“Guatemala vive un golpe de Estado técnico”

La decisión del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de no acatar la orden de la Corte Constitucional que le obliga a permitir el regreso del encargado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sumido al país centroamericano en un "golpe de Estado técnico" según Thelma Aldana, una de las juristas más prestigiosas del continente americano.

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La exfiscal, nacida en Gualán (departamento de Zacapa, centro-este) hace 61 años, considera que Guatemala está inmersa en una profunda crisis después de que el Ejecutivo descabezase la CICIG al impedir la vuelta a su puesto del comisionado colombiano, Iván Velásquez, a quien considera persona non grata. Con esta decisión, sostiene Aldana, Morales ha traspasado varias líneas rojas "que ponen en peligro la frágil democracia y retrotraen al país a los peores años del autoritarismo".

La jurista guatemalteca ve en la CICIG un modelo "exitoso" que ha logrado desmontar algunas de las corruptas estructuras políticas, militares y empresariales que operaban dentro del Estado. Y alerta también sobre la utilización de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno para amedrentar a los opositores tanto en las calles como en las ruedas de prensa. En los últimos meses, varios ministros han salido acompañados de uniformados en sus comparecencias. "Espero que no recurran a la represión, a pesar de la exhibición que están haciendo del Ejército", agrega.

En su etapa de cuatro años como fiscal general, que concluyó en mayo, Aldana lideró junto a Velásquez algunas de las investigaciones más importantes de las últimas décadas, con las que se logró sentar en el banquillo a decenas de personas que parecían intocables. Dentro este ramillete estaba, entre otros, los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015), encarcelado por el caso La Línea, y Álvaro Colom (2008-2012), implicado en el caso Transurbano. Durante su mandato también investigó el escándalo de financiación ilegal de la campaña del hoy presidente Morales, que tan nervioso ha puesto al mandatario.

La reacción del mandatario guatemalteco ha sido inequívoca: no renovar el acuerdo con la CICIG, que terminará el año que viene, y prohibir la entrada al país de su máximo responsable, Velásquez. "Estamos en un momento complicado. Hay una resolución del máximo tribunal que el presidente debería acatar de inmediato. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario y ha puesto un plazo a Naciones Unidas para que nombre un sustituto de Velásquez. Es una orden legal que debe acatar para poner fin a este Golpe de Estado técnico que vivimos", señala en entrevista telefónica con EL PAÍS.

La reacción del mandatario es, según Aldana, fruto del "conflicto de intereses" que enfrenta y de la investigación en su contra, aún en marcha y sobre la que el Congreso tendrá que decidir para retirarle la inmunidad. "Ni siquiera [el expresidente] Pérez Molina se atrevió a tanto. Él, al menos, renunció y se sometió a la justicia, pero esto va más lejos". Las sospechas de corrupción sobre Morales, han rodeado también a su entorno más cercano: su hijo y su hermano también fueron juzgados el año pasado por fraude fiscal. "El presidente ha entrado en la desobediencia y debe tener consecuencias penales", subraya Aldana.

Sin embargo, Morales, un antiguo humorista de televisión de 49 años que llegó al poder en 2016, considera que la CICIG e Iván Velásquez se han extralimitado en sus funciones y que su Gobierno se enfrenta a una conspiración izquierdista que pretende derrocarlo. "Quieren confundir planteándolo como un enfrentamiento entre derecha e izquierda pero esto es un enfrentamiento entre los corruptos y entre quienes deseamos acabar con la vieja política. Terminar con la CICIG es el resultado de un pacto entre corruptos que no deja que se avance en el trabajo que se está haciendo", apunta la ex fiscal general guatemalteca desde Nueva York.

En los últimos cinco años, la CICIG ha desarticulado más de sesenta grupos criminales -muchos de ellos, con vínculos con el propio Gobierno guatemalteco- y 680 personas han sido procesadas por corrupción y otros delitos relacionados. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido por la población y las encuestas revelan que un 70% de los guatemaltecos aprueba el trabajo de la CICIG y su permanencia en el país. En el lado opuesto, solo el 15% de los ciudadanos respaldan a Morales, que atraviesa su momento más bajo de popularidad desde su llegada al poder, hace más de dos años.

"Durante décadas, Guatemala ha funcionado por un esquema de impunidad y corrupción diseñada por la vieja política que está acomodada en su statu quo. Pero [ésta] debe desaparecer para dar paso a partidos transparentes que rescaten la incipiente democracia", defiende la exfiscal. Sobre la mano que mueve los hilos de esta crisis, Aldana apunta a "distintos poderes fácticos que se han fortalecido y actúan en conjunto contra la CICIG". La exfiscal se resiste sin embargo a citar al grupo de empresarios y de militares con oscuro pasado que impulsaron la candidatura de Morales y lo acompañan en el Ejecutivo: "No me atrevo a citarlos sin aportar pruebas".

Esta semana, el comisionado Velásquez y Thelma Aldana -considerada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la revista Time-, recibió el premio el Right Livelihood, conocido como Nobel alternativo y concedido por el Parlamento de Suecia "por su valiente liderazgo y compromiso por los derechos humanos". Con estas credenciales y su activo papel en esta crisis, muchos guatemaltecos ven en ella un nuevo rostro con posibilidades de llegar a la presidencia del país centroamericano. "Tengo deseos de participar en política porque me he dado cuenta de que es momento de que lo intentemos quienes queremos rescatar el país de los poderes fácticos que lo tienen secuestrado". Una puerta abierta para el futuro más próximo.