El legado antidemocrático de Jimmy Morales en Guatemala

Después de cuatro años, el humorista que asumió la presidencia de Guatemala en 2016 como un outsider de la política, deja su cargo con un legado de males que parece condensar lo peor de la tradición política que prometió combatir: un país con el índice de percepción de corrupción más alto de toda su historia, con los poderes Judicial y Legislativos aún más debilitados y sin credibilidad, con la mitad de su población infantil en situación de desnutrición, con el reposicionamiento de un poder militar vinculado a los hechos más sangrientos del pasado reciente y con un acuerdo de “tercer país seguro” firmado con el gobierno de Estados Unidos que se convierte en una herencia envenenada para la gestión que comienza.

Jimmy Morales Cabrera, de 50 años, llegó al poder tras ganar de manera abrumadora las elecciones generales de 2015. Dos factores incidieron en su triunfo: el hartazgo colectivo ante la corrupción que ha marcado el ejercicio del poder en Guatemala desde siempre, pero acentuada y debidamente documentada a partir del fin de las dictaduras militares en 1985, y el rechazo frontal a su contendiente, la ex primera dama Sandra Torres, ahora en prisión por el supuesto financiamiento ilícito en su campañas de 2015.

En ese contexto, el lema de Morales, “ni corrupto ni ladrón”, encandiló a la ciudadanía, que optó por elegir a un mediocre cómico de la televisión y sin ninguna experiencia política, con la esperanza de un cambio.

Cuatro años después, el desencanto es mayúsculo. Morales, según las últimas encuestas, se retira con un rechazo del 76% de sus gobernados, de acuerdo con una muestra de Pro Datos publicada por Prensa libre en agosto pasado. A nivel continental, solo el venezolano Nicolás Maduro cuenta con menos apoyo.

En el rosario de desaciertos de su mandato destacan la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG, patrocinada por la ONU), su continuo atropello a la legalidad —ha desobedecido reiteradamente sentencias del Constitucional y del Supremo— y, más recientemente, su aceptación de convertir a Guatemala en un ‘tercer país seguro’, bajo la presión de Donald Trump, en plena campaña por su reelección. Apenas el 24 de diciembre, cuando la población estaba distraída con las celebraciones de la Nochebuena, Morales hizo publicar en el Diario Oficial el convenio firmado con las autoridades estadounidenses, con lo que cobra plena vigencia. Todo bajo el más absoluto secretismo, al punto de provocar las quejas de su sucesor, Alejandro Giammattei, quien asumirá el mando el 14 de enero.

Morales se retira, además, con serios señalamientos por distintos tipos de delitos graves, de los que se ha librado merced al amancebamiento que mantiene con los poderes Legislativo y Judicial —aquí conocido como el Pacto de Corruptos—, así como del Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas. Estos dos últimos han actuado con una sospechosa lentitud, cuando no con una complicidad nada disimulada.

Entre otras faltas, está acusado de abusar sexualmente de por lo menos 10 empleadas del gobierno entre 2017 y 2018, según una denuncia pública del analista Edgar Gutiérrez, quien comenta que la demanda no prosperó tanto por la protección del Congreso, que se negó a despojarlo de la inmunidad, como por el miedo de las víctimas a perder su fuente de ingresos, amén del estigma social que enfrentarían en una sociedad ultraconservadora como la guatemalteca. “En todo caso, sé de una chica que tiene grabaciones de audio y vídeo que confirman su agresión por parte de Morales. Si se decide a hacerlos públicos cuando Jimmy abandone el poder, el caso podría reactivarse”, señaló Gutiérrez.

Políticamente, su gestión está marcada por la cercanía a los sectores más reaccionarios del Ejército, particularmente a un grupúsculo que maneja la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), algunos de ellos señalados por crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1960-1996), una de las más sanguinarias de América Latina. Necesitaban sacar a la CICIG que logró poner en prisión a sus últimos auténticos líderes, los generales Benedicto Lucas, el ‘Rambo’ de la guerra civil condenado por crímenes en contra de población campesina desarmada, y Otto Pérez Molina, defenestrado de la presidencia por señalamientos de corrupcipón documentados por el ente internacional, y lograron que Morales pusiera esa meta como su prioridad absoluta.

