Unión Europea, aseguró el domingo a Associated Press que su Gobierno investigaría lo ocurrido, aunque descartaba que se tratara de ejecuciones sumarias o de un posible crimen de guerra. En un comunicado enviado también a dicha agencia, la Misión de la ONU para los Derechos Humanos en Ucrania requirió a las autoridades del país que investiguen los hechos “de manera inmediata”.

Washington también está pendiente del caso. “Obviamente, estamos siguiendo esto muy de cerca”, ha afirmado este lunes Beth Van Schaack, embajadora de Estados Unidos para la justicia penal mundial, en una sesión informativa telefónica con periodistas, informa la agencia Reuters. “Es realmente importante subrayar que las leyes de la guerra se aplican tanto al Estado agresor como al Estado defensor”, ha subrayado, y “todas las partes en el conflicto deben acatar el derecho internacional o atenerse a las consecuencias”. Van Schaack también ha dicho que la escala de criminalidad exhibida por las fuerzas rusas es “enorme” en comparación con las acusaciones contra las tropas ucranias. “Rusia responde inevitablemente con propaganda, negación y desinformación, mientras que las autoridades ucranianas han reconocido en general los abusos y se han comprometido a investigarlos”.

Vulneraciones en ambos bandos

La mayoría de las denuncias sobre la vulneración de las leyes de la guerra y de los derechos humanos en Ucrania recaen sobre Rusia. Los investigadores de la ONU han confirmado que las tropas rusas han cometido múltiples crímenes de guerra contra soldados y civiles. El primer trabajo de campo realizado por la ONU, centrado en los meses de febrero y marzo, cuyo resultado se presentó en un informe ante la Asamblea General de la ONU en octubre, determinó que “el impacto sobre la población civil en Ucrania es inmenso. La pérdida de vidas se cuenta en miles. La destrucción de infraestructuras es devastadora”.

Las máximas autoridades de la Comisión Europea han calificado de crimen de guerra la ofensiva rusa contra la infraestructura energética ucrania, que ha dejado a millones de personas sin recursos para pasar el invierno. “Las Fuerzas Armadas rusas son responsables de la vasta mayoría de las violaciones [de derechos] identificadas, incluidos crímenes de guerra. Las fuerzas ucranias también han cometido violaciones de los derechos humanos, incluidos incidentes que pueden calificarse de crímenes de guerra”, decía el informe de la ONU elaborado por el equipo de expertos independientes liderado por el juez noruego Erik Mose.

Matilda Bogner, responsable de la Misión de la ONU para los Derechos Humanos en Ucrania, presentó la semana pasada un informe que concluía que ambos bandos habían sometido a torturas a prisioneros de guerra. Todas las entrevistas con los combatientes apresados se produjeron en territorio bajo control ucranio porque Rusia negó a Naciones Unidas acceso a sus centros de detención. Por el lado ruso, los maltratos a prisioneros de guerra parecen ser sistemáticos, según los testimonios recogidos por el organismo; en el lado ucranio, según Bogner, su equipo ha recibido “sólidas acusaciones de ejecuciones sumarias de soldados fuera de combate, y varios casos de torturas y malos tratos, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Bogner recalcó que todavía esperaban recibir algún resultado de las investigaciones abiertas por las autoridades ucranias para dilucidar estos casos. La representante de Naciones Unidas añadió su “preocupación” por los procesos judiciales abiertos en Ucrania contra ciudadanos ucranios que combaten en el ejército ruso: “En conflictos armados internacionales, el enjuiciamiento de combatientes por su simple participación en las hostilidades está prohibido en virtud del derecho humanitario internacional”.

Tanto la opinión pública ucrania como su Gobierno han reaccionado con beligerancia ante cualquier crítica por parte de sus aliados y organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha sufrido una campaña de desprestigio en Ucrania después de que en agosto publicara un informe en el que advertía que las Fuerzas Armadas de Kiev ponían en riesgo a no combatientes en zonas próximas al frente de guerra al situar a sus unidades junto a edificios e instalaciones donde habita la población civil.

Este diario ha podido confirmar en los meses que dura el conflicto que no es inusual que las tropas duerman en edificios de viviendas junto a civiles, para evitar el riesgo de descansar en los cuarteles. El informe de expertos independientes de la ONU de octubre también hacía mención de ello: “Hay ejemplos de los dos bandos, aunque en grado diferente, de fallar en la protección de civiles o de objetos civiles al ubicar objetos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas”.

Pocas semanas antes del polémico informe, Amnistía Internacional había hecho pública una investigación en la que acusaba a Rusia de matar a cientos de civiles en Járkov en bombardeos con armamento prohibido.

Otro caso en el que las autoridades ucranias rechazaron las acusaciones de un posible crimen de guerra se produjo en marzo en el pueblo de Mala Rohan, en la provincia de Járkov, y en el que un vídeo mostraba cómo tres prisioneros de guerra rusos recibían disparos en las piernas cuando ya habían sido apresados. Tanto el informe de la ONU de octubre como otro documento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) consideraron veraces estos hechos.

Las fuerzas de seguridad ucranias, además, son poco transparentes en cuanto al procesamiento de los colaboradores que Rusia tiene en Ucrania. En la ciudad de Jersón, liberada el día 11 tras más de ocho meses de ocupación rusa, los testimonios recogidos la semana pasada por EL PAÍS indican que cada día se llevan a cabo detenciones de posibles colaboradores de las fuerzas ocupantes, e incluso ejecuciones extrajudiciales. En los últimos días, han aparecido imágenes de personas maniatadas en varias localizaciones de Jersón y expuestas a escarnio público, acusadas de haber trabajado para el enemigo. Muchos de estos colaboradores están acusados de haber facilitado información al ejército ruso sobre personas que han desaparecido.

Aun así, la mayor parte de los abusos documentados corresponden al bando ruso. El Ministerio del Interior ucranio ha detallado que investiga unos 500 casos de vulneraciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas invasoras en Jersón, desde torturas, incluidas a menores, a ejecuciones sumarias y desapariciones. La Fiscalía ucrania confirmó este lunes que en Jersón se habrían localizado cuatro edificios utilizados por los rusos para torturar a civiles.

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Sobre la firma

Cristian Segura (enviado especial)
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania como enviado especial. Es autor de tres libros de no ficción y de dos novelas. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa.

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