La inseguridad perturba la ‘pura vida’ de Costa Rica

El último asesinato captado por cámaras lo perpetraron la semana pasada tres hombres en motocicleta que se acercaron a plena luz de día a un vehículo todo terreno en Escazú, en un distrito de gente adinerada, y le dispararon hasta romper los vidrios y fulminar al conductor, un guardaespaldas conocido por sus empresas de seguridad en altos círculos de Costa Rica.

Ocurrió el martes y el asesinato engorda la cifra de homicidios que amenaza con igualar en este 2022 al registro del 2017 y volver a colocar la tasa letal por encima de 12 por cada 100.000 habitantes, con el problema adicional de que hay regiones donde el indicador supera los 33, mayor que la de los países del Triángulo Norte centroamericano o que el ponderado de México.

“El tema de los homicidios se nos está yendo de las manos”, decía semanas atrás Rodrigo Chaves, presidente del país que por décadas se ha considerado el menos inseguro de Centroamérica. “Se está pareciendo a algo que no se parece a Costa Rica”, agregaba tras una reunión con presidentes de otros poderes para atender la ola de inseguridad acelerada por la expansión del narcotráfico y sus actos de sicariato, a los que las autoridades atribuyen más la mitad de los asesinatos. También es más extrema la violencia, dijo ante los diputados el director de la policía judicial, Wálter Espinoza: “Hemos visto quemados, decapitados, personas a las que le han sacado los ojos en vida y luego son asesinados (...) el país tiene un problema”, afirmó Espinoza.

Pero el problema va más allá del crimen organizado y toca el deterioro social. En la prensa aún resuena el asesinato de dos jóvenes en San José en manos de menores de edad que los intentaron asaltar. También se reporta a diario el juicio por la violación y el ataque letal contra una doctora dentro del hotel donde se hospedaba en Manuel Antonio, un pueblo pequeño y turístico del Pacífico, en uno de los variados crímenes contra mujeres que han encendido las alertas sobre el peligro especial para las mujeres.

La reacción no se ha hecho esperar en la población. Un 65% considera que su país es “poco o nada seguro”, pero la brecha es notable al comparar el grupo de mujeres con el de hombres: 72% ellas y 57 ellos, reporta una encuesta publicada el jueves por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 44% del total dijo que considera alta o muy alta la posibilidad de ser atacado con arma fuera de su casa, sobre todo en el segmento femenino. Se sienten más propensas a sufrir un ataque criminal, como ha ocurrido en los últimos años a extranjeras en zonas costeras, un factor de especial preocupación para la icónica industria turística del país que se vende con su lema “pura vida”.

El 74% de las encuestadas femeninas evita salir sin compañía de noche y el 46% trata de no hacerlo incluso durante el día. “Puede que no me pase nada, pero yo siento que en cualquier momento me pasa y no puede una volver tranquila a la casa”, se quejó Daniela Campos, de 19 años, que trata de no matricular en horario nocturno sus cursos de inglés para evitar riesgos o el costo económico de pagar taxi para no caminar tarde en el centro de San José. “Mi hermana es 10 años mayor y sí matriculaba en la noche, pero ahora las cosas son diferentes”, lamenta.

Los recursos policiales no bastan. A pesar de que en Costa Rica la mayoría de la población sigue confiando en la Fuerza Pública, la mayoría encuestada duda de las capacidades, como duda también de la eficacia del Poder Judicial de procesar a los criminales. Los hogares y negocios invierten ahora más en sistemas de protección, pero la inclinación por poseer armas es aún minoritaria: 88% dice que carece de ellas y un porcentaje igual opina que más bien son un factor de peligro en casos de violencia doméstica. “Sigue habiendo un respaldo por el papel del Estado y una disposición a trabajar desde el espacio comunal de manera articulada”, destacó Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad en la oficina de PNUD en San José. Un sector de la población sí expresa apoyo por opciones de mano dura, como el 40% que apoyaría la pena de muerte, según otra encuesta publicada semanas atrás por un instituto de la Universidad Nacional.

El problema es más complejo, pues está vinculado al deterioro del tejido social y a las brechas de riqueza, advierten los expertos. El Estado ha perdido peso en ciertas regiones del país donde el narcotráfico ha penetrado ya, mientras la situación económica empuja a muchos jóvenes a delinquir y deja al Gobierno con capacidad financiera reducida para invertir en políticas de seguridad y sociales. Una de las propuestas del Gobierno de Chaves es la legalización de la marihuana para el libre consumo, como una manera de reducir el lucro de grupos criminales y de dirigir esfuerzos policiales a otras tareas de mayor calado, justificó el mandatario cuando anunció su propuesta de ley, la cual apenas empiezan a estudiar los diputados. También pretende endurecer los controles en los puertos de exportación en el Caribe, pues son un punto de salida clave para el negocio instalado en el país de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos o Europa, pues las bandas aprovechan la estratégica posición geográfica costarricense.

Pese a la preocupación popular por la inseguridad, esta aparece en cuarto lugar en la lista de problemas del país señalada por los encuestados, superada por la situación económica (23% de pobreza como promedio nacional), el costo de la vida (pérdida de 7% del poder adquisitivo) y el desempleo (12%), asuntos que para los especialistas ayudan a explicar parte del deterioro de la seguridad.

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