Miguel Pizarro, delegado de Guaidó ante la ONU: “El informe de Bachelet le da piso político a nuestra labor”

El último informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, conocido la semana pasada, dibuja un panorama aterrador. El estudio documenta el control ejercido por grupos criminales en las zonas mineras del sur del país, la falta de independencia del sistema de justicia y las violaciones continuadas a los derechos humanos. En el equipo de Juan Guaidó hay un dirigente encargado de la interlocución con la ONU y del seguimiento de esos atropellos. Miguel Pizarro (Caracas, 1988), licenciado en Comunicación Social, entró en política muy joven. Es diputado electo en la actual Asamblea Nacional y militante de Primero Justicia. Su cargo es, formalmente, el de delegado ante Naciones Unidas de la presidencia interina de Guaidó, quien, pese a tener el respaldo de casi 60 países, no goza de pleno reconocimiento dentro de la organización. En esta conversación con EL PAÍS, realizada por vía telemática, Pizarro reivindica el espacio político logrado por las fuerzas democráticas venezolanas y el fundamento de las denuncias en contra de la gestión de Maduro en estos años.

Pregunta. Hay gente en Venezuela molesta con el segundo informe de Michelle Bachelet. Existe la sensación de que se quedó corto.

Respuesta. Hay un proceso natural de desgaste y demanda de víctimas y organizaciones. El sistema de Naciones Unidas tiene un alcance, pero quien debe tomar las decisiones para detener esta tragedia es el régimen de Nicolás Maduro. Naciones Unidas había premiado a Venezuela por sus supuestos logros sociales en los años de Chávez a través de las FAO y la Unesco. Antes se negaban las violaciones a los derechos humanos: ahora se reconoce que en la sede de Contrainteligencia Militar dan palizas, electrocutan gente en los interrogatorios, se aíslan familiares, se acosan mujeres. Se tiende a creer que los informes de Naciones Unidas constituyen un paso definitivo para resolver el problema. Lo trascendente del informe de Bachelet es que le da piso político a nuestra labor. Naciones Unidas es el ente que hace llamados para que levanten las sanciones a Corea del Norte, a Irán, los que cuestionan el bloqueo a Cuba. En el informe se asienta que un tercio de la población sufre inseguridad alimentaria y que siete millones de venezolanos requieren asistencia humanitaria urgente. Denuncia la crisis del sistema de salud y del sistema de servicios del país. ¿Que no es suficiente? Naciones Unidas ha sido uno de los últimos reductos del régimen de Maduro para hacer diplomacia. En septiembre viene una evolución de este informe, el mandato final de la misión de verificación de hechos. Es la primera vez que vamos a tener mapas con cadenas de mando en los crímenes. Para llegar hasta ahí hemos tenido que transitar un año entero en gestiones burocráticas. Estos procesos son muy lentos. Hemos logrado cosas importantes.

P. ¿Usted espera que esas conclusiones tengan impacto en los tribunales internacionales de derechos humanos?

R. Si la Misión de Verificación de Hechos, de oficio, determina responsabilidades en las cadenas de mando, esto va al sistema de justicia universal. Estos informes son parte del sustento de la demanda que varios países tienen contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Maduro ha sido demandado por Colombia, Brasil, Canadá, Francia, por varios países de la región, y estos informes son los que permiten darle sustento. Por eso es tan importante que lo expuesto se ajuste a lo que ha sucedido.

P. ¿Admitiría que el informe es insuficiente?

R. Absolutamente. Hay una comprensión de que eso es así. Los procesos de Naciones Unidas siempre procuran una balanza entre hablar duro y preservar el acceso al país.

P. El Gobierno de Maduro, por el contrario, afirma que es un genuino garante de los derechos humanos y los derechos constitucionales en Venezuela.

R. Esa narrativa, como otras del chavismo, ha entrado en una grave crisis. También sus posturas indigenistas. El informe revela que todo eso es letra muerta, no es exageración nuestra, en el sur del país la explotación anarquizada del oro ha traído grupos irregulares, crímenes ambientales, tráfico de personas, explotación de mujeres, masacres a indígenas, expoliación de sus tierras. Todo eso está documentado.

P. ¿Tiene alguna efectividad el trabajo diplomático de Maduro en el seno de la ONU?

R. Cuando Naciones Unidas dice algo que les conviene, lo exaltan, invocan el derecho internacional, los principios de paz, amistad y cooperación. Cuando Naciones Unidas afirma algo que los deja mal parados, entonces el organismo está controlado por las grandes potenciales imperiales y los sectores oscuros del capitalismo. Al sistema de Naciones Unidas el Gobierno de Maduro le invierte mucho tiempo y esfuerzos.

P. ¿Dónde está la zona de influencia del chavismo en la política internacional?

R. En el Movimiento de los [países] no alineados ellos tienen su piso político más importante. Eso ha venido mermando. Pero ellos ganaron la silla para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una amarga ironía que trae consigo su reflexión: en la oposición tenemos con nosotros al mundo democrático, a las naciones históricamente más cercanas, a alguno de los países más poderosos, con los bloques regionales más importantes, pero que hay un mundo que todavía se entiende con Maduro.

P. ¿Cómo es la relación de la oposición con Naciones Unidas?

R. Luego de un enorme esfuerzo, tenemos canal directo con la comisionada Bachelet, con el secretariado, con las agencias humanitarias. Han entendido que este es un movimiento genuino, democrático, hombres y mujeres víctimas de una violación masiva de derechos humanos, y que nuestra exigencia, desde hace seis años, es la misma: que con nuestro voto podamos decidir libremente nuestro futuro.