Los esposos trans peruanos Sebastián Marallano y Rodrigo Ventocilla viajaron por su luna de miel a Indonesia el 6 de agosto en vuelos distintos. Cuando la policía vio la diferencia entre la identidad de género de Rodrigo y los datos de su documento de identidad empezaron los problemas, aseguran sus abogados y familiares. Lo detuvieron en el aeropuerto al hallar en su equipaje dulces y pastillas con cannabis. Según su pareja, cuando lo intentó ayudar, los agentes los maltrataron física y psicológicamente, los mantuvieron incomunicados, y les hicieron ingerir las pastillas. Al sufrir una descompensación y vómitos fueron llevados a un hospital. Rodrigo, economista de 34 años, murió en el centro médico cinco días después.

Los abogados de los familiares de la pareja han denunciado este lunes por tortura a funcionarios indonesios y al cónsul de Perú en Indonesia. Aseguran que la policía del aeropuerto actuó por transfobia contra ellos. Ventocilla era un líder de la comunidad transgénero en Perú y había fundado la asociación Diversidades Trans Masculinas en Lima. Ambos se casaron a finales de mayo en Chile, acompañados por algunos familiares, ante la inexistencia en Perú del matrimonio civil para personas de género no binario.

Ventocilla estudiaba una maestría en la escuela de gestión pública de la Universidad de Harvard (en Cambridge, EE UU) y había terminado una pasantía en una ONG de Johannesburgo sobre equidad de género e inclusión social. Según el portavoz Luzmo Henríquez, el comportamiento prejuicioso y discriminatorio de la policía indonesia empezó cuando vieron que los datos oficiales del documento del economista no correspondían con su identidad de género, y a partir de allí se produjo la detención y el registro de sus pertenencias. “Rodrigo fue detenido por su expresión de género en el aeropuerto de Denpasar, al registrar su maleta se encontraron restos de cannabis y medicamentos para su salud mental”, informó este martes el equipo que acompaña a la familia en la búsqueda de justicia.

De acuerdo a un comunicado de la Embajada de Indonesia en Perú difundido este martes, la detención se produjo porque llevaba 230 gramos de cannabis en brownies, gomitas y pastillas . “Según la ley indonesia, todas las personas tienen prohibido poseer o consumir estupefacientes de clase I (marihuana) para cualquier fin”, refiere el documento hecho público un día después de que los abogados Brenda Álvarez y Julio Arbizu presentaran la denuncia por tortura ante el Ministerio Público en Lima.

Los portavoces de las víctimas sostienen que tras la detención del economista, Marallano acudió a ayudarlo y fue secuestrado por la policía de la dirección de investigación de drogas pese a que no había ningún cargo en su contra. Las versiones de lo que siguió difieren según las partes. Los parientes que estuvieron en comunicación con la pareja y sus abogados aseguran que los policías les pidieron primero 13.000 dólares y luego 100.000 a cada uno para liberarlos, y que después los dejaron incomunicados durante un día en custodia policial.

Allí, sostienen, sufrieron “vejámenes físicos y psicológicos, y fueron empujados a ingerir las pastillas por las que fueron detenidos”, indica el pronunciamiento que el equipo de protección de las familias ha compartido este martes. El 9 de agosto los familiares recibieron la información de que ambos habían sufrido una descompensación y que Rodrigo había sido internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Posteriormente fue trasladado a otro centro sanitario donde falleció el 11 de agosto.

El cónsul peruano llegó al hospital un día después de la muerte. La primera versión de la Cancillería peruana, en un comunicado del 24 de agosto, dice que la detención “no habría correspondido a actos de discriminación racial y transfobia” sino a que en las pertenencias de uno de los ciudadanos, la aduana del aeropuerto encontró “además de las pastillas con su respectiva prescripción médica, objetos que contenían restos de cannabis, así como diversos productos elaborados con dicha sustancia”. El Ministerio sostuvo además que la sección consular actuó con “debida diligencia”.

Distintas versiones

Sin embargo, la embajada de Indonesia en Lima alega que no hubo arresto a Marallano y que se le permitió acompañar a su pareja “por consideraciones humanitarias ya que Rodrigo presentaba problemas de salud mental”. La legación indonesia sostiene que el 8 de agosto llevaron a los esposos a recibir primeros auxilios en el hospital Bhayangkara debido a que ambos vomitaban, y que de acuerdo al diagnóstico se debía a la ingesta de medicamentos y marihuana. Además, añade que la muerte de Rodrigo, según el parte médico, se debió a una “insuficiencia orgánica múltiple” causada por intoxicación. Según esta versión, “decidieron consumir una sobredosis de pastillas por invitación de Ventocilla hasta que finalmente vomitaron”.

Las familias piden a la Fiscalía que investigue también por tortura al cónsul de Perú en Indonesia, Julio Tenorio, debido a que no prestó auxilio pese a que dos familiares lo contactaron tan pronto la pareja pudo comunicar su detención y cuando supieron que estaban siendo extorsionados por la policía para liberarlos, explicó la abogada Alvarez. Según Arbizu, el funcionario peruano tendría responsabilidad de la comisión del delito por omisión.

Álvarez explicó a EL PAÍS que Tenorio respondió el 7 de agosto a una familiar que él estaba en Jakarta, solo viajó a Bali el 12 de agosto, al día siguiente de la muerte de Rodrigo. Los denunciantes y el Gobierno de Indonesia también difieren respecto de la falta de necropsia. El 23 de agosto los portavoces de la familia reportaron que las autoridades de Indonesia no permitieron realizar “una necropsia independiente”, mientras la Embajada de dicho país en Perú da cuenta de una declaración por escrito —de un representante de la familia de Ventocilla— con la negativa para realizar la autopsia. Los familiares y abogados de las víctimas exigen a la Fiscalía una necropsia tan pronto lleguen los restos a Lima, y este miércoles realizarán un plantón en la sede principal del Ministerio Público para exigir justicia.

Marallano pudo retornar a Lima gracias a las gestiones de su hermana, que viajó a Indonesia después de que pequeños colectivos de la comunidad LGTBI organizaran actividades para pagar los pasajes aéreos. Antes de iniciar sus estudios de posgrado, Ventocilla trabajó en el Ministerio de Educación como asesor de la dirección de las escuelas públicas del Bicentenario —donde estudian los escolares más destacados del país— y fue funcionario en el Ministerio de Economía de Perú.

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