El juez se inclina por la publicación parcial del atestado que justificó el registro a Trump
El Departamento de Justicia podrá vetar las partes más confidenciales de ese afidávit
En teoría, los medios de comunicación han logrado una victoria contra el Departamento de Justicia. En la práctica, no está tan claro. Varios periódicos y cadenas de televisión solicitaron al juez de Florida que lleva el caso que publicase el atestado o afidávit que justificó el registro de Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump, por considerarlo de interés público. La fiscalía se opuso alegando que perjudicaría la investigación. El juez ha decidido que se publique, pero que se oculten las partes más confidenciales, en una resolución algo salomónica. Habrá que esperar al menos una semana para ver cuántos tachones acaba teniendo el documento y qué información aporta.
Adelantándose a esta posibilidad, el Departamento de Justicia, dependiente del fiscal general, ya había dicho que si se censuraban la partes confidenciales, el documento sería incomprensible y sin sentido, así que también se oponía a ello. “Las omisiones necesarias para mitigar los daños a la integridad de la investigación serían tan extensas que harían que el texto restante no tuviera contenido significativo”, dijo esta semana en un escrito presentado en el juzgado. Aun así, solicitó al juez que, en caso de que permitiera la publicación parcial del atestado, le dejara sugerir qué fragmentos proteger.
Ahora el Departamento de Justicia tiene el encargo de proponer, antes del mediodía del próximo jueves, qué partes se ocultan. Hay un doble riesgo. De un lado, que se publiquen aspectos que comprometan la investigación y la cooperación de los testigos. De otro, que efectivamente lo que se haga público al final sea tan irrelevante que dé la sensación de que no había justificación para el registro. Una vez que el juez tenga la propuesta, tomará su decisión, pero ya ha adelantado que se inclina por la publicación parcial del documento. Podría haber un forcejeo legal si considera que el Departamento de Justicia ha censurado en exceso.
Donald Trump sí ha pedido que se publique el afidávit, en una coincidencia con los medios que no es muy frecuente. Cuanta más información tenga sobre la investigación para preparar su defensa, mejor para él. Y su cálculo es que no se van a desvelar los asuntos de “alto secreto” que podrían hacer pensar a la opinión pública que la actuación estaba justificada. Tiene poco que perder.
En su red social, Trump tuiteó esta semana: “No hay manera de justificar la incursión no anunciada en Mar-a-Lago, la casa del 45º presidente de los Estados Unidos (...) por un gran número de agentes del FBI armados, y el Departamento de ‘Justicia’, pero, en aras de la TRANSPARENCIA, pido la publicación inmediata del afidávit completo sin partes ocultas relativo a esta horrible e impactante irrupción. Además, el juez de este caso debería abstenerse”.
Tanto la Fiscalía como Trump estuvieron de acuerdo en que se publicase la orden de registro con sus anexos y el inventario de bienes incautados por los agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Eso permitió saber que a Trump se le investiga al menos por tres posibles delitos penados con multas y/o elevadas penas de cárcel y también que en el registro se hallaron numerosos documentos clasificados como “alto secreto”. En un nuevo requiebro, Trump alegó el viernes que había desclasificado esos documentos, aunque no hay ningún rastro documental de ello.
Lo que no se publicó fue el atestado o afidávit en el que la Fiscalía argumenta que había indicios suficientes de delito como para proceder al registro de la casa de un expresidente, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. “El Gobierno tiene un interés imperioso y primordial en preservar la integridad de una investigación criminal en curso”, argumentó ante el juez. Esos atestados no se publican habitualmente.
El atestado “contiene, entre otros hechos de la investigación críticamente importantes y detallados: información altamente sensible sobre los testigos, incluidos los testigos entrevistados por el Gobierno, técnicas de investigación específicas e información que la ley exige que se mantenga en secreto”, alegó. “La divulgación del afidávit del Gobierno en esta etapa también podría enfriar la futura cooperación de los testigos cuya asistencia puede ser solicitada a medida que avanza esta investigación, así como en otras investigaciones de alto perfil”, añadía.
El juez, Bruce E. Reinhart, sin embargo, se inclina porque se publique todo lo que no sea confidencial. Si lo que queda es o no de interés público, relevante y significativo no le corresponde a él decirlo, ha explicado en la vista celebrada este jueves en el juzgado del Sur de Florida del que es titular.
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