Un excontra y una reina de belleza para enfrentarse a Daniel Ortega en Nicaragua

Un excontra y una reina de belleza han sido elegidos este miércoles por una agrupación de la oposición en Nicaragua como miembros de la fórmula presidencial de cara a las elecciones generales previstas para el próximo noviembre. Óscar Sobalvarro, exjefe de la contrarrevolución —la guerrilla financiada por Washington para derrocar al Gobierno sandinista en los ochenta— y la Miss Nicaragua de 2017, Berenice Quezada, son los candidatos del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para enfrentarse a Daniel Ortega, quien aspira a su cuarto mandado consecutivo desde que regresó al poder en 2007.

La noticia ha generado estupor y mofas en las redes sociales, en momentos en los que el país atraviesa una difícil crisis política, con al menos 29 opositores encarcelados, incluidos los ocho aspirantes a la presidencia con más opciones para enfrentarse a Daniel Ortega, una brutal represión desde el Estado a cualquier manifestación o crítica y miles de nicaragüenses lanzados al exilio por la persecución política. “Somos la única esperanza de oposición al régimen para todos aquellos nicaragüenses que anhelamos transitar de la dictadura a la democracia a través de la lucha cívica con nuestro voto”, ha afirmado esta tarde Kitty Monterrey, presidenta nacional de CxL, al justificar a sus candidatos.

Este partido político cuenta con el aval jurídico para participar en los comicios, aunque es visto con recelo por una parte de la oposición, dada su persistencia en seguir en un proceso electoral que es considerado viciado, tanto en Nicaragua como en el exterior. Daniel Ortega controla todo el Consejo Supremo Electoral (CSE), a los jueces del Tribunal Electoral y a los encargados regionales del organismo y ha impuesto reformas al sistema que le han permitido criminalizar y encarcelar a quienes han expresado su interés en participar en las elecciones. Entre los ocho aspirantes a plantarle cara apresados está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro (voz opositora y asesinado por Somoza en 1978), quien marcaba la mayoría de las preferencias del electorado según las encuestas.

La fórmula presidencial de la Miss y el excontra fue proclamada este miércoles en una asamblea partidaria realizada en un hotel de Managua, donde se reunieron los líderes territoriales de CxL, un partido heredero de lo que fue el movimiento político fundado por el banquero Eduardo Montealegre, quien se enfrentó a Ortega y perdió en las elecciones de noviembre de 2006. “Algunas personas en Nicaragua se estarán preguntando por qué en esta situación de represión, vulneración de derechos humanos y ataque a las libertades presentamos nuestras candidaturas”, ha explicado Monterrey, otrora mano derecha de Montealegre. “Presentamos estas candidaturas porque no queremos regalarle el camino al régimen y que pueda decir que la oposición no quiso presentarse [a las elecciones]”, ha justificado.

Mientras esta agrupación política celebraba su asamblea, el Parlamento de Nicaragua, también controlado por Ortega, cancelaba las personerías jurídicas a 24 organizaciones de la sociedad civil, incluidas 15 asociaciones médicas que han criticado con firmeza el manejo que ha hecho el Gobierno de la pandemia de covid-19, cuya letalidad fue negada en un principio por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Los diputados del Frente Sandinista, que tienen la mayoría de la cámara, adujeron que han tomado esta decisión porque las organizaciones “han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias”. Se trata, han afirmado defensores de derechos humanos, de un nuevo golpe a la libertad de reunión y expresión en el país centroamericano, donde las voces críticas son ferozmente perseguidas.

Colombia llama a consultas a su embajador

El miércoles ha sido un día más de fuertes titulares en Nicaragua. Además del nombramiento de la Miss y el excontra y el despojo a las ONG, el Gobierno de Colombia ha informado que ha llamado a consultas a su embajador en Managua, Alfredo Rangel, en rechazo a lo que considera una “sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”. Colombia es el tercer país del continente en llamar a consultas a sus embajadores, tras la decisión de México y Argentina, que mantienen una diplomacia común frente a la crisis de Nicaragua. Ambos países informaron a mediados de junio que llamaron a consultas a sus embajadores para que expliquen lo que consideran las “preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición”.

Y mientras Bogotá tomaba esta medida diplomática, en Washington el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso daba el visto bueno a la iniciativa bipartidista conocida como Ley Renacer, que ya había sido aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, con lo que cumple con el proceso para pasar a su discusión en el pleno de la cámara. La legislación le da un amplio margen al Gobierno del presidente Joe Biden para tomar acciones que permitan presionar un cambio en el régimen de Nicaragua, incluido el veto a préstamos de las instituciones financieras internacionales y sanciones a quienes considere que han participado en la violación de derechos humanos. El proyecto de ley también exige a la Administración estadounidense que revise la participación de Nicaragua en el CAFTA, el acuerdo comercial que abre el mercado estadounidense a los productos nicaragüenses. Un punto importante del reglamento es que aboga por una mayor fiscalización de los negocios de la familia Ortega Murillo y las actividades de Rusia en Nicaragua, principalmente sobre las ventas de equipo militar hechas por Moscú al Gobierno de Ortega.

Washington mantiene una fuerte presión contra el régimen de Ortega, al que ha definido como “dictadura”. El pasado 12 de julio Estados Unidos anunció restricciones sobre los visados de 100 miembros de la Asamblea Nacional y de la judicatura de Managua. La decisión, según informó el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, a través de un comunicado, va dirigida contra aquellos que “hacen posible al régimen de Ortega-Murillo atacar la democracia y los derechos humanos”.

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