Los talibanes buscan distanciarse de su asociación con el narcotráfico

Los talibanes han prometido luchar contra el negocio de la droga. Sin embargo, las noticias que llegan del sur del país, donde se concentran las plantaciones de adormidera y cannabis, alertan de que esta temporada se está sembrando más que la anterior. El portavoz del Ministerio del Interior, Saeed Khosty, asegura a EL PAÍS que están cumpliendo su “promesa de combatir el narcotráfico” y pone la pelota en el tejado de la comunidad internacional. “Debería trabajar con nosotros y ayudar a los agricultores”, sugiere. Mientras, los fundamentalistas exploran un destino lícito para esos cultivos.

Afganistán es conocido por su millonaria industria de la droga. Según datos de Naciones Unidas, es responsable del 85% de la producción mundial de opio y en 2018 ese cultivo contribuía a un 11% de la economía afgana. También es el país de origen del 18% de la resina de cannabis (hachís) que se intercepta globalmente, solo por detrás de Marruecos. Estados Unidos siempre relacionó el narcotráfico con los insurgentes.

Khosty, de 33 años y que antepone a su nombre el honorífico qari (recitador del Corán), creó un pequeño revuelo a finales de noviembre cuando declaró que una empresa australiana había acordado con los talibanes financiar una planta de procesamiento de hachís de 450 millones de dólares (unos 400 millones de euros) para uso medicinal y cosmético. La firma en cuestión lo desmintió. Se trató, al parecer, de una confusión con una compañía alemana cuyo nombre coincide.

“El representante en Afganistán de CPharm de Alemania vino al ministerio y nos dijo que querían cooperar, pero el acuerdo está aún bajo discusión”, mantiene Khosty, convencido de que la producción legal puede prevenir el narcotráfico. “CPharm nos ha dicho que comprará el hachís directamente del mercado y pagará más a los agricultores”, asegura. CPharm no ha respondido a la petición de este diario para confirmar o desmentir las negociaciones al respecto.

El portavoz de Interior admite que Afganistán tiene un grave problema de adicción. “Hemos recogido a 3.000 adictos durante los últimos 10 días solo en Kabul y están en tratamiento”, afirma. “El Emirato Islámico trabaja en la prevención del narcotráfico. Capturamos a mucha gente que hace contrabando de drogas. Hemos cumplido nuestra promesa. Pero pedimos a la comunidad internacional que facilite cultivos alternativos para nuestros agricultores. La pobreza les aboca a cultivar la droga”, añade.

Los intentos de Estados Unidos y del Gobierno afgano de frenar el narcotráfico tampoco dieron grandes resultados, a pesar de haber gastado 8.000 millones de dólares a lo largo de casi dos décadas para destruir cosechas y laboratorios. También el mulá Omar, fundador y primer líder de los talibanes, prohibió el cultivo del opio en el año 2000, pero el comercio continuó.

Llegar hasta Khosty no es fácil. El Ministerio del Interior es un búnker. Hay que pasar siete cacheos antes de acceder al edificio, protegido por los mismos muros de hormigón con los que el Gobierno derribado el pasado agosto se guardaba de los ataques de los talibanes. Ahora, al frente del mismo está Sirajuddin Haqqani, líder de la red Haqqani, un grupo relativamente autónomo dentro de la milicia, pero cuya existencia niegan los fundamentalistas, y el hombre por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Antes de la toma de Kabul, Khosty, uno de los principales propagandistas de la milicia, encabezaba un dedicado grupo de voluntarios que promovían la ideología talibán a través de las redes sociales. Sigue prestando mucha atención a los medios, sobre todo en inglés, para llegar a la comunidad internacional. Antes de la entrevista, su asistente pregunta si vamos a grabar (el ministerio tiene un estudio de televisión) y él se interesa por el tipo de publicación con la que va a hablar. También precisa que no contesta preguntas sobre el Estado Islámico porque no es competencia de Interior, sino de la Dirección General de Inteligencia, los servicios secretos.

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