La industria del secuestro florece en el Sahel y el norte de Nigeria

La monja colombiana Gloria Cecilia Narváez fue liberada el pasado sábado en Malí tras permanecer secuestrada cuatro años y ocho meses en manos de un grupo yihadista. Pero este no es un caso aislado. Diferentes grupos armados han secuestrado a unas 3.000 personas en los primeros ocho meses de 2021 en el norte de Nigeria, Malí, Burkina Faso y Níger, según las cifras de la ONG Acled, casi el doble que en todo 2020, año en que se registraron 1.769 raptos. La inmensa mayoría de los secuestrados son nacionales, tanto trabajadores humanitarios como periodistas, estudiantes, líderes locales, funcionarios o agricultores, mientras que sus captores forman parte de grupos yihadistas, milicias comunitarias o bandas de delincuentes que aprovechan el repliegue o la debilidad del Estado frente a la violencia. En la mayor parte de los casos concluyen con el pago de un rescate y la liberación, pero su incremento está detrás de la crisis de desplazados y refugiados que sufre el Sahel.

“Hay una clara tendencia al alza”, asegura José Luengo-Cabrera, analista de datos especializado en África occidental, “pero se habla poco de ello en los grandes medios de comunicación, no se aborda de manera proporcional a la dimensión del problema”. Nigeria, donde los secuestros de escolares se intensificaron a partir de 2020, lidera las estadísticas con 2.062 personas raptadas hasta el pasado 3 de septiembre, según los datos de Luengo extraídos de Acled. Esta violencia ha cristalizado sobre todo en los estados del noroeste del país, Níger, Zamfara, Kaduna, Katsina y Kebbi. Según el centro de investigación SBM Intelligence, 1.409 estudiantes y 17 profesores han sido secuestrados desde marzo de 2020.

La reciente ola de raptos en Nigeria está protagonizada por grupos de delincuentes que no llevan a cabo ninguna reivindicación política o religiosa ni defienden ninguna ideología. En este país se les llama simplemente “bandidos” y su motivación es exclusivamente económica. Un informe de SBM Intelligence revela que hasta el 30 de junio, la suma de rescates solicitados por los secuestradores se elevaba a unos 17 millones de euros. Aunque no hay información oficial sobre cuánto dinero han abonado los familiares de las víctimas o las autoridades, muchos de los secuestros de los últimos meses acabaron con alguna forma de pago.

La creciente inseguridad en el noroeste de Nigeria es un auténtico desafío para el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, quien prometió mano dura contra estas bandas armadas. Asimismo, insinuó que los gobernadores alimentaban la crisis pagando los rescates. “Los gobiernos estatales deben revisar su política de recompensar a los bandidos con dinero y vehículos. Tal política tiene el potencial de ser contraproducente, con consecuencias desastrosas”, señaló a través de su cuenta de Twitter el pasado mes de febrero. La continuidad de los raptos provocó incluso multitudinarias manifestaciones en varias ciudades del país que fueron reprimidas con violencia.

En Malí, Níger y Burkina Faso los secuestros también se han incrementado, pasando de 732 personas en todo 2020 a 785 en los ocho primeros meses de 2021. “Es la cara oculta de la crisis maliense”, asegura Ornella Moderan, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) y coautora de un reciente estudio sobre este fenómeno. “A diferencia de Nigeria, donde ha habido secuestros de hasta 300 estudiantes, aquí se trata casi siempre de raptos de pequeña envergadura en los que hay una voluntad de intimidación”, añade la experta. Aunque también se obtenga un rescate por las víctimas, estos secuestros suelen estar vinculados al conflicto y con ellos se pretende o bien expulsar al Estado de la zona o enviar un mensaje a los yihadistas y sus cómplices, en función de quiénes sean los autores.

Los secuestros se concentran en las zonas afectadas por la violencia radical, ya sea el centro de Malí (regiones de Mopti y Ségou), el norte de Burkina Faso (región de Sahel), y el oeste y este de Níger (regiones de Tillabéri y Diffa), casi siempre en torno a las principales carreteras y ejes fluviales. Con el deterioro del contexto en materia de seguridad y la prohibición de tránsito a los extranjeros en estas zonas, son los trabajadores locales los más afectados. Como recuerda el estudio del ISS, el 97% de los civiles secuestrados en Malí desde 2012 son malienses y tres cuartas partes de los incidentes violentos registrados por el personal humanitario en este mismo país fueron raptos, su principal amenaza.

Solo cuando se trata de occidentales, como la rehén franco-suiza Sophie Petronin o la monja colombiana Gloria Narváez, o de personajes notables de la comunidad los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. En noviembre de 2017 fue secuestrado Soungalo Koné, juez de la ciudad maliense de Niono, quien murió en cautividad dos años más tarde, y en marzo de 2020 le ocurrió lo mismo al líder opositor Soumaïla Cissé, liberado siete meses después. “Sin embargo, cuando se trata de ciudadanos anónimos lo normal es que se produzca un pago de rescate y sean liberados en ocasiones en plazos de tiempo muy cortos, de entre 24 y 72 horas”, explica Moderan.

La frecuencia de secuestros, robos y asesinatos en zonas donde la presencia del Estado es muy débil es una de las razones que empuja a los ciudadanos a huir de sus hogares y ha provocado una gravísima crisis humanitaria en el Sahel central, con más de cuatro millones de desplazados y refugiados que han dejado todo tras de sí. En lo que va de año han fallecido 3.836 personas a causa de la violencia en estos tres países, según Luengo-Cabrera.

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