El Sistema Patria, una nueva estructura de control social en Venezuela

Días atrás, un mensaje de texto llegó a los teléfonos de algunos de los pensionados inscritos en el Sistema Patria, una plataforma creada hace cuatro años por Nicolás Maduro para distribuir las pagas. Pero esta vez no anunciaba la llegada de un nuevo aporte, sino que los beneficiarios habían sido seleccionados en un sorteo para recibir una vacuna contra la covid-19. Bajo un toldo en la avenida principal de Las Mercedes, una zona empresarial del este de Caracas, pegados unos a otros, 500 ancianos esperaban su turno el 9 de abril para recibir la inyección de la Sputnik V. La jornada estuvo a cargo de la cámara legislativa de esa jurisdicción, controlada por el partido de Gobierno. Todos, aseguraron los organizadores, fueron convocados a través de ese inesperado mensaje de texto.

Así de azarosa ha comenzado en Venezuela la vacunación de las personas de la tercera edad, la población más vulnerable al coronavirus, mientras el país atraviesa la segunda, y más severa, ola de contagios. Hay pocas dosis disponibles ante los retrasos del Gobierno para acceder al mecanismo Covax (la iniciativa multilateral que pretende garantizar que todos los países accedan a las vacunas, independientemente de sus ingresos); y solo está a la vista el prototipo cubano Abdala, que Maduro anunció que se produciría en el país. Ante esta situación, se han disparado las alarmas por el uso exclusivo del Sistema Patria para repartir las pocas vacunas que han llegado al país. El chavismo tiene en esta plataforma una palanca para el control político y social, medir la lealtad en las elecciones y administrar la escasez en un país que ha perdido el 70% de su Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos siete años, y en el que el 94% de la población vive en la pobreza.

La incertidumbre rodea la vacunación al igual que al Sistema Patria, una plataforma digital asociada al carné de la patria, la tarjeta de identificación creada en 2017 que Maduro aspira a convertir en la nueva cédula de identidad. El chavismo ha ido sumando suscriptores a esta base de datos con la zanahoria de los bonos, que también operan bajo el principio del azar. Algunos los reciben, otros, no y nadie sabe exactamente cuál es la lógica de las asignaciones.

El Gobierno asegura tener a más de 18 millones de venezolanos registrados en ese sistema, de los casi 28 millones que hay en el país. Casi la totalidad de los pensionados está allí. En Venezuela hay unos 4,5 millones de personas mayores de 60 años y con derecho a pensión. Pero un porcentaje que puede rondar el 10%, asegura Convite, una ONG que distribuye ayuda humanitaria para esta población, está fuera porque no tiene teléfono celular o cobertura móvil, un requerimiento para estar en la plataforma, o porque no quisieron tramitar el llamado carné de la patria.

Trabas para médicos

Luis Cabezas, director de Convite, asegura que “uno no puede estar en contra de que finalmente se haya iniciado la vacunación, aunque con un retraso importante. Pero al utilizar el Sistema Patria como mecanismo, dejas por fuera a quienes no tienen teléfono, computadora o están en zonas sin cobertura o que simplemente no quisieron inscribirse”.

Desde distintos sectores de la sociedad civil —epidemiólogos, médicos, academias, ONG, activistas de derechos humanos y opositores a Maduro— se ha criticado el condicionamiento de la vacunación a este registro, que no incluye a todos los venezolanos. Rafael Uzcátegui, director de la ONG Provea, ha señalado que la Organización Mundial de la Salud debería velar para que la vacunación sea transparente y no discriminatoria. “Ni siquiera en las dictaduras más crueles hay discriminación para acceder a una vacuna”, ha señalado el líder opositor Juan Guaidó.

La vacunación del personal médico también ha presentado retrasos y opacidad. La misma semana que vacunaron a los adultos mayores seleccionados por el Sistema Patria, la policía desalojó a médicos que esperaban recibir la inmunización en el Hospital Vargas de Caracas. La misma situación se repitió esta semana en La Guaira. El Gobierno no ha presentado un plan nacional de vacunación que permita saber cuándo le tocará a cada grupo ni cómo se avanza con base en criterios técnicos y epidemiológicos. Venezuela tiene una de las tasas más altas de muertes de personal sanitario: 468 fallecieron por la covid en el último año.

Más centralización

La discriminación del Sistema Patria es más evidente cuando se trata de salarios. Los pensionistas que están fuera de la plataforma solo reciben en sus cuentas bancarias 1.800.000 bolívares al mes, equivalentes a medio centavo de dólar. Los que sí están registrados reciben una bonificación adicional de tres millones de bolívares —el “bono contra la guerra económica”—, con la que pueden llegar a un poco más de dos dólares (1,6 euros) al mes.

Beatriz Sambrano, de 71 años, ha decidido quedarse fuera. “Nunca me he querido registrar, porque me parece que es un mecanismo de coacción. Te hacen una cantidad de preguntas y no sé qué harán con esa información. Hace unos años, cuando pasaron por mi trabajo inscribiendo a la gente, me dijeron que si no lo hacía no iba a comer”, dice la ingeniera, que trabajó toda su vida para el sector público y sobrevive con las remesas que le envían sus familiares. Su hermano César, en cambio, sí se registró, pero ha tenido problemas para recibir los bonos. Hay gente que ha denunciado la usurpación de identidades en el sistema, que su usuario está bloqueado o que la asignación monetaria no llega o deja de llegar. Quienes tienen problemas con el sistema usualmente deben acudir a militantes del PSUV “para escanear el carnet” o “chequear el número de cédula”, con la idea de que así comenzarán a fluir los subsidios.

El Sistema Patria es un ente sin sede y virtual del que muchos venezolanos dependen para comer. Con esta plataforma, el chavismo ha podido levantar una base de datos con información socioeconómica de la población beneficiaria de programas sociales. También la ha usado para realizar encuestas y detectar casos sospechosos de covid-19. Una frase del fallecido expresidente Hugo Chávez recibe a los usuarios en la página principal de la plataforma. Una vez dentro, se lo interroga sobre si quiere participar en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, una actividad del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Además de los pensionistas, están inscritos casi todos los trabajadores del sector público. Por esta vía, de forma aleatoria, reciben las bonificaciones que da el Gobierno, semanales o mensuales, que muchas veces duplican o triplican sus salarios.

La plataforma fue usada en diciembre de 2019 para el pago de una bonificación navideña a todo el sector público en petros —la criptomoneda creada por Maduro— que muchos no pudieron gastar por las fallas en la conversión a través de una engorrosa billetera virtual que no es aceptada en todos los comercios. El Gobierno también ha arrastrado a trabajadores del sector privado a apuntarse al Sistema Patria cuando ofreció compensaciones a las empresas tras la reconversión monetaria de 2018 y la crisis de la covid-19 en 2020. Sumó además a quienes quieren pagar la gasolina a precios subsidiados. La plataforma también tiene un registro especial para los “tuiteros de la patria”, donde se pagan remuneraciones por posicionar etiquetas y propaganda a favor del régimen.

En marzo, el control alcanzó a las universidades, escuelas y todos los organismos públicos, que ahora cobran su salario a través del Sistema Patria. Durante el pago de la primera quincena de marzo hubo denuncias de docentes y profesores universitarios que recibieron menos de lo que les correspondía. “Esto implica mayor control y centralización en un asunto tan sensible como el salario de los trabajadores”, explica el economista Aaron Olmos. “Y aumenta las posibilidades de fallas, equívocos y errores, pues el Sistema Patria es un ente sin cara visible, lo que abre las puertas a un manejo discrecional”.

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