La UE exigirá a los países compartir el gas si Rusia corta el suministro
Moscú ya ha suspendido el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a aceptar sus exigencias en la forma de pago y amaga con hacer lo mismo con el resto de clientes europeos
![Dos trabajadores recibían el jueves aditivo líquido para el refinado de petróleo de un tren cisterna, al sur de Budapest (Hungría).](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/YIAOJUO5YNO2XC27KVA6ZZTLNM.jpg?auth=c850d1b6643175c6ef1bf80f4b3dc996f1380335c57f9cb75959f8fee6399c2c&width=414)
La Comisión Europea tiene previsto aprobar el 18 de mayo un plan de ahorro energético para hacer frente a una posible interrupción abrupta del suministro de gas ruso. Bruselas advierte de que en caso de emergencia las medidas afectarán a casi todos los socios de la UE porque los que disponen de otras fuentes de aprovisionamiento, como España, deberán compartir su gas con los países afectados por el corte del Kremlin. Y Bruselas exigirá también que el racionamiento de la energía, que comenzaría por el sector industrial, se aplique de forma que las empresas de un país con pleno suministro no tengan una ventaja competitiva sobre las de los países golpeados por Moscú. Para intentar evitar el racionamiento, varios socios de la Unión ya han empezado a adoptar medidas de contención del consumo, que abarcan desde un impulso al transporte público hasta la bajada del termostato en edificios, servicios públicos o piscinas. Pero el riesgo de una emergencia energética gana enteros por momentos.
Según fuentes comunitarias, Bruselas esgrimirá el reglamento de seguridad del suministro, en vigor desde 2017, para imponer medidas que garanticen la llegada de gas suficiente a los clientes protegidos (hogares y servicios sociales esenciales) de todos los países y que mitiguen las consecuencias económicas y sociales de una posible emergencia.
Cada país afectado, según el reglamento, puede declarar en el ámbito nacional el nivel de emergencia e introducir sus propias normas de racionamiento. Además, los países con problemas de suministro podrán invocar la cláusula de solidaridad prevista en el reglamento comunitario, lo que obligaría a sus vecinos a atender su demanda.
Pero a la Comisión Europea le compete declarar una emergencia de carácter regional (cuando afecta a varios países) o a escala de toda la Unión si la crisis de suministro es generalizada, un escenario que se considera como el más probable si el presidente ruso, Vladímir Putin, opta por cerrar del todo los gasoductos que fluyen hacia Europa en el actual contexto de enfrentamiento por la invasión rusa de Ucrania. Fuentes europeas pronostican que si el corte de gas ruso es total, las medidas de contención previstas en el reglamento deberán adoptarse en casi todos los socios de la UE. “En unos porque les afecte directamente el corte. Y en otros, porque estarán obligados a reducir el consumo industrial para ayudar a los vecinos”, avisan estas fuentes.
Bruselas será la encargada de verificar que la cláusula de solidaridad se aplica correctamente y que ningún país incumple sus obligaciones de apoyo al resto de socios comunitarios. Fuentes comunitarias apuntan que, en caso de problemas de suministro, las primeras medidas serían voluntarias y estarían encaminadas a una reducción del consumo en el sector industrial.
Pero añaden que en caso de emergencia, los Estados tendrán que imponer racionamiento o cancelación del suministro tanto para cubrir la demanda de sus propios clientes esenciales como para ayudar a otros países a que cubran la demanda de ese mismo tipo de clientes. Se dará prioridad, además, al uso del gas para producir electricidad, y el transporte del hidrocarburo para consumo inmediato prevalecerá sobre el destinado a rellenar las reservas.
La escasez de energía también puede resquebrajar el mercado interior si la producción se mantiene a ritmo normal en algunas partes y se reduce o frena en otras. “Los Estados nos están pidiendo un plan coordinado, para decidir de manera conjunta y uniforme qué industrias se verían afectadas por un posible racionamiento y evitar que se genere un problema de competencia entre ellas”, apuntan fuentes de la Comisión Europea.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, será con toda probabilidad la encargada de velar por la igualdad de condiciones, como ha hecho con las ayudas de Estado durante la pandemia. La primera limitación esperada, en caso necesario, sería la de obligar a reducir el consumo a los países que, por razones coyunturales, acusen una demanda superior a la media habitual en la correspondiente época del año.
Para evitar este escenario de penuria, la Unión Europea se ha embarcado en una frenética carrera para buscar alternativas a su hasta ahora principal proveedor energético, la Rusia de Vladímir Putin. Pero Bruselas reconoce que, a corto plazo, resultará prácticamente imposible reemplazar este año toda la voluminosa oferta rusa, sobre todo, en el mercado del gas.
De los 155.000 millones de metros cúbicos que llegan al año desde Rusia, la Comisión cree que se pueden sustituir dos tercios. Faltarían, por tanto, unos 50.000 millones de metros cúbicos, una cifra equivalente a la suma del consumo de gas de Rumania, Hungría, Austria, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania durante 12 meses. Y solo Alemania necesita unos 90.000 millones de metros cúbicos al año.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ya ha pedido a los 27 gobiernos de la UE que actualicen sus planes de contingencia para incorporar el creciente riesgo de una falta de suministro, acentuado tras la decisión de Putin de exigir el pago del gas en rublos, una modificación unilateral de los contratos que Europa se resiste a aceptar.