En Morales, estos militares encontraron al hombre ideal. A alguien que, amén de dar la cara por ellos, jamás puso la mas mínima resistencia a sus ‘instrucciones’. Algunos analistas consideran que no es que Jimmy se propusiera servir al Ejército, sino que los militares lo utilizaron desde el primer momento.

En el campo económico las cifras muestran síntomas de empeoramiento. “Si bien la economía guatemalteca ha alcanzado cierto crecimiento, este obedece más a factores externos que a políticas derivadas de una agenda de gobierno. Para 2019, el Banco Central de Guatemala prevé que el crecimiento será del 3,5%, mejor que el del año anterior, pero que responde al aumento en las divisas que envían los migrantes desde Estados Unidos, y el incremento de las exportaciones de maquila derivadas de la guerra económica con China”, dice el economista Erick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

El economista David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN, de tendencia liberal), coincide con este diagnóstico, aunque puntualiza que la falta de políticas económicas es algo que se remonta a décadas. “Hemos sido muy vegetativos en cuanto a nuestras políticas de crecimiento, en cuanto a los proyectos que puedan estimular la competitividad, con un presupuesto muy rígido y poca capacidad de ejecución”.

A las deficiencias estructurales se suma que, en los últimos cuatro años, Guatemala ha caído 20 puestos según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (Davos). La institucionalidad, el mercado laboral y la infraestructura del país están entre los rubros peor calificados. Al respecto, el analista Edgar Gutiérrez es contundente: “Del legado de Jimmy Morales no hay nada que rescatar. Sinceramente, he tratado de salvar algo y no lo encuentro ni con lupa”. En el mismo sentido, Paul Boteo, director general de la Fundación Libertad y Desarrollo que preside el empresario Dionisio Gutiérrez, detalla: “Internamente hemos sufrido un proceso de desaceleración, a lo que se suma una infraestructura totalmente colapsada, algo que afecta la competitividad y la operatividad de las empresas. Algo que incide en la masiva migración de los últimos años como síntoma del fracaso de la economía local”.

En el campo judicial “destaca el empeño del mandatario en destruir la institucionalidad del país, particularmente del sector justicia, y con ello debilitar el frágil Estado de derecho”, comenta por correo electrónico la ex fiscal general del Estado, Thelma Aldana, desde su autoexilo en Estados Unidos.

Con todo, la ‘herencia envenenada’ de Jimmy Morales a su sucesor es el pacto de ‘tercer país seguro’ con la administración de Donald Trump, acordado en el marco de total secretismo y que coloca a Guatemala como refugio para migrantes de terceros países que buscan su residencia en Estados Unidos. Es un proceso que puede durar meses o años, lapso durante el cual el país centroamericano estará obligado a brindar techo, alimentación y un trabajo dignos a migrantes, un derecho incapaz de garantizar a sus propios ciudadanos. “Guatemala ha firmado un acuerdo cuyos alcances se mantienen en secreto, está marcado por la opacidad. Algo inaudito, inaceptable. Algo que complicará la vida al futuro gobierno”, concluye Boteo.

Un país más corrupto y hambriento

De acuerdo a un estudio de Acción Ciudadana, bajo el mandato de Jimmy Morales Guatemala ha alcanzado el más alto nivel de percepción de la corrupción. El país centroamericano ha bajado ocho posiciones en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional y se ubica en la posición 144 de 180 países, la posición más baja de su historia. Solo es superada en el continente por Venezuela y Nicaragua.

Un informe del Ministerio de Salud Pública correspondiente al primer trimestre de este año recoge retrocesos en una de las llagas más dolorosas: la desnutrición infantil. Según el estudio, hasta el 30 de marzo se contabilizaron 2.893 casos de niños menores de 5 años con ese problema, 180 casos más que en 2018, cuando también hubo un retroceso respecto al año anterior. Son los casos críticos. En Guatemala la mitad de los niños padece desnutrición crónica, cifra que sube hasta 7,5 de cada 10 en las zonas campesinas de población mayoritariamente de origen maya.

En lo relativo a la violencia, solo en el primer semestre de 2019 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses registró 2,330 asesinatos. En 243 de ellos, las víctimas fueron mujeres. Aunque se registró un leve descenso (un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2018), Guatemala sigue siendo considerado como uno de los países más violentos de América Latina.