Gloria Porras: “Me preocupa cómo en Guatemala están utilizando las leyes para alcanzar objetivos aviesos”

La abogada Gloria Porras (60 años) debería haber sido juramentada este martes como miembro de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, el tribunal más alto del país, donde ha actuado como magistrada desde hace una década y el cual presidía desde el año pasado. Pero una impugnación a su nombramiento, de la que se enteró en el acto en el que debía ser nombrada en el Congreso, le impedirá ser investida en ese cargo. En entrevista telefónica con EL PAÍS, Porras denunció que es “una muestra más del acoso” del que ha sido objeto por haber desarrollado su trabajo con independencia.

No es la primera vez que Porras debe responder a procedimientos judiciales por haber tomado decisiones a favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción, como cuando votó para detener una reforma de ley que impulsaba una amnistía para los acusados de delitos de lesa humanidad; o cuando, junto a otros magistrados, pidió al Congreso excluir a los candidatos señalados de corrupción para ocupar cargos en órganos de justicia. De hecho, ha tenido 53 causas en su contra desde 2015. Finalmente, este martes quedó fuera de la nueva Corte de Constitucionalidad por un amparo provisional.

“No me sorprende pero siempre indigna”, ha asegurado Porras a EL PAÍS minutos después de la sesión de juramentación de los nuevos magistrados —otros dos miembros de la CC, un titular y una suplente, también fueron excluidos por impugnaciones, que ya se conocían antes de este martes—. Según explica, aunque le habían llegado noticias de que no le iban a dejar tomar posesión, no había recibido ninguna notificación oficial al respecto, por lo que decidió presentarse en el Congreso, donde leyeron la impugnación a su investidura. “Me preocupa el Estado de derecho y la forma en la que están utilizando las leyes para alcanzar objetivos aviesos, pero como abogada creo que no puedo decir que he perdido algo en esto. Yo hice mi esfuerzo de participar y me siento muy honrada de haber sido designada y ahora habrá que esperar cuál es el curso de las acciones legales”, ha dicho. Porras considera “absurdos” los cuestionamientos que han hecho a su nombramiento como magistrada por no ser docente de Universidad San Carlos (USC), el centro que la propuso, y porque la votación fue pública. “No creo que eso sea un motivo para un amparo provisional”, ha afirmado.

En una entrevista ofrecida la semana pasada a EL PAÍS a través de Zoom, la exmagistrada ya denunció el hostigamiento y la persecución a los que son sometidos los operadores de justicia del país, especialmente los que luchan contra la corrupción, una situación que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir medidas cautelares para proteger a Porras y garantizar su independencia judicial. “Combatir la corrupción no es para mí un acto dedicado a una persona en particular. Es un acto necesario para que el Estado pueda funcionar”, dijo con tono pausado y firme. “Ese ha sido mi trabajo durante los últimos diez años y es lo que me ha llevado a una situación sumamente compleja”.

Porras ha tenido que hacer frente a más de medio centenar de denuncias y solicitudes para retirarle la inmunidad por fallos emitidos por la CC, el más alto tribunal del país, donde se resuelven procesos de todo tipo —penales, laborales, civiles o electorales— y cuyos fallos son inapelables. De ellos, tres están en trámite y dos ya llegaron al Congreso, que es el que tomará la decisión sobre los pedidos de retirarle la inmunidad.

En uno de esos casos, los miembros de la corte están acusados de abuso de autoridad por haber otorgado un amparo al exembajador de Suecia, Anders Kompass, después de que el expresidente Jimmy Morales intentara expulsarlo del país. El diplomático había ofrecido su apoyo público y económico a la CICIG, la misión de Naciones Unidas que, tras 12 años luchando contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, tuvo que salir por orden de ese Gobierno. A los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se les acusó de “invadir” las facultades en materia de política exterior del presidente, algo que Porras rechaza. Y tacha la decisión de abrir un proceso en su contra por ese caso de “arbitraria” y carente de lógica.

