El abogado de las víctimas de Putumayo: “Creemos que hay dos muertos más de la masacre”

El operativo del Ejército en Putumayo que dejó 11 personas muertas, entre ellas varios civiles, es un reflejo sangriento de los puntos débiles del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC que durante años ilusionó a Colombia. En la historia de la masacre en Alto Remanso (Putumayo), que ya lleva tres semanas en el debate nacional, se condensan el resurgimiento y crecimiento de disidencias de las FARC, el declive de la confianza en las fuerzas militares —que han vuelto a traer a la memoria los falsos positivos— y las promesas incumplidas del Estado a campesinos cocaleros que intentaron sustituir sus cultivos ilícitos.

Desde que ocurrió la incursión militar el 28 de marzo durante un bazar —una fiesta popular comunitaria—, el Gobierno ha insistido en que todos los muertos eran “narcocaleros” y “disidentes” y que el operativo “no fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”; mientras los pobladores de esa región fronteriza con Ecuador y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que entre los muertos hay civiles reconocidos por la comunidad.

El Ejército buscaba capturar a alias Bruno, de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera, pero no lo consiguió. En su lugar quedaron una mujer embarazada, un gobernador indígena y un menor muertos. La ONU dijo que habían constatado que sí hubo un bazar y que “se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”.

David Melo Cruz, asesor jurídico del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental de Putumayo (Moviccaap) y la Fundación Liderazgo y Paz y abogado de 36 personas del Alto Remanso, tiene una teoría sobre lo que ocurrió y afirma que hay más muertos. Para él, que defiende a tres familiares de muertos, dos de los heridos y de personas que denuncian haber estado retenidas por el Ejército ese día, todo habría sido una confusión. “El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda es muy parecido físicamente a alias Bruno”, afirma. Un día después del operativo, Melo e Iván Narváez, otro abogado de la Fundación, llegaron a la vereda y recopilaron testimonios. Luego, contrataron investigadores privados para recabar pruebas.

Pregunta. Han pasado casi tres semanas del hecho. ¿A qué conclusión han llegado sobre lo que sucedió?

Respuesta. Se pudo establecer que realmente sí había un bazar que había empezado el sábado y terminaba el lunes porque se jugaba la final de un campeonato de fútbol. Eso es un hecho cierto. Las personas que ya habían terminado el campeonato se fueron regresando a sus veredas y el lunes quedaron unas 250 esperando la final, tomando tragos o esperando la comida. Hay testimonios de que algunas personas estaban realizando un desayuno para vender a los presentes y fueron encerradas por parte del Ejército en la cocina comunitaria. Creemos que la inteligencia confundió a alias Bruno con el vicepresidente de la junta de acción comunal, que es muy parecido físicamente, tal como él mismo relató a la Fiscalía; y también que, al ver unos hombres armados en el bazar, el Ejército acciona las armas.

P. ¿Cómo esa confusión terminaría en tantos muertos?

R. Mi teoría es que hubo un registro de allanamiento dado por un fiscal y para eso el Ejército tenía que acordonar la zona y así capturar a alias Bruno. En medio hubo un bazar comunitario, no un encuentro de acopio de coca, como dice el Ejército. Tal vez el señor fue, pero no en ese momento. No podemos cubrir el sol con un dedo y decir que solo era población civil. También pudo haber en esa reunión personas de la GAOR (Grupo Armado Organizado Residual, como los llama el Gobierno), pero no en esa cantidad que dice el Ejército o el ministro de Defensa, Diego Molano, que afirma que eran los 11. Creemos que, para dar de baja a una persona armada y al confundir al vicepresidente como si fuera Bruno, el Ejército accionó las armas.

