Una ola de secuestros para cobrar rescates golpea a Nigeria

El secuestro se ha convertido en un negocio en auge y en una de las principales fuentes de ingresos para grupos de delincuentes armados que proliferan en el noroeste de Nigeria, cuya actividad está en plena expansión. Entre julio de 2021 y junio de 2022 se produjeron unos 500 secuestros en este país africano, en los que 3.420 personas fueron raptadas y, en su mayor parte, liberadas posteriormente tras el pago de un rescate. De ellas, 2.715, es decir, el 80%, fueron capturadas en cinco Estados del noroeste: Kaduna, Zamfara, Níger, Katsina y Sokoto, según la plataforma de investigación SBM Inteligence, que destaca en un reciente informe que esta actividad criminal en expansión supuso para estos grupos armados al menos un millón de euros y otros bienes materiales. Las autoridades están inquietas por las conexiones entre estas bandas y células terroristas más activas en otras regiones del país.

A principios de noviembre, unas 80 personas, en su mayor parte mujeres campesinas, fueron secuestradas en tres incidentes diferentes en el Estado de Zamfara. Once de ellas fallecieron durante los ataques, que suelen comenzar con la irrupción en los pueblos de decenas de hombres en motocicletas y armados con fusiles y escopetas que actúan con extrema violencia. Una vez más, las comunidades reaccionaron con indignación.

Este tipo de delitos se ha convertido en una pesadilla para miles de nigerianos. Muchos pueblos están en la ruina por el pago de rescates y otros tienen que dedicar una parte de sus ingresos obtenidos de la agricultura y la ganadería a una suerte de impuesto a estos grupos a cambio de su protección, lo que se traduce en una extorsión para no sufrir ataques.

Desde que el grupo terrorista Boko Haram secuestrara a 276 niñas en la localidad de Chibok en 2014, la industria del rapto por rescate ha aumentado de manera espectacular y, sobre todo, está ahora protagonizada por grupos de delincuentes sin reivindicación ideológica o religiosa que se esconden en zonas boscosas. Es un negocio y quienes lo llevan a cabo son “bandidos”, como se les denomina en Nigeria. En ocasiones, los secuestradores aceptan que se complete el rescate monetario con pago en especies, que van desde teléfonos móviles de última generación y motocicletas hasta latas de aceite, sacos de arroz, cajas de whisky, gafas de sol, paquetes de cigarrillos e incluso codeína.

Hasta ahora, las autoridades federales han mostrado escasa eficacia a la hora de frenar esta actividad delictiva, pese a que fue una de las promesas del presidente, Muhammadu Buhari. El pasado abril, el Senado reformó la ley antiterrorista e introdujo la prohibición de pagar rescates. Algunos gobernadores del norte negocian con los delincuentes e incluso han llegado a regalarles tierras y vehículos a cambio de liberar a personas, medida que el Gobierno federal ha criticado con dureza. “La importancia general de este proyecto de ley es desalentar la creciente oleada de secuestros en Nigeria, que se está extendiendo rápidamente por todo el país”, aseguró el senador Opeyemi Bamidele, promotor de la iniciativa. Sin embargo, existen muchas dudas sobre la aplicación de esta ley. Otra medida ha sido la obligatoriedad de inscribirse a la hora de comprar una tarjeta SIM para poder rastrear las llamadas.

Uno de los secuestros más sonados del año se produjo el pasado 28 de marzo, cuando un grupo de asaltantes hizo descarrilar un tren que unía a la capital del país, Abuya, con el norte. Unos 160 pasajeros fueron raptados y todavía quedan decenas por ser liberados. El último incidente conocido tuvo lugar el pasado 8 de noviembre: un sacerdote católico y otras nueve personas fueron capturadas en un pequeño pueblo del Estado de Kaduna. Al mismo tiempo, los escasos éxitos del Gobierno en este combate se anuncian a bombo y platillo. Así ocurrió el pasado sábado, cuando el Gobierno informó de la muerte durante una operación policial de Dogo Maikasuwa, apodado Dogo Millonario, jefe de una banda en Kaduna que había llevado a cabo numerosos secuestros y asesinatos.

Los efectos son enormes y el primero está en la educación. Entre 2020 y 2021, 1.409 estudiantes y 17 profesores fueron raptados y cientos de escuelas han cerrado por problemas de seguridad. Unos 10 millones de niños de entre 5 y 14 años no están escolarizados, la mayoría en el norte y casi siempre niñas, según Unicef, y solo uno de cada cuatro pequeños de entre 7 y 14 puede leer correctamente y hacer operaciones básicas de aritmética, según la Oficina Nacional de Estadísticas de Nigeria. Detrás de estas cifras está el miedo. “Todo el sistema educativo en el norte de Nigeria está en grave riesgo si no se hace nada con urgencia”, dijo Peter Hawkings, representantes de Unicef en este país africano, en un informe publicado en 2021.

Detrás de la industria del secuestro está también la enorme circulación de armas. Nigeria tiene unos 220 millones de habitantes y se calcula que algo más de seis millones de armas se mueven de manera ilegal en manos de civiles y bandas armadas. Abdulsalami Abubakar, que fue presidente del país a finales de los años noventa y hoy es director del Comité Nacional para la Paz, lanzó el año pasado una advertencia. “Seis millones de armas de todo calibre circulan ilegalmente. Es preocupante y está detrás de la muerte de unas 80.000 personas y del desplazamiento forzoso de tres millones”, manifestó. Las consecuencias económicas son evidentes: van desde la desincentivación de la inversión y el emprendimiento en los Estados más afectados, hasta el empobrecimiento de la población por el pago de rescates o a cambio de seguridad.

Algunos expertos advierten de que estas bandas armadas están cada vez más conectadas con grupos yihadistas y que estos secuestros no son sino una forma más de terrorismo. Se sospecha que en el ataque al tren de Kaduna, por ejemplo, participaron miembros del grupo yihadista Boko Haram. “En realidad, el noroeste de Nigeria se ha convertido en el refugio seguro de grupos terroristas cada vez más activos”, aseguraba el investigador Oluwole Ojewale en un artículo publicado por el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS), y citaba a dos ramas del Estado Islámico, la saheliana (EIGS) y la de África Occidental (Iswap), presentes en la región. La reciente detención en Kaduna de Nasiru Mohammed, a quien las fuerzas del orden identifican como un enlace de Iswap para su implantación en el noreste nigeriano, refuerza esta tesis.

Los grupos armados también aprovechan la violencia intercomunitaria entre pastores y agricultores, que afecta sobre todo al centro-norte de Nigeria, y entre grupos de las etnias hausa y peul, como un elemento que refuerza su presencia en la región. Al igual que en Burkina Faso, Malí y Níger, país con el que Nigeria comparte nada menos que 1.500 kilómetros de frontera, estas rencillas y conflictos locales son el caldo de cultivo para la implantación de grupos armados. La ausencia o debilidad del Estado en una zona extremadamente pobre y el desafío del cambio climático, que incrementa la conflictividad, son elementos que también contribuyen a las actividades delictivas.

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