La policía de Ortega allana al principal diario de Nicaragua y le acusa de “defraudación aduanera”

Pasado el mediodía de este viernes, un contingente policial de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) irrumpió en las instalaciones del diario La Prensa bajo órdenes del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una Administración que mantiene acoso sistemático contra los medios de comunicación independientes en Nicaragua. El país está a tres meses de celebrar unas elecciones generales que carecen de condiciones de transparencia y competitividad. Los oficiales tomaron la redacción y el área administrativa del principal rotativo de Nicaragua el mismo día que su edición impresa fue suspendida a falta de papel, debido a un nuevo embargo aduanero impuesto por el sandinismo.

Mientras oficiales y empleados de la Dirección General de Aduana efectuaban la requisa en el periódico, la Policía emitió un comunicado en el que informaba que abrió una investigación en contra del Grupo Editorial La Prensa y sus directivos por los supuestos delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”. Por momentos el allanamiento ocurrió bajo incertidumbre, ya que los policías cerraron los portones del principal diario de Nicaragua, cortaron el internet, botaron el servidor principal de la redacción (impidiendo a sus periodistas publicar en su sitio web), y mantuvieron incomunicado por algunas horas a los reporteros y el resto del personal.

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En la nota policial se informó que miembros de la DAJ y funcionarios de la DGA, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía realizaron allanamiento y registro de las bodegas de Editorial La Prensa Sociedad Anónimas, donde se imprimen los otros productos comerciales de La Prensa, como libros y publicaciones de corte comercial.

La Policía confirmó que el periódico quedó bajo custodia policial. Las patrullas ingresaron hasta el parqueo de la Junta Directiva del periódico. Colaboradores que se encontraban adentro de las instalaciones denunciaron que los oficiales impedían que usaran sus teléfonos. El jefe de información de La Prensa, Fabián Medina, quien se encontraba en las instalaciones al momento del ingreso de las autoridades gubernamentales, dijo que dejaron a los trabajadores regresar a las oficinas y que lo que buscaba el jefe policial era “el papel con Aduana”.

“Es parte de la misma ofensiva que están haciendo contra los medios (independientes)”, dijo Medina al salir de las instalaciones. “No hay forma de trabajar, no tenemos internet”, denunció Medina, quien semanas atrás fue citado por la Fiscalía y amenazado con la Ley de Ciberdelitos, que establece hasta ocho años de cárcel si el Gobierno considera que un reportero publicó “noticias falsas”.

El allanamiento de La Prensa —cuyo director histórico fue Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978– es la estocada final de los Ortega-Murillo contra el único diario de alcance nacional impreso, en un momento que la escalada represiva de cara al proceso electoral ha impuesto un “apagón informativo” contra 32 figuras opositoras, entre ellas siete precandidatos presidenciales, la anulación de todos los partidos políticos, y un hostigamiento contra el periodismo a través de la Fiscalía. Todo esto ha provocado mucha autocensura de reporteros y fuentes de información, quienes tienen miedo de brindar declaraciones por temor a terminar en prisión.

Un allanamiento orquestado

El allanamiento contra La Prensa sucede un día después que la junta directiva anunció un embargo aduanero, reteniendo el papel necesario para el tiraje. “El papel se encuentra secuestrado porque las autoridades de la Dirección General de Aduana (DGA) no aprueban el trámite de solicitud de exoneración (de impuestos) que realizó La Prensa desde el pasado 26 de julio”, informó el periódico. “Según la ley, las autoridades tienen un máximo de días para responder dicha solicitud, sin embargo, en esta ocasión, han pasado 18 días desde el inicio del trámite”. El artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua establece que los medios de comunicación con “función social” —como La Prensa— están exonerados de “toda clase de impuestos”.

El trámite para importar insumos fue relativamente normal hasta antes de 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el Gobierno. Las revueltas fueron neutralizadas con violencia, como han denunciado organismos de Derechos Humanos. Los medios de comunicación se volvieron claves para documentar la represión y el Gobierno se enfiló contra las redacciones. Confiscaron los equipos del canal 100% Noticias y Confidencial; a los dos rotativos nacionales, La Prensa y El Nuevo Diario, les impuso un largo bloqueo aduanero. El Nuevo Diario no resistió la falta de materia prima y en septiembre de 2019, tras 40 años de circulación, cerró definitivamente.

“El costo del papel y los insumos (retenidos por primera vez en 2018) ascendió a 225, 352 dólares, más el pago de los almacenes fiscales. En esa ocasión la materia prima fue liberada (...) Sin embargo, los 17 meses de secuestro causaron grandes pérdidas a la empresa, ya que tuvo que imprimir en papel más caro y se vio forzada a recortar fuertemente el alcance de la circulación, lo que redujo considerablemente las ventas”, recordó La Prensa. Desde ese episodio, la dirección del diario hace importaciones más pequeñas de insumos, en tramos más cortos de tiempo, para poder sortear a la DGA. El Gobierno sandinista, que considera “terroristas de la comunicación” a los medios, decidió ahora torpedear al diario decano del periodismo nicaragüense en un contexto electoral cuestionado.

El Gobierno trasladó todo su aparato mediático a la redacción de La Prensa para dar cobertura al allanamiento. Los reporteros oficialistas difundieron imágenes mostrando unos rollos de papel, acusando al diario de mentir sobre la escasez de materia prima.

“Circula un vídeo de los medios oficialistas donde muestran las bodegas de La Prensa y aseguran que sí hay papel para imprimir el diario y que La Prensa miente. Que alguien les ayude a distinguir el papel para un periódico y el que es de imprenta. ¡Liberen el papel!”, fustigó la periodista Dora Luz Romero, editora de la edición digital.

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