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100.000 vacunas sin plan de inmunización: el incierto camino de Venezuela para gestionar las dosis

El país recibe viales de la vacuna Sputnik V, pero todavía no se conoce la campaña para distribuirlos. El chavismo y la oposición comienzan negociaciones para acceder al mecanismo Covax

Personal del aeropuerto de Maiquetía, próximo a Caracas, descarga las cajas con las vacunas Sputnik V. En video, el momento de la llegada de las vacunas.Vídeo: EFE | VIDEO: REUTERS

Las primeras 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegaron a Venezuela el fin de semana. Ocurrió en la misma semana en que finalmente actores del Gobierno y la oposición venezolana —enfrentados de manera casi irreconciliable en el marco de la crisis política del país— han llegado a un preacuerdo para crear una Mesa Nacional de Acceso a la estrategia Covax de la Organización Panamericana de la Salud que permita el ingreso al país de vacunas contra el coronavirus. Aunque se perfilan dos vías de entrada de vacunas al país sudamericano en el gremio médico y científico hay preocupación porque no se conoce la estrategia que emplearán las autoridades para emprender la compleja campaña de vacunación masiva que están en puertas.

Venezuela debe vacunar a unas 20 millones de personas mayores de 16 años de edad en medio de unas condiciones de precariedad económica que han reducido la movilidad interna —incluida la del personal humanitario— a causa de la escasez de combustible, y de servicios, con grandes territorios del país sometidos a apagones frecuentes que pueden comprometer la preservación de los fármacos. Además, el sistema sanitario cuenta con una plantilla muy reducida para un fenómeno de migración masiva.

“Venezuela tiene enormes fallas para la distribución, almacenaje y traslado de vacunas a gran escala. En el interior del país existen serias limitaciones por falta de refrigeradores o los existentes están en mal estado, que no permiten conservar las vacunas bajo la cadena de frío, por lo que se trabaja en operativos o jornadas periódicas desde hace varios años, situación agravada por las frecuentes fallas del sistema eléctrico en el país. Venezuela requiere una inversión importante para una logística segura y eficiente en la distribución y almacenaje de las vacunas, capacitación del personal y gestión del producto biológico”, advirtió esta semana en un comunicado la Academia Nacional de Medicina.

Con las primeras 100.000 dosis de las vacunas rusas en el país no está claro de qué manera y a quiénes se aplicarán. Días atrás, Nicolás Maduro dijo que se vacunaría a todo el personal médico y sanitario, a los sectores más vulnerables y, luego, a los educadores, que deberán incorporarse a las aulas en marzo con el regreso a las clases presenciales. Pero también añadió que tendrán prioridad los militantes del Movimiento Somos Venezuela, un partido político liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tampoco se conocen los resultados de los ensayos que se iniciaron en octubre con voluntarios venezolanos.

La ruta a las vacunas rusas, que han demostrado un 92% de efectividad, también se hace estrecha por la alta demanda y la batalla por producirlas y acceder a ellas. Argentina, el primer país de la región que empezó a vacunar con la Sputnik V, ha accedido a apenas 610.000 dosis de cada componente del producto, lejos de los cinco millones que se preveía recibir en enero y los 14,7 millones calculados para febrero. Maduro ha dicho que ha acordado con Rusia la dotación de 10 millones de dosis para Venezuela que llegarían en abril, para un 25% de la población, unas cinco millones de personas. El líder chavista también habló de que podría contar con el apoyo de las vacunas desarrolladas por China.

La otra vía, el acceso al Covax, requiere de una negociación política entre el equipo de Juan Guaidó que sigue manejando los fondos de la nación congelados en el extranjero y el Gobierno de Maduro, el que en terreno tendría que estar a cargo de la operación. Un ensayo de este pacto ocurrió en junio pasado cuando se sentaron en una mesa para definir la estrategia de contención de la pandemia, la llegada de insumos de protección para el personal sanitario y métodos de diagnóstico. En enero, el Gobierno fue acusado por el comisionado de la oposición ante las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, de incumplir los acuerdos por la negligencia en el uso de 340.000 pruebas de antígenos entregadas por OPS en octubre, que tres meses después apenas había aplicado un 1%. Aun con el impasse del mes pasado, una nueva reunión se gestó y el infectólogo Julio Castro, que participa como representante del gremio médico y como asesor de la Asamblea Nacional de Guaidó, saludó el encuentro. “Si hay alguna buena noticia en el país, esta es una de ellas. El reto es inmenso, pero somos capaces de hacerlo”, escribió en sus redes sociales. Las condicionantes de ese acuerdo, apunta Pizarro, ponen a Unicef y la OPS en la dirección de un plan de vacunación, que debe ser diseñado por las agencias con las sociedades médicas y el ministerio y ejecutado según los principios humanitarios con un sistema de monitoreo real.

El Gobierno de Maduro mantiene desde 2017 una deuda con el fondo de la OPS que ha limitado su acceso a mayores créditos. Este es uno de los mecanismos de acceso a vacunas, pero no el único. La dotación que se espera ahora —las desarrolladas por AstraZeneca— no está supeditada al pago de esa deuda, que asciende a 11 millones de dólares, sino al desembolso de los anticipos para la adquisición de 12 millones de dosis por unos 130 millones de dólares. La OPS ya ha dicho que tiene disponibles entre 1,4 y 2,4 millones de inyecciones para Venezuela, pero faltaría sellar los compromisos de pago y el plan de vacunación equitativo, efectivo e incluyente.

La aproximación de ambos sectores para tratar de encontrar un camino de coincidencias que le permitan al país enfrentar la incertidumbre de la pandemia parecía un imposible. Ningún portavoz oficial hasta el momento ha querido hacerse cargo del anuncio. Ha sido llevada con enorme reserva y hermetismo por los actores involucrados. Los políticos de la oposición temían que una filtración del preacuerdo desactivara el vínculo recién creado.

En una reciente aproximación de líderes del chavismo con la patronal Fedecámaras —tradicionales adversarios de la política local— se habló de la posibilidad de que el empresariado asuma su parte en los procesos de vacunación a sus empleados. Se discutió de la posibilidad de que el sector privado asuma la importación y distribución de parte de ellas. Fedecámaras, a través de su presidente, Ricardo Cusanno, se ha mostrado particularmente interesado en la concreción de un acuerdo y ha ofrecido su concurso para importar vacunas a través de Unicef.

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