Polonia, con un consumo de 20.000 millones de metros cúbicos al año, y Bulgaria, con 3.000 millones, se convirtieron el 27 de abril en los dos primeros países que han sufrido el corte de Putin por negarse a pagar en la divisa rusa. Dos botones de muestra del panorama con el que pueden encontrarse en breve otras partes de Europa. Bruselas sospecha que en las próximas semanas y meses otros países pueden sumarse a la lista negra del Kremlin.
Aleksandra Gawlikowska-Fyk, directora del programa de energía de la fundación polaca Forum Energii, explica que el debate público en Polonia está más centrado de momento en medidas para diversificar el suministro de gas y petróleo que en iniciativas para ahorrar en el consumo. Su fundación, sin embargo, aboga por decisiones como reducir la temperatura en el consumo privado y en las redes de calefacción públicas, que se alimentan en gran medida de carbón, y promover el transporte público gratuito, algo “que se está debatiendo, pero no se ha puesto en marcha por el momento”.
En Bulgaria, el Ayuntamiento de la capital, Sofía, y las empresas municipales preparan un plan de crisis por si a finales de mayo hay problemas serios de suministro. En las redes de calefacción urbanas, que también proveen agua caliente a los consumidores, se plantean reducir la temperatura. En caso de crisis mayor, la empresa de transporte municipal aparcará la flota de autobuses que se mueven con gas natural. Son unos 200 de los 450 totales. “Una muy mala idea”, critica Martin Vladimirov, experto en energía del Centro para el Estudio de la Democracia de Sofía, porque los usuarios utilizarán más el coche privado.
Aparte de Polonia y Bulgaria, que han perdido el suministro de manera forzada, Letonia y Lituania han anunciado que ya han dejado de importar gas y petróleo ruso de manera voluntaria. Estonia cerrará el grifo antes de que termine el año. Los tres países bálticos consideran que por ahora disponen de alternativas suficientes.
En los países nórdicos más cercanos a Rusia no se han tomado medidas inmediatas para ahorrar gas y electricidad, pero el Gobierno danés anunció el viernes que se acelerarán los planes para la construcción de dos “islas energéticas” artificiales —una en el mar del Norte y la otra en el Báltico— con centenares de turbinas eólicas. Finlandia y Estonia han acordado alquilar una terminal flotante de regasificación de gas natural licuado.
Los planes de la Comisión también incluirán recomendaciones sobre la limitación del consumo privado de todo tipo de energía, aunque su aplicación y control es competencia de las autoridades nacionales o locales. En Alemania e Italia, dos de los grandes consumidores de petróleo y gas ruso, los llamamientos al ahorro se repiten sin cesar en las últimas semanas.
“Cada kilovatio hora cuenta”, recordó el ministro de Economía y Clima alemán, Robert Habeck, cuando contó los planes del Ejecutivo para dejar de importar lo más rápido posible hidrocarburos rusos y pidió la colaboración ciudadana. Su departamento ha publicado nuevas guías de eficiencia energética para los hogares que animan a darse duchas más cortas y a cocinar a temperaturas más bajas.
Y, en un país que tiene al vehículo privado en un pedestal, la mayor asociación de automovilistas, ADAC, pide el uso de la bici y, si no hay más remedio que coger el coche, conducir más despacio. Incluso se ha iniciado el debate sobre imponer un límite de velocidad en las autopistas alemanas. Y el transporte público local costará nueve euros al mes durante tres meses para incentivar su uso. En Berlín, además, la empresa pública que gestiona las piscinas públicas anunció hace unos días que esta temporada el agua estará entre uno y dos grados más fría. Las populares piscinas de la capital se calientan con gas natural.
El termostato también ha empezado a girar en Italia. El Ejecutivo de Mario Draghi ya ha aprobado un decreto con medidas urgentes para el ahorro energético. La más llamativa, que se encuentra en la primera fase de un plan de racionamiento que puede ampliarse mucho más después del verano, se ha denominado Operación Termostato y consistirá en limitar los grados a los que pueden mantenerse los edificios públicos: en verano y en invierno.
La medida consiste en que en invierno la temperatura no pueda ser superior a los 19 grados, con un margen de dos grados. En verano, en cambio, el termostato no podrá marcar menos de 27, con el mismo margen: es decir, 25 grados. El Ejecutivo pretende ahorrar con este plan entre 2.000 y 4.000 millones de metros cúbicos de gas. “Qué preferimos: ¿la paz o tener el aire acondicionado encendido?”, preguntó el primer ministro durante una rueda de prensa.
