Afganistán dobla su producción de opio

La superficie dedicada al cultivo de opio ha aumentado un 36% en Afganistán en 2013, según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) presentado esta mañana en Kabul. Esa cifra récord se ha traducido en una producción de 5.500 toneladas de esa planta de la que obtiene la heroína, casi el doble que el año pasado. Los datos, en vísperas de la salida del país de las tropas de la OTAN, evidencia tanto el fracaso de la comunidad internacional para acabar con ese lastre como el peligro de que los beneficios de esa cosecha ilícita alienten la lucha entre los señores de la guerra que compiten por el poder ante las elecciones presidenciales del próximo abril.

“Según nos aproximamos a 2014 y la retirada de las fuerzas internacionales, los resultados del Estudio del Opio en Afganistán 2013 deben tomarse como lo que son: una advertencia y un llamamiento urgente a la acción”, ha declarado en la presentación el director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov.

La extensión de las superficies cultivadas con opio ha pasado de las 154.000 hectáreas de 2012 a las 209.000 actuales, superando el récord de 193.000 hectáreas alcanzado en 2007, según el informe que la agencia de la ONU elabora junto al Ministerio Antinarcóticos afgano. Además, la amapola ha reaparecido en Balkh y Faryab, dos provincias que el año pasado fueron declaradas libres de opio, por lo que el número de estas se reduce a sólo 15 de las 34 en que se divide administrativamente el país.

Ese avance, que se traduce en una producción un 49% mayor que el año pasado y unos beneficios estimados de mil millones de dólares (un 4% del PIB afgano), pone en una situación difícil a los países donantes que durante una década han tratado sin éxito de erradicar la adormidera. Aunque Afganistán tiene un gran número de adictos, la mayoría de la droga que produce se envía fuera, sobre todo a Europa.

Pero ni los programas de cultivos alternativos, ni la lucha contra la corrupción de los funcionarios afganos, han dado resultado y, mientras tanto, los beneficios de las drogas han financiado el resurgir de los talibanes. El narcotráfico proporciona a esos insurgentes entre 100 y 400 millones de dólares anuales, según estimaciones de la ONU y del Gobierno afgano citadas por France Presse.

“El vínculo entre inseguridad y cultivo del opio se observa desde 2007 y continúa siendo cierto en 2013”, asegura el informe de la ONU, según cuyos datos el 90% de las plantaciones se concentran en las nueve provincias donde los talibanes tienen sus bastiones. Y la mitad del total en Helmand, un escaparate de las dificultades para acabar con esa lacra. Afganistán ha sido el mayor productor de opio desde los años noventa del siglo pasado (y excepto en el año 2001 bajo el régimen talibán). Su cosecha de este año tal vez alcance al 90% del suministro mundial.

Doce años después de la intervención estadounidense, la fuerza internacional coordinada por la OTAN no ha logrado acabar con la insurgencia islamista y a apenas un año de la retirada de sus 75.000 soldados hace temer una guerra civil. Esa inseguridad sería, según el informe de UNODC, una de las causas del aumento de la producción. Los agricultores intentarían “preservar sus haberes ante la perspectiva de un futuro incierto”. Pero también ha podido influir el mayor precio alcanzado por el opio el año pasado (145 dólares por kilo) y la falta de voluntad política de las autoridades afganas para hacer frente al problema. En privado, diplomáticos occidentales acusan a algunos dirigentes de beneficiarse de ese negocio.

Las circunstancias no ayudan. Afganistán tiene una agricultura muy atrasada, cuyas infraestructuras han sido destruidas por tres décadas de guerra, y castigada además por varios años continuados de sequías. Incluso si los campesinos plantan algodón u otros cultivos alternativos no hay infraestructuras básicas para llevarlos al mercado. Frente a ello, el opio precisa menos mano de obra, escasa atención, se adapta a la climatología, se almacena bien, no es perecedero y se vende al cliente en efectivo. La cuestión ha sido desde el principio cómo romper ese círculo vicioso sin los instrumentos de un estado de derecho.

Durante la pasada década, los donantes han tratado de construir infraestructuras, desarrollar mercados y facilitar cosechas alternativas a los agricultores, sin demasiado éxito. La inseguridad y la corrupción han frenado en gran medida el desarrollo de las zonas rurales, en tanto que los planes de erradicación han sido muy desiguales.