Víctimas y ONG apelan a la justicia internacional dos años después de la explosión del puerto de Beirut

Líbano se hunde en la espiral de un Estado fallido sin ofrecer reparación a las víctimas de la explosión que hace dos años pulverizó el puerto de Beirut y devastó casi la mitad de la ciudad, en una de las mayores detonaciones no nucleares conocidas. “El Gobierno se ampara en la impunidad y bloquea la investigación judicial”, clamaba el miércoles por videoconferencia desde la capital libanesa la abogada Tania Daou, que perdió a su marido cuando la acompañaba a una consulta médica en la tarde del 4 de agosto de 2020. Los cristales proyectados por la onda expansiva le seccionaron la garganta.

”La justicia libanesa lleva ya más de dos años de retraso frente a las reclamaciones de las víctimas y sus familias. Es necesario que intervenga la justicia internacional”, lamentaba esta superviviente de la tragedia en una comparecencia digital organizada por Human Rights Watch (HRW). Esta ONG, junto con Amnistía Internacional y otras tres organizaciones humanitarias apelaron también el miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que emprenda “sin retrasos” una investigación independiente.

La explosión, que arrasó el puerto de Beirut y los barrios colindantes con un saldo de más de 200 muertos y 6.500 heridos, causó además 5.000 millones de euros en daños materiales. Los restos de los silos portuarios se desmoronaban a comienzos de esta semana a causa de un incendio, en un símbolo más de la incuria que planea sobre la catástrofe.

Las indagaciones judiciales abiertas en Líbano se hallan en punto muerto desde 2021, cuando el magistrado Tarik Biktar citó a declarar a altos cargos de la Administración. El bloqueo impuesto desde instancias políticas, al amparo de la inmunidad oficial obtenida mediante recusaciones, ha impedido hasta ahora que ningún responsable público haya sido investigado.

La explosión se produjo en un almacén de nitrato de amonio, sustancia utilizada en fertilizantes y explosivos. La onda expansiva golpeó a más de 75.000 viviendas y desplazó de sus hogares a 300.000 beirutíes. Su eco llegó hasta la isla de Chipre, a unos 200 kilómetros. El nitrato de amonio había sido traído hasta el puerto de Beirut en 2013 a bordo de un barco con bandera moldava, que descargó más de 2.700 toneladas. En el momento de la descomunal deflagración se estima que estaban almacenadas unas 550 toneladas, sin que hasta ahora se sepa quién fue el importador y dónde fue a parar el resto de la carga.

”Nadie ha sido acusado y la investigación interna se ha estancado”, advierte a su vez Aya Mazjub, investigadora de HRW en Beirut. “Una coalición de organizaciones de derechos humanos y supervivientes de la explosión recurre ahora a la comunidad internacional en busca de justicia”, enfatizó. Francia, que fue metrópoli colonial de Líbano, no ha favorecido la vía de una investigación por el Consejo de Derechos Humanos, sostuvo Mazjub durante un debate vía Zoom.

Desde Ginebra, sede europea de los órganos de Naciones Unidas, expertos independientes adscritos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU llamaban también el miércoles a aplicar la justicia internacional. “Es una de las mayores tragedias de la historia reciente y, sin embargo, el mundo no ha hecho nada para averiguar sus causas”, coincidieron tres relatores oficiales en un comunicado citado por France Presse. Los expertos en materia de derechos humanos reclaman desde hace dos años que el Gobierno de Líbano y la comunidad internacional respondan a las peticiones de justicia y reparación de supervivientes y familiares de víctimas de la explosión del puerto de Beirut, que atribuyen a “una gobernanza negligente y a la corrupción generalizada”.

”Sigo respirando, pero estoy muerta por dentro”, reconocía Mireille Jury, cuyo hijo de 15 años murió en la catástrofe beirutí. “Tengo derecho a saber por qué perdí a mi hijo y quién fue el responsable. Hasta ahora, Líbano y el resto del mundo nos han fallado”, lamentaba, en el mismo escrito presentado ante la prensa internacional por ONG internacionales y libanesas. “Es vital que se imparta justicia, no solo para las víctimas, los supervivientes y sus familias, sino también para Líbano, que no puede seguir sosteniéndose sobre unos cimientos tan endebles”, abundaba Antonia Mulvey, directora de la ONG Acción Legal Global, en el mismo comunicado conjunto.

El papa Francisco, que se vio obligado a suspender en junio un viaje a Líbano por razones de salud (y ante la inestabilidad del país), recordaba este miércoles desde el Vaticano que “la verdad nunca debe ocultarse” en casos como el de la explosión de Beirut. Líbano sigue siendo la nación de Oriente Próximo con mayor porcentaje de cristianos, con un 40% de su población adscrita a distintos ritos del cristianismo.

Sin Gobierno estable desde hace tres años

Sin Gobierno estable, el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido de que no ejecutará los programas de ayuda aprobados para rescatar a la economía libanesa, sumida en la bancarrota desde hace más de tres años. Al frente del Ejecutivo intenta consolidarse el multimillonario suní Nayib Mikati, quien ya logró formar un Gabinete el pasado septiembre tras meses de caos. Mikati, que había ejercido como primer ministro en 2005 y de 2011 a 2014, encarna el modelo clientelar de reparto de poder que ha conducido a la ruina y el desgobierno al país del Levante mediterráneo. También es uno de los libaneses más ricos, tras vender en 2005 su compañía de telecomunicaciones por 4.650 millones de euros.

Hezbolá, el poderoso partido-milicia proiraní, y sus aliados chiíes y cristianos perdieron la mayoría en el Parlamento de Líbano en las elecciones del pasado mes de mayo. Los primeros comicios celebrados tras el estallido de la mayor crisis política y económica desde la guerra civil que desangró al país entre 1975 y 1990, reflejaron también el descontento social frente al sistema de reparto confesional del poder instaurado tras la contienda.

En los meses previos a la explosión, las protestas sociales contra una clase dirigente que solo busca perpetuar el statu quo ya agitaron las calles libanesas en una escala sin precedentes desde el conflicto civil. Dos años después de la explosión, Líbano continúa al borde del abismo de convertirse en un Estado fallido, con ocho de cada 10 ciudadanos arrojados por debajo del umbral de la pobreza severa y con la libra devaluada en más de un 90%.

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