Desahuciados en Dinamarca por vivir en un barrio de “no occidentales”

Miles de ciudadanos, en su mayoría musulmanes, serán expulsados de sus hogares antes de 2030 en virtud de una ley que no se debate en la campaña para las elecciones del martes

Una calle adyacente al barrio de Mjolnerparken, en Copenhague, en 2018.
Una calle adyacente al barrio de Mjolnerparken, en Copenhague, en 2018.Saúl Ruiz

Majken Felle no está dispuesta a abandonar su vivienda. Como muchos de sus vecinos en el barrio de Mjolnerparken, en Copenhague, esta profesora de 48 años ha recibido decenas de cartas en las que se le avisa de que tendrá que mudarse próximamente; el bloque de apartamentos en el que reside ha sido seleccionado para su venta a un inversor privado. Las órdenes de desahucio se enmarcan dentro de una polémica legislación que obliga a reducir en ciertas zonas del país la proporción de población “no occidental” a menos del 30%. “Está claro que soy un daño colateral”, comenta Felle. “Su objetivo no es expulsar a una ciudadana étnicamente danesa como yo, pero hasta una ley tan sumamente racista tiene sus límites”, sentencia.

En 2018, el Gobierno de coalición de conservadores y liberales sacó adelante una ley para poner fin a “las sociedades paralelas en Dinamarca”. Cada diciembre, el Ministerio del Interior y Vivienda publica una lista con las denominadas “zonas de transformación” —hasta el año pasado, “guetos duros”—. Mjolnerparken es una de ellas. Para que un barrio sea clasificado así, debe superar los 1.000 habitantes y se tienen que dar un cúmulo de condiciones relativas a indicadores socioeconómicos, educativos o de criminalidad, pero hay un criterio diferencial: más de la mitad de los residentes tienen que ser “no occidentales”, incluso si han nacido en Dinamarca. “No occidental funciona como un eufemismo de musulmán”, sostiene Lamies Nassri, directora del Centro Danés para los Derechos de los Musulmanes, en su oficina de Copenhague. En torno al 6% de los 5,8 millones de habitantes de Dinamarca profesan el islam.

Desde la llegada al poder en 2019 de la socialdemócrata Mette Frederiksen, las medidas antinmigración se han endurecido aún más. “En los últimos años las cosas solo han empeorado”, resume Felle. A pesar de haber recibido innumerables críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, Dinamarca no pretende recular. Ninguno de los principales partidos políticos del país escandinavo está defendiendo durante la campaña electoral para las parlamentarias del próximo martes la eliminación de la conocida como ley antigueto, y durante los más de tres años de Gobierno socialdemócrata se han aprobado unos requisitos tremendamente exigentes para solicitar asilo, un permiso de residencia o la nacionalidad danesa.

En Mjolnerparken, donde más del 80% de los 1.700 habitantes son considerados “no occidentales”, Felle se detiene para hablar un rato con prácticamente cada persona que se cruza. Casi todos tienen alguna novedad que comentarle sobre su situación particular. La profesora de educación infantil se ha convertido en un referente para los que viven en el barrio; su lucha incesante para evitar que nadie sea expulsado de su vivienda le ha granjeado la admiración de sus vecinos. La profesora es una de las residentes de Mjolnerparken que ha emprendido una batalla legal contra el Ministerio del Interior y Vivienda, que tendrá que resolver uno de los dos tribunales superiores de Dinamarca.

Racismo e islamofobia

Sentada en uno de los pocos bancos que hay en Mjolnerparken, una refugiada balcánica, que prefiere mantener el anonimato, describe que cuando llegó en los años noventa sentía que “Dinamarca era el sitio ideal para vivir. Tolerante, respetuoso y con oportunidades para prosperar”. La ciudadana, a la que Felle traduce del danés al inglés, opina que ahora el racismo y la islamofobia “se han extendido muchísimo, incluso entre personas que jamás se considerarían racistas”. Se niega en rotundo a tener que abandonar su vivienda. “Allí es donde mi esposo pasó sus últimos días antes de morir prematuramente. Esa casa tiene un enorme valor sentimental”, relata. La mujer rememora que hace unos años, en una entrevista de trabajo, al comentar que tenía dos hijos le respondieron: “Con ese apellido me imaginaba que tendrías al menos una decena”.

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“Yo no me siento discriminada”, señala Aya Chabbary, una adolescente de origen marroquí que se ha unido a la conversación tras acercarse a saludar a Felle. “Quizás sea porque todavía soy muy joven”, añade. Sin embargo, hace unos meses, Chabbary participó en una manifestación después de que el Comité para la Lucha de las Mujeres Olvidadas— creado recientemente por el Gobierno socialdemócrata— recomendara la prohibición de usar el velo islámico en las escuelas.

La legislación regula que en las “zonas de transformación” —una decena, según la última lista— se deben eliminar el 40% de las viviendas públicas, una forma de propiedad muy común en el país escandinavo y que hasta ahora había garantizado la accesibilidad a los pisos de alquiler. Las organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan los pisos en estas barriadas deben trazar su plan para cumplir con los requisitos establecidos antes de 2030. En Mjolnerparken han decidido que dos de los principales bloques de viviendas serán vendidos a un inversor privado. En total, los residentes de 260 apartamentos han recibido avisos de que deben abandonar sus hogares y serán reubicados en una vivienda social de otro barrio de la capital danesa. La causa judicial abierta permite a los vecinos, al menos de momento, incumplir las órdenes de desahucio. En la barriada de Vollsmose, en la ciudad de Odense, cientos de viviendas ya han sido demolidas.

