EE UU sanciona a dos funcionarios de Bukele por las negociaciones encubiertas con las pandillas salvadoreñas

Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones económicas contra dos altos cargos del Gobierno de Nayib Bukele a los que acusa de corrupción por su supuesta vinculación en las negociaciones encubiertas con líderes de las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. El Departamento del Tesoro ha incluido en su lista negra a Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de El Salvador.

La decisión llevada a cabo por el Tesoro de Estados Unidos es la última de una serie de anuncios de sanciones que marcan la semana de la llamada cumbre de la democracia que preside Joe Biden. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acusa a ambos políticos de liderar, facilitar y organizar una serie de reuniones secretas con líderes de pandillas encarcelados como parte de los esfuerzos de San Salvador para “negociar una tregua secreta” con los pandilleros. Las sanciones del departamento del Tesoro alcanzan también a la madre de Osiris Luna, Alma Yanira Meza, por su participación en un “esquema de robo y reventa” de paquetes de ayuda durante la emergencia por la covid 19, que “desvió millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador.

En el comunicado del Tesoro se puede leer que “una investigación sobre funcionarios del Gobierno de El Salvador y líderes de pandillas encarcelados, como Mara Salvatrucha 13 (MS-13), ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del Gobierno y la organización criminal”. Para Blinken, además, las pandillas que operan a través de las fronteras son “desestabilizadoras” y, a menudo, se confabulan con funcionarios del Gobierno. “Sabemos que el crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática’', apunta Blinken en un comunicado.

En agosto pasado, una investigación del medio digital El Faro revelaba un pacto secreto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas. A través de audios, fotografías y testimonios, el diario digital revelaba los contactos del mandatario con los líderes de las maras a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. En esas negociaciones, según la investigación, estuvo involucrado Osiris Luna que, como responsable de las cárceles, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes pandilleros, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse.

A finales de septiembre, la diplomacia estadounidense incluía en su lista de personalidades corruptas a cinco magistrados de El Salvador por “socavar la democracia” e “interpretar la Constitución” de manera que el presidente Bukele pudiera presentarse a la reelección. Los jueces eran Elsy Dueñas De Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Peréz Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Casi dos meses después, el 22 de noviembre, las relaciones entre Estados Unidos y el Ejecutivo de Bukele llegaban a su punto más bajo. La encargada de negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Jean Manes, anunciaba que dejaba el país centroamericano debido a las decisiones antidemocráticas de Bukele, según considera Washington, que han deteriorado su relación con la potencia norteamericana. “No hay interés por parte del Gobierno [de Bukele] por mejorar la relación con Estados Unidos”, afirmó Manes.

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