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La vigilancia de Naciones Unidas se apaga en Guatemala

La Cicig, la comisión que limpió las instituciones y la política del país centroamericano, sale por orden de Jimmy Morales tras 12 años de investigaciones

Clausura del acto organizado por la Cicig esta semana en Guatemala
Clausura del acto organizado por la Cicig esta semana en Guatemala AP

La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), creada por las Naciones Unidas para fortalecer el débil sistema de justicia guatemalteco, echó este miércoles el cierre a sus actividades en el país centroamericano tras 12 años de trabajo que tuvieron la virtud de despertar en la ciudadanía sentimiento de que es posible luchar contra las mafias y de que la justicia puede llegar a los grupos y personas que hasta ahora parecían intocables. Sin embargo, el humillante final que le reservó Guatemala a la Cicig tiene como principal protagonista al todavía presidente, Jimmy Morales, quien declaró non grato al comisionado Iván Velázquez, obvió lo acuerdos internacionales firmados por Guatemala y ordenó a todo el personal abandonar el territorio nacional en 24 horas.

El todavía mandatario guatemalteco —que será reemplazado en la presidencia por el conservador Alejandro Giammattei— desoyó incluso al Tribunal Constitucional, que le ordenó dar marcha atrás en su decisión. La chispa que detonó la ira del mandatario y causó su salida del país fue la investigación iniciada por la Cicig contra José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, acusados de estafar al fisco mediante la simulación de actividades que nunca se realizaron. Un caso del que han sido absueltos esta semana. Posteriormente, otra investigación de la fiscalía de la ONU alcanzó al propio Jimmy Morales por financiamiento electoral no reportado durante la campaña que lo llevó al poder.

Impartición de justicia más difícil

Los guatemaltecos enfrentan ahora la incertidumbre de su futuro inmediato, con los poderes fácticos y las mafias que se esconden tras el poder en plena recomposición tras el cambio de Gobierno en la presidencia y la salida de la Cicig del país. Jueces como Miguel Ángel Gálvez, titular del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, subraya en declaraciones a EL PAÍS que la impartición de justicia se hará, a partir de ahora, más cuesta arriba. Además, la vez que expresó temor por su seguridad personal y la de sus colegas. “A partir de ahora, la impartición de justicia será bastante más difícil. Espero que las autoridades actuales y los nuevos magistrados del Supremo y de las diferentes salas —que serán elegidas en los próximos días— busquen una alternativa para garantizar la vida y la tramitación de los procesos”, señaló, para añadir que su seguridad personal será más débil. “Por supuesto que sí. Definitivamente será más vulnerable”, concluye.

“Nos vienen momentos muy difíciles”, valora el abogado Frank La Rue, uno de los negociadores que solicitó a la ONU, en nombre del gobierno guatemalteco, el apoyo técnico para la creación de la Cicig. “Llegarán, en primer lugar, la regresión de los casos más emblemáticos, como la liberación de altos funcionarios y, peor todavía, el sentimiento, entre los cuerpos ilegales y el crimen organizado, de que la impunidad prevalece. Esto da un mensaje equivocado y me temo que viviremos un periodo de mucha delincuencia y mucha violencia”. La ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, coincide en la apreciación: “[Sin la Cicig] será un camino muy difícil”, añade, al tiempo que exhorta a los jueces y a la ciudadanía en general a involucrarse. “Confío en los fiscales, en los jueces y en los ciudadanos, para que tomen esas banderas y continúen caminando para el fortalecimiento del Estado de derecho”.

“Después de la Cicig, el mayor riesgo es la consolidación del proceso de restauración conservadora, pero también la oportunidad para que una ciudadanía, convencida de la importancia de la justicia independiente y de la lucha contra la impunidad, haga suyo el ejercicio de ese derechos y esa posibilidad”, completa la activista de Derechos Humanos Iduvina Hernández.

Una radiografía de la podredumbre

Los 12 años de actividad de la Cicig en Guatemala pueden resumirse como la perfecta radiografía de la podredumbre política que ha adueñado del país centroamericano en las últimas décadas. Arrojó luz sobre sus engranajes y puso en evidencia el origen de su creciente poder: el financiamiento de estas mafias, que tiene su máxima expresión en el apoyo a las campañas políticas, extremo que les permite manejar a su conveniencia los poderes político, judicial y legislativo.

El fin de la comisión deja, además, un legado de conciencia ciudadana algo “irreversible”, en palabras del fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, en referencia a los efectos negativos que deja la corrupción en la vida de los guatemaltecos y que coloca al país en los últimos puestos del continente en educación o desnutrición infantil. Derechos que la población empezará a reclamar cada vez con más fuerza, señaló el fiscal.

La forma abrupta con la que Morales canceló las investigaciones de la Cicig aboca también a Guatemala al descrédito internacional. “El país no se ve bien por la manera en que se dio por terminado el Acuerdo, y por las muestras de hostilidad de los sectores tradicionales enquistados en el Gobierno hacia una comisión internacional que hizo un esfuerzo tan grande por ayudarnos a construir un sistema de justicia eficaz”, explica Francisco Villagrán de León, exembajador de Guatemala en EE UU y en Naciones Unidas. Según el diplomático la salida de la Cicig “deja muchas interrogantes sobre el compromiso de Guatemala por establecer un verdadero Estado de derecho y sobre su fragilidad a la hora de cumplir los compromisos contraídos

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