Fuentes diplomáticas reconocen que el incremento de la dependencia energética de Rusia durante las últimas décadas ha sido “una irresponsabilidad geoestratégica”. Putin aprovecha ahora esa baza tanto para financiar su guerra (Rusia ingresa más de 700 millones de euros al día con sus ventas de gas, petróleo y carbón en la UE) como para intentar dividir al club comunitario con la amenaza de un corte del suministro.
La consultora holandesa Kalavasta, especializada en energía renovable y ahorro energético, calcula que solo Países Bajos gasta 30 millones de euros diarios en gas de Rusia ―casi dos euros por persona—, y que un 15% del gas utilizado en estos momentos llega desde allí. Para limitar la dependencia actual, ha bajado ya de 21 a 19 grados la temperatura en 200 edificios oficiales. A la bajada del termostato durante el día, se suma dejarlo en 15 grados por la noche. “Con el primer gesto, se ahorran 200 euros anuales; con el segundo 260 euros al año”, según los ministerios de Energía y de Vivienda. A la hora de la ducha, la sugerencia es que no supere los cinco minutos, porque “el 80% del agua caliente diaria se usa en ese momento”.
Y a las empresas se les ha pedido que recorten en calefacción, electricidad y aire acondicionado. Se estudia, además, la posibilidad de reducir la iluminación nocturna, sin comprometer la seguridad, en lugares como el distrito empresarial Zuidas, situado en Ámsterdam.
Austria figura también entre los países enganchados energéticamente al Kremlin. “Alrededor del 80% del gas importado a Austria proviene de Rusia. Esta dependencia, que ha crecido durante décadas, no se puede cambiar ni de inmediato ni a corto plazo”, aseguró a finales de abril Franz Angerer, director general de la Agencia de Energía de Austria. El análisis de las opciones, encargado por el Ministerio para el Clima austriaco, propone hasta 2030 una combinación de menor consumo de gas, de aumento “masivo” de la producción interna de biogás e hidrógeno verde y de suministros alternativos para desenganchar al país de Rusia.
La capital, Viena, presume de que ya lleva años en la senda de la reducción del consumo energético con diversas medidas, de forma que desde 2005 ha logrado bajar un 17% las necesidades en calefacción y agua caliente a través de reformas en edificios y exigencias de eficiencia en nuevas construcciones, según explica un portavoz municipal. A ello se suma la extensión de un alumbrado público eficiente y ecológico que ha permitido reducir el consumo anual un 3%, y un ambicioso plan para impulsar la energía fotovoltaica.
En la parte occidental del continente, la inquietud es menor porque la cuota de mercado de la energía rusa es más baja. En España, los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda ultiman una batería de medidas de ahorro y eficiencia energética, sobre todo en edificios de la Administración, que recibirán el visto bueno del Consejo de Ministros “en las próximas semanas”, según fuentes del Ejecutivo. El Ejecutivo establecerá, entre otras cosas, horarios específicos de encendido y apagado de luces —para evitar consumos innecesarios durante la madrugada—. También impulsará el autoconsumo en dependencias públicas, que hoy —salvo contadísimas excepciones— brilla por su ausencia. E incluirá actuaciones específicas para “reforzar” el trabajo a distancia y para promocionar el uso del transporte público.
Portugal, que solo importa de Rusia el 10% del gas que consume, encara con menos temores que otros socios comunitarios el fin de la relación energética con Putin. Aun así, Lisboa prevé introducir a partir de este verano la gratuidad de los transportes públicos para jóvenes (menores de 18 o de 23, si son estudiantes) y mayores de 65 años con la intención de captar nuevos viajeros y reducir el tráfico privado, así como la sustitución de lámparas del alumbrado público por otras que sean LED, un programa para aprovechar las cubiertas y los tejados para producir energía solar para autoconsumo, aunque todas esas medidas obedecen a la política de lucha contra el cambio climático.
Pero la hora del ahorro ha sonado incluso en Francia, un país con un aprovisionamiento de gas muy diversificado (solo el 17% procede del grifo ruso) y que cubre el 67% de su consumo eléctrico con energía nuclear. A comienzos de marzo, cuando la guerra de Ucrania apenas había comenzado, la directora general del gigante energético Engie, Catherine MacGregor, y el ministro de Economía, Bruno Le Maire, coincidieron en pedir un “esfuerzo ciudadano” sencillo pero contundente a la hora de ahorrar: bajar un grado la temperatura en los hogares.
“Es el equivalente a 12-15 buques de metano que llegaran a Francia”, ejemplificó MacGregor. “Si hay algo positivo a sacar de esta crisis (…) es lograr nuestra independencia total en materia energética y ser mucho menos dependientes de las energías fósiles”, completó Le Maire.
La Comisión da la bienvenida a todas esas iniciativas nacionales y locales, pero cree que no bastarán si se produce la ruptura total con Moscú. Y en los planes que presentará este mes ya prevé una intervención comunitaria. “Tenemos que mirar a una coordinación a nivel europeo de la demanda, medidas de reducción del consumo y de un uso óptimo de las redes de gas”, avisó la comisaria europea Kadri Simson tras la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Energía de la UE celebrada el pasado lunes en Bruselas.
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