“Si la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, entonces ¿qué hacen ahora órganos inferiores cuestionando mi decisión?”, se preguntó Porras durante la entrevista. “Constantemente hay una amenaza de que si no les gusta la decisión me van a plantear un antejuicio y me van a mantener en un acoso constante que violenta de manera irrespetuosa la independencia que por mandato constitucional yo tengo en el ejercicio del cargo”, afirmó.

La magistrada habló con este diario el 8 de abril para dar a conocer lo que sucede en la Corte de Constitucionalidad, donde, según su denuncia, los jueces han sido víctimas de persecución a través de mecanismos legales, un “acoso” al que atribuye los problemas de salud de uno de los miembros, que tuvo que dejar la CC el año pasado. “Si no se pone un alto a esta forma de persecución, de violentar la independencia de los magistrados de la Corte, yo sí considero que hay un quebrantamiento del Estado de derecho”, alertó.

Estos son algunos extractos de la entrevista (editados por motivos de extensión) con la exmagistrada Gloria Porras:

Pregunta. En algunos de los casos por los que les han abierto procesos, como el de las “comisiones paralelas”, el Congreso ignoró la resolución de la Corte de Constitucional de excluir a candidatos señalados de corrupción para puestos en órganos de justicia. ¿Cómo se podría garantizar la integridad judicial?

Respuesta. Mi gran expectativa es la intervención del Ministerio Público, que en algún momento debe hacer alguna investigación de lo que ha pasado, no solo en el caso de comisiones de la selección de magistrados, sino también en la resolución que nosotros dictamos en el caso del procurador de Derechos Humanos, que no ha sido cumplida. Es también una resolución que la Corte Suprema de Justicia ignora y donde dice: “Sí, ustedes están diciendo... pero yo creo que no y de todos modos no voy a poder cumplir lo que ustedes me están ordenando”.

Este punto de desobediencia creo yo que está entrando muy fuerte en diferentes espacios y lo que yo advierto con esto es un quebrantamiento del Estado de derecho que es la mayor preocupación que tengo; porque ahora son mis decisiones, mañana serán la de otros magistrados. Pero un Estado de derecho se sostiene en el cumplimiento de la ley y en las decisiones de sus jueces y, por encima de las decisiones que adopta la Corte de Constitucionalidad, lo único que quedaría es acudir a la CIDH o a otros espacios de carácter internacional. Pero no deberíamos estar nosotros con esa preocupación, de que cada decisión que adoptemos pueda ser discutida, analizada y valorada por un órgano inferior porque eso resquebraja todo el ordenamiento constitucional que está establecido.

P. Iván Velázquez decía que el verdadero problema de Guatemala no eran enfrentamientos particulares, como el que tuvo la CICIG con el Gobierno de Jimmy Morales, sino la fractura del Estado de derecho. Usted dice que su país se encamina a ello. ¿Está ya roto el Estado de derecho?

R. Yo encuentro una seria dificultad ya al no cumplirse las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y en esta indebida persecución penal no solo en contra mía sino en contra de otros magistrados de la Corte y de otros funcionarios. [Hay] jueces y fiscales independientes que están atravesando la misma situación, jueces con órdenes de captura que van a regresar a sus cargos. Entonces creo yo que eso ya no pasa por una simple apreciación, sino que hay hechos claros públicamente que nos generan a todos esa sensación de preocupación y es lo que me hace a mí participar en un tercer periodo.

El compromiso es continuar todavía un tiempo más intentando hacer esta labor y también creo que el mensaje para otras personas que están viendo el tratamiento que le están dando. La motivación a jóvenes, a gente correcta para aspirar a ocupar estos cargos creo yo que es una obligación de mi parte, dejar sentada la dignidad del juez constitucional. Defender esa dignidad que tengo no solo como juez, como profesional sino como magistrada. Sí creo que los hechos son elocuentes.

