Privación de libertad por orden del Gobierno

Desde que se arrogara poderes absolutos hace un mes a través de una dudosa lectura de la Constitución, el presidente de Túnez, Kais Said, todavía no ha nombrado un nuevo primer ministro ni ha ofrecido una hoja de ruta sobre sus planes de reforma. Sin embargo, en aras de la lucha contra la corrupción, las nuevas autoridades sí se han prodigado en la adopción de diferentes medidas privativas de libertad sin respetar la legalidad vigente. Aunque la mayoría de la población apoya a Said, la oposición y buena parte de la sociedad civil temen que el país se hunda entre actuaciones arbitrarias de los poderes públicos cuando todavía no había afianzado sus instituciones democráticas una década después de la Revolución.

“Hemos comprobado que a decenas de personas se les ha impedido salir del país sin ninguna razón clara y en contra de las normas internacionales e incluso de la propia ley del país”, declara la tunecina Amna Guellali, vicepresidenta de Amnistía Internacional en la región. “Los perfiles de los afectados son variados: políticos, hombres de negocios, altos funcionarios... A todos se les retiene en el aeropuerto, la policía hace unas llamadas a no sé sabe qué autoridad y, luego, se les informa que no pueden viajar. Ninguno había recibido notificación previa, como obliga la ley”, añade Guellali, preocupada por los abusos que se desprenden de algunas actuaciones desde el golpe de fuerza de Said el pasado 25 de julio.

Después de que varias personalidades hicieran públicas sus experiencias, incluido el diputado Anouar Bechahed, del partido Corriente Democrática, Said visitó el aeropuerto de Cartago para proclamar que “la libertad de movimiento está garantizada” para todos los tunecinos. “Las personas buscadas por la justicia, que son sospechosas de corrupción, o que deben regularizar su situación ante la justicia, son las únicas concernidas por la prohibición de viajar”, aseguró el presidente. Sin embargo, la mayoría de los afectados no tiene ninguna causa abierta conocida.

Said, un independiente que ganó con claridad las elecciones en 2019, debe buena parte de su popularidad a su fama de hombre íntegro ante la percepción generalizada de que la clase política es corrupta. De hecho, la corrupción ya fue uno de las lacras detrás de la ira popular que destronó al dictador Ben Alí en 2011. Sin embargo, bajo el nuevo sistema no ha registrado una mejora sustancial en este aspecto, de acuerdo con la clasificación elaborada por Transparency International. Según la ONG local Iwatch, especializada en la lucha contra la corrupción, ésta ahora “se ha descentralizado y se ha extendido”, pues ya no la practica solo la cúspide del Estado, sino también cuadros medios.

Entre las “medidas excepcionales” que adoptó Said el mes pasado figuraba la congelación del Parlamento y el levantamiento de la inmunidad de los diputados. Desde entonces, al menos una docena de ellos de varios partidos diferentes han sido arrestados —la mayoría, luego liberados— o sometidos a arresto domiciliario. En algunos casos, ni tan si quiera se conoce el motivo. También se hallan en arresto domiciliario varios altos funcionarios, incluido el antiguo zar anticorrupción, Chawki Tabib, que ha visto como se han reabierto extrañamente dos viejas causas en su contra. En la prensa local se ha especulado que se podría tratar de un ajuste de cuentas por haber revelado un escándalo por conflicto de intereses del ex primer ministro Elías Fajfaj, un aliado de Said que finalmente se vio obligado a dimitir.

“Hace una semana que estoy en arresto domiciliario y todavía no sé por qué. No me han mostrado ninguna orden judicial. Ya he presentado una denuncia”, explica en una conversación telefónica Yosri Dali, diputado de la ultraconservadora Coalición Karama. Según Guellali, en estos casos la decisión proviene directamente del Ministerio del Interior y se basa en un decreto de 1978 relativo al estado de emergencia que probablemente sea inconstitucional. “Además, incluso se está violando ese decreto, que obliga a que la persona sea notificada de la duración de la medida, y que solo se aplicar cuando haya un peligro para la seguridad nacional. Y este no es el caso”, espeta Guellali.

Iwatch también se muestra crítico con la campaña anticorrupción de Said. “Estas decisiones las debe adoptar el poder judicial, no el Ejecutivo, y siempre deben estar dentro del marco de la ley. Solo si es evidente que la justicia no quiere actuar en un caso concreto se puede justificar la acción del Ejecutivo”, sostiene Achraf Aouadi, presidente de IWatch. Erradicar la corrupción en Túnez se presenta como una tarea ímproba, pues existe la percepción de que la justicia está politizada y también corroída por las corruptelas, de ahí que los seguidores de Said vean las medidas adoptadas como un atajo necesario.

Por su parte, los partidos de la oposición, sobre todo los islamistas moderados de Ennahda, han alertado del riesgo de que el país caiga de nuevo en una dictadura ante la ausencia de ningún mecanismo de control sobre las acciones de Said, que lunes prolongó sus poderes absolutos. “Todos estamos en contra de la corrupción, pero no se puede luchar contra ella de forma arbitraria. La situación en Túnez ahora es muy confusa”, concluye Guellali.

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