Mjolnerparken es una especie de urbanización en la que los bloques de pisos de ladrillo rojo se encadenan a través de patios y, hasta hace poco, jardines y parques. Desde verano, unas vallas impiden el acceso a gran parte de las zonas comunes, en las que se han excavado profundos hoyos. Supuestamente, la empresa de vivienda pública que gestiona el barrio ha comenzado unas obras de remodelación. “Trabajan a un ritmo lentísimo. Está claro que pretenden hacernos la vida lo más complicada posible”, opina Felle. De algunas ventanas cuelgan carteles que rezan “Igualdad ante la ley” o “No a la limpieza étnica”.

Bloques de viviendas en Mjolnerparken.
Bloques de viviendas en Mjolnerparken.Saúl Ruíz

Susheela Math, la abogada que defiende a los residentes de Mjolnerparken frente al Ministerio del Interior y Vivienda, explica por teléfono desde Londres que la clase política danesa sostiene que estas medidas no son discriminatorias, sino que “el objetivo es una mejora del nivel de vida en esas zonas”. La letrada considera que “es evidente que se está tratando a estas personas como ciudadanos de segunda y que esta legislación solo los estigmatiza y marginaliza”. Math, empleada de la fundación Open Society, asegura que su pretensión es que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la UE y que los magistrados radicados en Luxemburgo determinen que la ley danesa incumple la directiva europea sobre igualdad racial. “Esta sentencia sería muy importante para el conjunto de Europa, ya que estamos viendo que en otros países como Suecia se están planteando medidas muy similares”, argumenta Math. Dos relatores de la ONU, la de Discriminación Racial y el de Vivienda Adecuada, intervienen en el proceso en favor de los vecinos de Mjolnerparken.

La llegada a Dinamarca este año de decenas de miles de ucranios que huían de la guerra —considerados “no occidentales”— llevó al Ejecutivo socialdemócrata a emprender unas reformas exprés para que pudieran alojarse en cualquier parte del país, incluidas las zonas como Mjolnerparken. “Si cientos de ucranios se establecían en un mismo barrio, este podría pasar repentinamente a estar incluido en la lista negra”, explica Math. Además de las “zonas de transformación”, existen otras categorías previas como las “áreas de prevención” o las “comunidades paralelas”, que incluyen casi un centenar de barrios del país.

El Gobierno de Frederiksen no solo ha hecho oídos sordos a los organismos internacionales que instan a suprimir todas las referencias a “ciudadanos no occidentales” en la legislación danesa, sino que ha dado una vuelta de tuerca al concepto. El Ministerio de Integración ha creado una nueva categoría, que se incluye en estadísticas oficiales, en la que se agrupan los ciudadanos originarios de Oriente Próximo, el norte de África, Turquía y Pakistán. Las solicitudes para obtener la nacionalidad danesa de ciudadanos que se encuadren en esta clasificación —de la que se excluyen Israel, Etiopía y Eritrea, países en los que la población musulmana es minoritaria— deberán ser examinadas más meticulosamente que el resto.

El Ejecutivo socialdemócrata también ha llegado a un acuerdo con Kosovo para enviar allí a cumplir condena a presos extranjeros condenados en Dinamarca, y a otro con Ruanda para trasladar al país africano a solicitantes de asilo mientras esperan a que se resuelva su caso, aunque estos planes todavía no han comenzado a ejecutarse. Y Dinamarca ha sido el primer país de la UE que ha empezado a revocar permisos de residencia a ciudadanos sirios alegando que Damasco y las provincias vecinas ya son zonas seguras. Además, siguen vigentes algunas de las leyes más polémicas que aprobó el anterior Gobierno, como la que castiga la mendicidad con penas de prisión, la que permite confiscar joyas y objetos de valor a los refugiados para cubrir el coste de su acogida o la que veta el uso del burka y el niqab en la vía pública.

En los últimos años, las políticas antinmigración han sido asumidas por casi todos los partidos políticos del país escandinavo. Ni siquiera son un asunto prioritario en la campaña para las elecciones del martes. Con una de las legislaciones más restrictivas de toda Europa, los partidos de ultraderecha proponen medidas como que los ancianos puedan rechazar a las cuidadoras sociales que lleven velo. “Los políticos en Dinamarca son muy conscientes de que pueden obtener rédito político con un discurso islamófobo”, opina Nassri, del Centro Danés para los Derechos de los Musulmanes.

Los habitantes de Mjolnerparken confían en la justicia para poder seguir decidiendo dónde vivir; ya no esperan nada de los políticos. “La mayoría de los que describen estos barrios como sociedades paralelas no los han pisado jamás”, sostiene Felle. “En los ocho años que llevo aquí, nunca me he sentido insegura, ni siquiera al regresar a casa de madrugada”, añade. La maestra tiene claro que pretende seguir dedicada en cuerpo y alma a la defensa de Mjolnerparken. “Consume todo mi tiempo libre, pero la razón está de mi parte y eso me permite encontrar las fuerzas para seguir”.

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Sobre la firma

Carlos Torralba (Enviado Especial)

Es redactor de la sección de Internacional desde 2016. Se ocupa de la cobertura de los países nórdicos y bálticos y también escribe sobre asuntos de defensa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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