Los familiares de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, en huelga de hambre, temen por su vida

Desde la penumbra y confinamiento solitario en la que la mantienen desde hace más de un año, la exguerrillera sandinista Dora María Téllez se ha declarado en huelga de hambre. Le exige a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el cese del aislamiento y que le permitan material de lectura, según sus familiares. La mítica comandante sufre 468 días de mala alimentación en la mazmorra de El Chipote. Está muy delgada y traslúcida por la falta de sol. Aún así, ella mantiene la resiliencia y la determinación con ejercicios diarios en la celda.

Sin embargo, este régimen carcelario que viola las Normas Nelson Mandela “pone gravemente en riesgo su salud y hasta su vida”, denuncian sus familiares. “Tomando en cuenta el desprecio que la dictadura mostró por la vida de Hugo Torres, muerto en prisión, y la de otros presos políticos cuyas enfermedades crónicas no son atendidas debidamente, tenemos motivos para temer por la vida de Dora María”, insistieron. “Demandamos el cese inmediato de la situación de tortura a la que están sometidas todas las personas presas políticas y en particular a Dora María, que con su firmeza característica demanda el respeto a sus derechos aun en las condiciones en que se encuentra”.

Junto a Téllez, otros dos presos políticos se han declarado en huelga de hambre: el cronista deportivo Miguel Mendoza y el abogado Róger Reyes. Lo que ambos exigen es que el régimen Ortega-Murillo les permita ver a sus hijas. El periodista lleva más de 457 días sin poder ver y abrazar a su pequeña hija Alejandra, de ocho años, quien sufre la ausencia de su padre, declarado culpable en un juicio político por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”.

“Hola papi, he grabado videos, he realizado dibujos con la esperanza de que alguien te los pueda mostrar. Mi corazón sufre mucho, porque tengo más de un año de no verte. Te amo”, son las líneas que Alejandra ha escrito para su padre, pero que los guardas de El Chipote no le han permitido leer.

“Pese a ser un hombre fuerte y de estado emocional increíble, los que lo conocemos sabemos leer en el brillo de sus ojos la angustia que le ha provocado saber lo mal que la está pasando su hija”, denuncia la familia de Mendoza. “Miguel es un paciente crónico y ha perdido más de 30 libras. Por lo que esta medida pone en riesgo su salud y vida”, agregó la familia.

“Una llamada urgente para Suyen”

El régimen carcelario al que están sometidos los presos políticos en El Chipote se caracteriza por visitas esporádicas y cortas de los familiares. Los pedidos humanitarios de los reos y sus familiares se estrellan con la intransigencia de la pareja presidencial, que los considera “delincuentes golpistas”. Es poco lo que ha cedido el régimen ante las súplicas. La presentación de todos ellos a finales de agosto, tras más de un año de encierro total, se dio por la presión de las denuncias de alimentación deficiente y malos tratos. Al ser exhibidos, casi todos presentaban signos de desnutrición y abatimiento.

Una de las presas políticas más golpeadas por la pérdida de peso fue Suyen Barahona, presidenta de Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una agrupación política disidente del FSLN y fundada por Dora María Téllez y otros guerrilleros históricos, que ha sido perseguida sin descanso por el orteguismo. Este 22 de septiembre los familiares de Barahona pidieron “una llamada urgente para Suyen”. Es decir, un pedido básico: que la presa política pueda hablar telefónicamente con su hijo de cinco años.

“Desde hace más de 15 meses, mi esposa Suyen Barahona no ha tenido contacto con su hijo de cinco años. El niño se encuentra fuera de Nicaragua desde que su madre fue encarcelada. Por esa razón nosotros, sus familiares, nos unimos para demandar al Gobierno de Nicaragua y a las autoridades que el niño pueda comunicarse con su mamá, ya que se trata de un derecho fundamental de ambos”, dijo César Dubois a EL PAÍS.

Por ahora, el Gobierno sandinista no responde a los pedidos de sus familiares y presos políticos. En cambio, la pareja presidencial ha aumentado la represión en las últimas semanas: han apresado a más líderes territoriales de Unamos, obligado al exilio a más de media docena de sacerdotes y más monjas, prohibido procesiones católicas y desoído todos los llamados al diálogo hechos por la comunidad internacional, empezando por el Vaticano, Estados Unidos y el Gobierno del colombiano Gustavo Petro, cuyo acercamiento con Managua encalló.

Álvaro Leyva, canciller colombiano sostuvo que las cosas de orden público “no se pueden tratar a las patadas”, como lo ha venido haciendo Ortega y Murillo. “Tampoco metiendo a los amigos en la cárcel, ni acabando con las asociaciones nacionales defensoras de derechos humanos. Esto ha sido una barbaridad”, lamentó.

En el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Marcela Escobari, administradora asistente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), dijo que las condiciones y el abuso físico y psicológico que son sometidos los presos políticos es una alarma para ellos. “La ausencia de atención médica, de alimentos, de no permitir las visitas de familiares o defensa legal, constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante hacia el derecho internacional”, alertó.

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