“Las vamos a violar”: las denuncias de acoso en colegios de Chile plantean un reto para el Gobierno feminista de Boric

“Sí poh, sí las vamos a violar”; “a cualquier mina [muchacha] y después dejarla botada”; “la arrastramos por el suelo”. Estos son algunos de los mensajes escritos por siete estudiantes de tercero y cuarto medio [17 y 18 años] del Liceo José Victorino Lastarria, del municipio de Providencia, dirigidos a alumnas de colegios emblemáticos de Santiago. Los jóvenes compartieron en Instagram fotos íntimas de varias estudiantes sin su consentimiento y plantearon replicar la “manada”, en alusión al caso de la violación en grupo a una joven española en la fiesta de San Fermín de 2016. El escándalo ocurrido la segunda semana de marzo llevó a las estudiantes a la calle y disparó las denuncias por acoso sexual contra profesores y alumnos en distintos colegios. El primer gran reto del Gobierno feminista de Gabriel Boric surgió del lugar donde forjó su liderazgo: las salas de clase.

‘La Manada de Providencia’ no tardó en escalar hasta La Moneda. El Ministerio de Educación se reunió con representantes de los colegios implicados, crearon mesas de trabajo con los padres del alumnado y con los estudiantes de colegios y universidades. Marco Antonio Ávila, ministro de la cartera, explica por teléfono que el tema es “más profundo” que los hechos conocidos y que tiene que ver con una cultura patriarcal donde está arraigada la violencia de género. “Hay que desinstalar algunas creencias y nociones en el profesorado. Desde los “no corras como niña”, ejemplifica el ministro, profesor de profesión, hasta la duda que se siembra sobre una denuncia por cómo se desenvuelven las estudiantes. “La forma de vestir o de expresarse no justifica el abuso o un trato desigual”, apunta.

El trabajo de Educación se ha complementado con el del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que, por primera vez en Chile, es parte del comité político y que, debido al sello feminista que le quiere impregnar Boric a su Ejecutivo, ha generado altas expectativas sobre las acciones que tome respecto a casos como este. Antonia Orellana, ministra de la Mujer, sostiene: “Ser un Gobierno feminista es justamente asumir de manera transversal e integral los desafíos que vienen en materia de género”. Por eso, explica en un correo electrónico, están trabajando en conjunto con “todos los incumbentes” del caso estudiantil.

Entre el 1 de enero y el 22 de marzo, la Superintendencia de Educación recibió 48 denuncias por comportamientos de acoso o agresión sexual. Casi tres cuartos de ellas no suponen agresión física, lo que está estipulado como delito. El alza significativa (56%) se ha registrado en las denuncias por comportamiento de connotación sexual -sin agresión física-, cuya definición no está presente en la legislación chilena. Para hacer frente a este fenómeno, Orellana considera “fundamental” que el país saque adelante una ley que permita una educación sexual integral, capaz de abordar la sexualidad desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Una ley de sexualidad estancada

Camila Rojas, diputada de Comunes (partido que apoyó la candidatura de Boric), presentó el pasado septiembre un proyecto de ley de educación sexual que busca fomentar en el alumnado “el desarrollo de una sexualidad libre, informada y responsable, en conformidad a su edad y desarrollo progresivo”. La propuesta descansa en el Congreso, que desde las legislativas del pasado noviembre está partido por la mitad. “Por la composición [parlamentaria] que tenemos no es fácil. Pero la gran diferencia es que ahora tenemos un Gobierno comprometido con el tema”, sostiene Rojas.

Una de las colaboradoras de la propuesta fue Nicole Lagos, del Círculo de profesoras feministas Amanda Labarca, un colectivo que nació tras la masiva movilización estudiantil feminista de 2018. La profesora asegura que el objetivo del proyecto es instalar cuestiones que “sean coherentes” con la educación sexual integral. “No es una avanzada de asesinas abortistas que quieren enseñar de la masturbación a los niños como nos pintaron en la Cámara de Diputados”, comenta por teléfono, tras el rechazo que recibieron por el sector conservador.

Rojas destaca cómo ha influido el movimiento feminista de los últimos años en las alumnas de hoy, que tienen interiorizado el consentimiento en las relaciones sexo afectivas: “El ¡no es no! y los límites de lo que es aceptable de decir y hacer también han variado”, señala la diputada. El ministro Ávila defiende que uno de los temas de su agenda legislativa es sacar adelante un proyecto de ley “que tenga perspectiva de género y que permita mejorar el uso del lenguaje, las interacciones, y tener una acción decidida en cada etapa para que sea una educación no sexista”. “Creemos que esto va a evitar las conductas de acoso, y que nos hagamos cargo de manera preventiva y reactiva”, plantea.

Tras la seguidilla de denuncias, las autoridades han puesto el foco en actualizar los protocolos y hacer diagnósticos en los colegios de cómo está la situación. La psicóloga educacional Jeannete Vergara, directora de la Fundación No + Bullying [no más matonismo ni acoso en los colegios], que trabaja con un millar de colegios, critica los programas de afectividad actuales porque no abordan temas como el sexting, -el envío de mensajes de texto de contenido sexual-. “Debería tratarse desde que los alumnos tienen 10 años, cuando empieza el despertar sexual”, afirma, y apunta que el sexting es a partir de los 12, cuando empiezan las relaciones sexuales. La profesional, cuya fundación ofrece charlas gratuitas en colegios de zonas desfavorecidas, remarca la importancia de que los adolescentes entiendan los peligros de enviar una fotografía íntima por mucha confianza que le tenga a la otra persona.

Diagnóstico: acoso y violencia

Cuando el municipio de Providencia se enteró de lo ocurrido en el Liceo José Victorino Lastarria, suspendieron y presentaron una denuncia contra los estudiantes acusados. También realizaron jornadas de contención psicológica en los colegios involucrados. “El primer sentimiento que nos abordó fue de rabia e indignación. Cómo unos jóvenes podían escribir esas atrocidades”, comenta la alcaldesa Evelyn Matthei. La denuncia, sostiene, está en proceso de investigación y está previsto que los acusados cursen el año de manera remota.

Para abordar el tema en Providencia, el Departamento de Diversidad e Inclusión del municipio lleva años realizando un diagnóstico en las cinco escuelas municipales, en las que ha detectado casos de abusos, acoso sexual, violencia, “entre otras acciones repudiables”, sostiene la alcaldesa. “Las nuevas generaciones van a 1.000 km por hora y sienten que el sistema judicial, las leyes y el Estado, en general, no solo no están actualizados, sino que están obsoletos”, asegura Matthei. “Hay nula enseñanza en temas de sexualidad, de uso de drogas, de relaciones interpersonales, etc. No vamos a la par de lo que la sociedad nos está pidiendo, por eso las funas [cancelaciones] se han hecho tan seguidas”, afirma la edil, quien defiende que no existe un alza de casos en los colegios de su municipio, sino un incremento de las denuncias.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región