P. Según su versión, ¿cómo fue la cronología de los hechos?

R. La mañana del lunes 28 de marzo llegan a la cocina comunitaria unos hombres con un camuflado de pantalón y buzo negro. Encierran a las cocineras y les dicen que dónde está la guerrilla. Esos son los relatos que hemos recogido. Después de eso se escuchan tres disparos. Hemos tratado de establecer si fueron hacia una persona que estaba vestida de rojo y que se encontraba cerca del francotirador. De ahí se vienen unas ráfagas del Ejército y queda por establecer si hubo un enfrentamiento. Al ver eso, las personas corren de la caseta —el lugar donde estaban compartiendo— hasta el río para huir de lo que sucedía. Así, al tratar de salvaguardar su vida es que cae el gobernador indígena sobre la cancha; el señor Óscar Oliva; el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández y su esposa, Ana María Sarrias. Ese recorrido de los cuerpos sobre la ribera del río nos permite establecer que fue el francotirador.

P. El Gobierno dice que todos hacía parte del grupo armado. Pero ustedes se mantienen en que eran civiles…

R. De los 11 muertos yo tengo 3 poderes de las personas asesinadas: el gobernador Pablo Panduro, y los señores Óscar Oliva y José Peña Otaya. De los tres se puede establecer que no son integrantes del grupo armado. El informe de inteligencia que asegura que unos estaban en posición de combate y otros colaboraban al grupo armado no fue presentado a la Fiscalía oportunamente antes de los hechos para que ese organismo, como ente acusador, les abriera una investigación y dado el caso, emitiera una orden de captura. Entonces, lo que hace el Ejército ahora es querer maquillar a unos civiles reconocidos como si fueran de una estructura armada. Reitero, ni ellos ni los dos heridos que represento pertenecían a ningún grupo.

P. En el caso del gobernador, el Ejército divulgó un prontuario en el que dice que recibió información de un desmovilizado pero admite que esa entrevista no está firmada

R. Esas pruebas no son válidas. Para inferir razonablemente la coautoría y la participación de una persona en un grupo armado o en cualquier delito debe tener elementos materiales probatorios ante un juez, con declaraciones juradas, testigos de los hechos, presenciales y de oídas y cada una tener credibilidad. Cuando ese general (Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional) establece que hay una entrevista y no está firmada, no hay ninguna validez, porque la persona debe dar fe. En este caso la pertinencia de la prueba y la forma técnica en que se ha recogido no es viable para llevar a la justicia.

P. Ustedes contrataron a unos investigadores privados, ¿qué hallazgos produjeron?

R. El equipo que contratamos de un forense, un experto en balística (según el abogado, con los recursos que aportan los campesinos del movimiento cocalero) hemos avanzado en saber desde dónde se realizaron los tiros. Establecimos, por ejemplo, que fue el Ejército el que disparó primero; que el helicóptero que llegó también actuó sobre la escuela y que de los heridos sobre los que yo soy apoderado ninguno fue presentado ante un juez constitucional para realizar una audiencia de legalización de captura. El Gobierno lo informó, pero la Fiscalía los desmintió.

P. Varias fotografías muestran manipulación de los cuerpos. ¿Qué han encontrado ustedes?

R. Eso lo tendrá que establecer la Fiscalía. Pero sí hay asuntos por establecer: si los hechos se presentaron entre las 6:45 a.m. y las 8:10 a.m., ¿por qué (el Ejército) avisó a la Fiscalía sobre las 2:30 de la tarde. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nosotros no sabemos con certeza, pero por medio de las entrevistas a testigos vemos falencias en el plan que realizó el Ejército sobre los cuerpos en ese lapso de tiempo.

P. ¿Por qué afirma que hay desaparecidos y más muertos de ese día?

R. De los testimonios recogidos podemos establecer que hay dos personas desaparecidas, un señor y su hijo de 8 años. Estamos tratando de establecer comunicación con sus familiares, la guardia indígena también está tratando de ubicarlos. Esto es porque nos dicen que hubo gente que se lanzó herida al río Putumayo. Hay también testimonios que indican que no fueron 11 los muertos sino 13. Ya pudimos establecer los dos nuevos nombres, pero estamos verificando si esas personas estaban ahí, si es verdad que se los llevó el helicóptero, como denuncia la comunidad.

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