Guatemala renueva mandato de su fiscal general, acusada de frenar investigaciones anticorrupción

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha renovado por cuatro años más a Consuelo Porras como fiscal general (2022-2026), una jurista que ha sido acusada de frenar las investigaciones contra la corrupción en el país durante sus primeros cuatro años al frente de la Fiscalía. En septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Porras en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos”. Pese a que con esta elección nada ha cambiado, para un sector del país preocupado por la cooptación de los poderes del Estado por distintos grupos de interés, esta decisión supone un nuevo revés para la justicia.

Durante una ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura de Ciudad de Guatemala, Giammattei ha dado a conocer su decisión. “Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”, ha indicado el mandatario, de acuerdo con el medio guatemalteco Prensa Libre. Todo el auditorio ha roto en aplausos ante el anuncio.

Juan Pappier, investigador en América de Human Rights Watch, una ONG que trabaja para preservar los derechos humanos en todo el mundo, considera que “esta decisión le da un tiro de gracia a la lucha contra la impunidad en Guatemala”. “Durante su primer mandato, Consuelo Porras se ha dedicado a frenar investigaciones por corrupción e impulsar causas espurias contra periodistas, fiscales y jueces. Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes de forma multilateral, la democracia y el Estado de derecho en Guatemala estarán en grave riesgo durante su nuevo mandato”, ha agregado.

En la línea de Pappier, el comunicado publicado en 2021 por el Departamento de Estado de EE UU argumentaba que la recién renovada fiscal general “ha obstruido investigaciones sobre casos de corrupción interfiriendo con las investigaciones criminales”. El patrón de conducta de Porras, de acuerdo con el comunicado, ha consistido en “ordenar a los fiscales del Ministerio Público ignorar casos con base en sus consideraciones políticas y socavar activamente investigaciones llevadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI)”.

El propio exfiscal anticorrupción que fue cabeza de FECI, Juan Francisco Sandoval, fue cesado del cargo el pasado julio, el mismo año en que Estados Unidos había condecorado al jurista por su labor. Entonces, Sandoval calificó su despido de “ilegal”, aseguró que fue ordenado por Porras y que había sido expulsado por una serie de investigaciones sobre el entorno cercano del presidente Giammattei. Esa misma noche se exilió por seguridad, primero a El Salvador y luego a Washington.

“Jamás toleraré acciones arbitrarias que socaven los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. Continuaré firme en mi compromiso de garantizar una justicia objetiva y no selectiva”, ha declarado Porras después del renombramiento. La fiscal también ha asegurado que la prioridad principal de su administración ha sido “la lucha contra la corrupción”, según AFP.

En un nuevo comunicado publicado en febrero de 2022, el Departamento de Estado de EE UU reiteraba su “profunda preocupación por el inaceptable tratamiento y abuso persistente de los actuales y antiguos fiscales independientes por parte del Ministerio Público”. “Bajo el liderazgo de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público utilizó allanamientos y arrestos basados en acusaciones selladas y filtró información de casos de manera selectiva con la aparente intención de señalar y castigar a los guatemaltecos que luchan contra la impunidad y promueven la transparencia y la rendición de cuentas”, continuaba el informe.

Porras fue nombrada para su primer mandato por Jimmy Morales, un expresidente cuyo mandato estuvo sobrevolado por escándalos de corrupción y por su cercanía con el núcleo duro del Ejército, que incluye a imputados por crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1960-1996), y que fue acusado por el excanciller Édgar Gutiérrez de abusar sexualmente de al menos diez empleadas de su Gobierno, en una denuncia que, según aseguró el denunciante, no prosperó por la protección del Congreso y el temor de las supuestas víctimas.

De acuerdo con los afectados, Porras ha perseguido desde su llegada a la Fiscalía a los disidentes con su gestión y la de Giammattei. Al menos siete juristas se han exiliado a Estados Unidos por miedo y amenazas: además de Sandoval, Thelma Aldana, predecesora de Porras en el puesto; la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar; el exfiscal de la FECI Andrei González; la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. La última en sumarse al grupo en el exilio ha sido la jueza Erika Aifán, que huyó también a Washington por amenazas de “redes políticas y criminales”.

La justicia en Guatemala se encuentra bajo asedio. Los que intentan ejercerla con independencia del poder son perseguidos, amenazados o, en el mejor de los casos, ven sus investigaciones obstruidas. La semana pasada, Miguel Ángel Gálvez, el magistrado que envió a juicio a nueve militares acusados de delitos contra la humanidad en el caso del Diario Militar, denunció que había recibido amenazas al conocerse su decisión. Solo un ejemplo más en un país donde la impunidad parece ley.

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