P. ¿La salida de la CICIG dificultó su trabajo? ¿Hizo eso incrementar los ataques que los jueces han tenido que enfrentar?

R. Hay un hecho histórico con el que yo inicié y es los antejuicios antes y después de 2018. Ese año en el que sale la CICIG, las consecuencias para un embajador que habló a favor de la CICIG han sido muy complicadas. Entiendo que ninguno es perfecto y eventualmente hay algunos errores que se pudieron haber cometido pero no tengo la menor duda de que fue un ejercicio muy bueno para el país y que eventualmente hay que volver a pensar la forma en la que se puedan volver a abordar nuevamente esa clase de apoyos para que podamos continuar haciendo nuestra labor con el respaldo y el conocimiento de funcionarios como Iván Velázquez, que le dieron indudablemente un apoyo indiscutible al país. A las evaluaciones que se hagan de estos proyectos evidentemente corresponde desechar lo que no estuvo bien y afianzar lo que estuvo correctamente para que podamos seguir como país. Yo sí creo que necesitamos todavía un acompañamiento en estas áreas de investigación y de persecución penal.

P. ¿Hasta ahora se ha sentido respaldada por el Ministerio Público?

R. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento claro respecto de estas persecuciones penales. Yo esperaría que no pasen estos temas del Congreso. Pero si así fuera, será el espacio del Ministerio Público que tendrá que hacer un pronunciamiento muy claro y muy contundente, que ya lo ha hecho en otros momentos, de que por decisiones no se puede perseguir a jueces constitucionales. Yo, desde el punto de vista de mis decisiones, he tenido toda la tranquilidad respecto a la abrumadora la cantidad de juicios que se presentan. Porque se anuncian por los medios, se hace toda una presentación pública y pretenden intimidarme pero no creo que ese sea el mecanismo que va a afectar mi independencia. No le puedo negar que resulta incómodo porque eso no debe suceder en un Estado de derecho. Si eso sucediera en algún otro país, creo que serían otras las consecuencias y los procedimientos para poner las cosas en su lugar, pero estamos en Guatemala y estamos luchando para que las cosas sean diferentes. Si a mí me toca abrir brecha en el tema, aquí estoy y voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo.

P. Hay jueces y fiscales que han decidido exiliarse. La jueza Erika Aifán ha denunciado que le han sustraído expedientes sus propios colaboradores para retrasar procesos y la exjueza Claudia Escobar ha dicho que algunos compañeros no bebían agua en lugares públicos por temor a que los envenenaran. ¿Usted tiene miedo?

R. No tengo miedo porque si no no estuviera en la Corte y no me hubiera atrevido a participar con conocimiento de cómo funcionan las cosas en mi país. Pero no frecuento lugares públicos como medida de seguridad que me debo a mí misma y también trato de no exponer a ningún miembro de mi familia.

P. Frente a esta situación, los guatemaltecos protestan de dos maneras: en las calles, como las manifestaciones que provocaron la salida de Otto Pérez Molina o las del año pasado en el Congreso. O yéndose del país. Muchos migran porque no ven la esperanza de que las cosas cambien. ¿Qué mensaje les mandaría?

R. El mensaje que yo estoy dando con mi comportamiento y mi participación es que hay esperanza porque cuando ya no hay esperanza entonces las personas creo que pueden caer en estados emocionales muy fuertes. Yo tengo la convicción de que las cosas pueden cambiar, pero que todos podemos participar. El hecho mismo de estar haciendo esta entrevista que no suelo hacer porque no me gusta exponerme públicamente es como una manera de empezar a hablar desde mi propio espacio. Creo que todos tenemos derecho a hablar y a actuar, cada uno desde sus propias actividades. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo y creo que hay muchos actores a nivel nacional: desde la persona que tiene la mejor condición cuando dice: “Esto no está bien y lo voy a llevar a la Corte y espero que la Corte lo resuelva correctamente”. Sí debemos tener la esperanza de que las cosas pueden mejorar en Guatemala.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región