Prohibir la expedición de visados a los rusos: una sanción no exenta de coste

Si bien la respuesta de la Unión Europea (UE) ante la agresión rusa a Ucrania ha consistido en un duro paquete de sanciones desplegado con excepcional rapidez, persiste la percepción de que la reacción europea no está siendo suficientemente severa. La primera ministra finesa, así como líderes bálticos, propugnan completar el paquete de sanciones con la prohibición de expedición de visados Schengen a ciudadanos rusos. Se llama la atención sobre el hecho de que visitar Europa no constituye un derecho, sino un privilegio, al tiempo que se arguye que resulta contradictorio que los países de la UE mantengamos el acceso de ciudadanos rusos a nuestro territorio mientras restringimos nuestras relaciones económicas con Rusia en respuesta a su comportamiento en Ucrania. No es de extrañar que se baraje esta idea: ciertos socios comunitarios como Bulgaria o Chequia ya han dejado de expedir visados a ciudadanos rusos, con lo cual lo que ahora se propone es la adopción de la medida a nivel europeo.

Sin embargo, una prohibición de visados aplicable a la totalidad de la población rusa podría tener efectos perniciosos a varios niveles. Para empezar, la política europea de sanciones ha consistido, desde hace décadas, en identificar con nombres y apellidos a individuos responsables de las acciones que se reprueban. La costosa confección de las llamadas listas negras se basa en la idea de que las sanciones son impuestas por la UE para afectar a quienes toman decisiones contrarias a sus valores sin penalizar al resto de la población. Prohibir la expedición de visados a la población en general ignora la línea divisoria entre responsables y no responsables, penalizando al ciudadano medio. Es más: adoptando una prohibición de visados de aplicabilidad general, neutralizaremos nuestras propias listas negras, destinadas a señalar a quienes habían violado normas internacionales. Es decir, lejos de ser una medida más, aparentemente de escaso coste en comparación a restricciones económicas, marcaría un giro en la política europea en materia de sanciones.

Esto nos lleva a considerar posibles efectos sobre la población rusa. De entrada, será interpretado como un gesto de hostilidad hacia el país y sus habitantes, en lugar de una reprobación a sus mandatarios. El hecho de que lo que se retire no sea más que un privilegio, apenas lo hace más digerible para quienes habían podido optar a disfrutarlo hasta la fecha. Por otro lado, el hecho de que los ciudadanos rusos tuvieran oportunidad de visitar la UE les brindaba la oportunidad de conocer la guerra en Ucrania a través de los medios libres occidentales, una opción de la cual carecen en su hogar. Además, podrían comprobar por sí mismos que las sanciones no están motivadas por un antagonismo albergado por Occidente contra su país, como pretenden hacerles creer los medios estatales, sino por las acciones de sus autoridades en Ucrania.

Por último, conviene pensar en nuestra propia situación. Cualquier obstáculo a la afluencia de turismo internacional corre el riesgo de no gustar al sector, que aún está recuperándose del parón motivado por la pandemia. Aunque nuestra opinión pública, muy solidaria con los ucranios, sea favorable al mantenimiento de las sanciones, da muestras de escasa paciencia a la hora de enfrentarse a los gastos que entraña para la sociedad que las impone.

En definitiva, prohibir la expedición de visados es susceptible de añadir poco al paquete de sanciones existentes, al tiempo que produce costes superiores a los esperados.

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