La crisis económica y la oposición a Erdogan espolean el discurso contra los refugiados en Turquía

A principios de mayo, la policía turca irrumpió en un restaurante del centro de Ankara regentado y frecuentado por inmigrantes somalíes para desalojarlo y exigir que lo cerraran. “No somos racistas, pero hemos recibido muchas quejas”, se escucha decir al oficial de policía a cargo de la operación en un vídeo grabado por uno de los presentes y publicado luego por varios medios: “No sois solo vosotros. [La gente] no quiere a iraquíes, no quiere a sirios. Id y abrid [restaurantes] en Esertepe, en Uyanis, en Keçiören [barrios del extrarradio de la capital turca] o donde residáis, pero aquí no se os quiere”.

Turquía es el país que más refugiados acoge: 3,7 millones de sirios, más algunos cientos de miles de iraquíes y afganos, todos ellos protegidos por un estatus temporal. Si se le añaden los inmigrantes con permiso de residencia (1,4 millones) e incluso si se estiman en un millón el número de sin papeles ―Turquía es un país de paso para aquellos que quieren alcanzar territorio europeo―, los extranjeros en el país euroasiático suponen en torno a un 7% de la población (89 millones, incluidos los refugiados). Es decir, un nivel similar o ligeramente inferior al de otros países europeos.

Sin embargo, el hecho de que la población extranjera haya crecido rápidamente en los últimos años (hace una década suponía menos del 0,5% de la población) al calor de las crisis migratorias originadas por los conflictos en Oriente Próximo y en Afganistán, y la sensación de que la Unión Europea utiliza a Turquía como almacén de refugiados ―debido al pacto de 2016 para evitar que crucen a territorio comunitario— han creado malestar en la población local. Un malestar ahora espoleado por la cada vez más crítica situación económica en Turquía. Si en 2015 la mayoría de los turcos estaba a favor de la política de puertas abiertas del Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan y de acoger a refugiados, ahora más del 75% está en contra. “Y esto es transversal a los votantes de todos los partidos”, sostiene Berk Esen, politólogo del Centro de Estudios Aplicados sobre Turquía en Berlín. Algunos políticos se preparan para capitalizar este descontento.

Un documental que habla de invasión

Solo unos días antes de la redada en el restaurante somalí de Ankara, otro vídeo comenzó a hacer furor en las redes sociales en Turquía. En este caso se trataba de una obra de ficción titulada Invasión Silenciosa. Se sitúa en Estambul en un año 2043 en el que un joven turco únicamente puede optar, con suerte, a un puesto de limpiador de hospital, pese a su título de doctor, porque los árabes han copado todas las plazas. Está prohibido hablar en turco en su trabajo y las calles son cada vez más peligrosas. El vídeo, que superó los cuatro millones de visitas en Youtube en su primera semana, ha sido dirigido por la periodista Hande Karacasu ―que ahora se enfrenta a un proceso judicial por incitar al odio― y ha sido financiado por Ümit Özdag, un político expulsado del partido de derecha nacionalista IYI (el segundo mayor de la oposición), que es, a su vez, una escisión del ultraderechista MHP (actualmente aliado del Gobierno de Erdogan). Özdag fundó el pasado año su propio Partido de la Victoria (ZP, por sus siglas en turco), centrado en la cuestión migratoria, con la promesa de expulsar a todos los refugiados y discursos fuertemente racistas.

Özdag se guía por “unas líneas de política populista de extrema derecha, exagerando los problemas y ofreciendo soluciones simples aunque irrealizables, pero que, desde el punto de vista electoral, tienen sentido”, explica el politólogo Esen. Si bien en las encuestas de abril el ZP obtenía entre un 0,5% y 1,2% de intención de voto, en mayo ha dado un salto: muchos sondeos lo sitúan con entre el 2% y el 3%, e incluso un estudio lo eleva al 4,7%. Esen, con todo, duda de que sea capaz de mantener este apoyo en el año que falta hasta las elecciones presidenciales y legislativas ―o que sea capaz de salvar todos los obstáculos para presentarse a los comicios―, pero lo cierto es que ha conseguido introducirse en el debate nacional. Ayudado, también, por sus salidas de tono: la primera semana de mayo, Özdag retó al también ultranacionalista titular de Interior, Süleyman Soylu, a enfrentarse físicamente a las puertas del ministerio después de que este le llamase “inferior a un animal” e “hijo de Soros [en referencia al magnate y filántropo de origen húngaro George Soros]”.

Pero Özdag no es el único. Una de las promesas estrella de la coalición opositora formada por el partido centroizquierdista CHP y el derechista IYI es llegar a un acuerdo con el dictador Bachar el Asad y devolver a los sirios a su país en un plazo de dos a cinco años, y mientras tanto ir cancelando o reduciendo los programas de ayuda e integración actualmente en marcha (en su mayoría financiados por la UE). La Asociación Siria por la Dignidad de los Ciudadanos (SACD, en sus siglas inglesas) ha criticado estos llamamientos a expulsar a los refugiados de Turquía y de otros países de Europa y considera que todavía es “prematuro” para hablar de un retorno por la “falta de seguridad” de quienes regresan, que en muchos casos se enfrentan a la persecución de Damasco.

Construir viviendas en el norte de Siria

El Gobierno turco también ha endurecido su política para no quedarse atrás, y en los últimos meses se han multiplicado las redadas y expulsiones de extranjeros indocumentados. Erdogan ha prometido impulsar la construcción de viviendas en los territorios bajo control de Turquía en el norte de Siria para facilitar el “retorno voluntario” de un millón de refugiados, pero ha advertido de que no entregará ninguno “a los asesinos”, en referencia al régimen sirio. Una fuente de una organización internacional confirmó a este periódico que el Ejecutivo turco se ha puesto en contacto con ellos para poner en práctica este programa de retorno, sobre el que expresó dudas de que vaya a cumplirse.

“La política del Gobierno es incoherente. Por un lado, negocia con la Unión Europea cómo conseguir más dinero a cambio de mantener aquí a los refugiados; por otro, le dice al pueblo que los va a devolver a su país mientras garantiza a los empresarios que seguirán aquí y les servirán de mano de obra barata y sin derechos”, critica Üstün Reinart, portavoz de la asociación turca Puente de los Pueblos.

Muchos refugiados trabajan en talleres pequeños y medianos, en condiciones de explotación y por menos del salario mínimo, sin capacidad para exigir mejoras, bajo la amenaza de sus capataces de denunciarlos a las autoridades, expone Ali Özdemirel, abogado del Sindicato de Migrantes: “Por desgracia, en los últimos años hemos visto cómo las casas y los negocios de los inmigrantes eran apedreados. Muchos tienen miedo a salir de casa o temen enviar a sus hijos a las escuelas. Incluso cuando tienen razones legales, se ven imposibilitados a defender sus derechos por el miedo a ser deportados, cosa que puede ocurrirles sin que medie un juicio”.

La polarización política y lo reñidas que serán las próximas elecciones hacen prever que la cuestión migratoria seguirá en el debate, con postulados cada vez más demagógicos. “En Turquía hay serios problemas económicos y por ello la gente está tensa, infeliz y desesperanzada. Y por eso buscan un chivo expiatorio”, afirma Reinart, quien añade: “Construir una alternativa sobre la base de soluciones reales requiere mayor esfuerzo que señalar a los refugiados. Es un modo fácil y barato de conseguir votos para los políticos de oposición. El racismo ha pasado de ser algo de lo que avergonzarse a ser plenamente aceptado. Es algo que me asusta mucho, porque puede llevarnos a una situación de caos y violencia”.

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