Los juicios por las protestas del 11J polarizan Cuba

Dos semanas después de las mayores protestas contra el Gobierno desde el triunfo de la revolución de Fidel Castro, los juicios contra los detenidos en las manifestaciones del 11 y el 12 de julio siguen marcando la agenda y pulsando un debate social cada vez más polarizado.

Las máximas autoridades de la justicia y la fiscalía comparecieron el fin de semana para negar que se estuvieran llevando a cabo procesos sumarísimos sin garantías de defensa, como han denunciado varios familiares de los arrestados. El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, aseguró que hasta el sábado se habían celebrado 19 juicios que involucraron a 59 manifestantes, la mayoría acusados de delitos de desorden público, incitación a delinquir y desacato, penados con sanciones de hasta un año de cárcel y juzgados en tribunales municipales. Todavía las autoridades no han dado una cifra oficial del total de detenidos -diversas fuentes aseguran que puede superar el medio millar-, y tampoco se ha informado del número de personas que ya han sido liberadas, con o sin cargos, por lo que es muy difícil saber cuántos serán llevados finalmente ante los jueces por las protestas.

“En estos momentos transcurren los juicios apegados a lo establecido por la ley, incluyendo el derecho a la defensa, a nombrar abogados, algo que también se ha estado diciendo que no les permiten a los acusados”, aseguró Ferro, si bien señaló que en este tipo de “procedimientos abreviados” -rechazó llamarlos juicios sumarios- la ley cubana establece “que el sujeto decide si nombra o no a un abogado para que lo defienda en el juicio, o él se ocupa de defenderse”. “Un número de los acusados de estos presuntos delitos ha decidido nombrar abogados y lo ha tenido, otros no lo han decidido. Se les ha dado todas las oportunidades”, afirmó.

He aquí uno de los puntos calientes en este instante. Son varias las personas que han denunciado en las redes sociales que sus familiares fueron juzgados tan rápidamente que no les dio tiempo a nombrar abogado, ni tampoco pudieron asistir al juicio, como el caso de la familia del joven camarógrafo Anyelo Troya, uno de los participantes en el videoclip Patria y Vida. Algunas madres han expresado también que durante días no supieron nada de sus hijos, pues la policía nunca les informó de que habían sido detenidos. La Fiscal General, Yamila Peña, admitió que se han presentado 90 reclamaciones por diversos hechos sucedidos a personas detenidas en las protestas, que se están investigando.

Otro asunto que ha generado gran debate y posiciones encontradas es el de la legitimidad de aplicar duras sanciones a personas que simplemente participaron en las manifestaciones pero no en hechos violentos, ni en saqueos, ni en enfrentamientos con la policía. Cada vez más artistas y figuras públicas, incluidas algunas cercanas al gobierno, piden magnanimidad y liberar a todos aquellos que no hayan participado en disturbios.

El doctor en Ciencias Jurídicas y profesor Julio Antonio Fernández Estrada es una de las voces que más claro ha hablado pidiendo mesura. “El papel de la fiscalía en estos momentos es investigar caso por caso de una manera rápida, y sobreseer los casos cuando haga falta para que estas personas no sean procesadas”. Estrada señala que “todas las personas que ejercieron su derecho a manifestación pacífica en los sucesos del 11 de julio y posteriores no cometieron ningún delito, aunque hayan estado presentes, o caminando, o mirando, o haciendo videos, o incluso gritando consignas, porque ese es el derecho a manifestación, que es un derecho humano en Cuba”.

El jurista dijo que “las instituciones que tienen en su mano la aplicación de la justicia, tanto la fiscalía como los tribunales”, están a tiempo de corregir errores y evitar condenas “ejemplarizantes” en este ambiente tan politizado en el que desde posiciones oficiales se “criminaliza” la protesta por considerarse parte de una guerra alentada por Estados Unidos para desestabilizar el país.

“Yo pediría el sobreseimiento de todos estos casos. Algunos hablan de amnistía, pero la amnistía es un procedimiento más complicado que lo tiene que decidir el órgano superior del Estado en Cuba. Estamos en curso de investigación y de procesos penales, y hay que exigir el buen trabajo de la fiscalía y los tribunales (…) Si esperamos que todo sea juzgado para pedir después amnistía o indultos, estamos demorando demasiado cosas que se pueden exigir desde ahora”, dijo Estrada en una entrevista con el medio digital El Toque, que ha tenido numerosas reproducciones en la web.

El presidente del Tribunal Supremo Popular afirmó que “los procesos están en curso” y aún no hay “sentencia firme” pues los condenados tienen derecho a presentar recursos en los tribunales de segunda instancia, donde podrán presentar materiales probatorios. Sobre la amnistía, dijo que esa es una decisión que corresponde al Gobierno y que tiene su “momento”. “Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas”, aseguró. Mano dura o mesura es lo que está en juego ahora, habrá que ver cuál de las dos finalmente se impone.