Texas, Estados Unidos

Texas pide a Biden incluir a los carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas

El gobernador republicano Abbott culpa a los grupos criminales de la actual crisis en la frontera con México

Un mensaje del cartel del Noroeste cerca de la frontera de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, al norte de México.
Un mensaje del cartel del Noroeste cerca de la frontera de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, al norte de México.Monica Gonzalez / EL PAÍS

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, ha pedido a la Administración de Joe Biden incluir a los carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas internacionales. El mandatario republicano responsabiliza a los grupos criminales de la crisis en la frontera con México, que vio durante el mes de marzo el mayor número de ingresos de migrantes en los últimos 15 años. “Al explotar las políticas migratorias de Estados Unidos, los carteles han incrementado su poder y riqueza a expensas de vidas inocentes”, señala el documento enviado este jueves a la Casa Blanca. La petición no es nueva. Desde hace algunos años voces en ambos lados de la frontera, y por ciudadanos binacionales, han hecho la solicitud al Gobierno sin conseguirlo.

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La designación, considera Abbott, dará a la Administración demócrata los instrumentos necesarios para lidiar contra grupos criminales como Los Zetas, el cartel de Sinaloa, el del Golfo y Jalisco Nueva Generación. “Esto reforzará las herramientas para hacer más segura la frontera”, afirma el comunicado del gobernador. Sumar a una de estas organizaciones internacionales en la lista del Departamento de Estado permite al gobierno federal buscar penas más duras, incluidas cadenas perpetuas, en los procesos judiciales que se lleven en contra de los miembros de los carteles o para aquellos que los ayuden con recursos materiales o dinero.

Para justificar la petición a Washington, cuya decisión queda en manos, además del secretario de Estado, Anthony Blinken, de Merrick Garland, el Fiscal general y Janet Yellen, del Departamento del Tesoro, Abbott ha informado de un operativo iniciado el 6 de marzo que ha dejado centenares de detenidos. Cerca de 800 supuestos delincuentes arrestados, 1.7 toneladas de marihuana y 8 kilos de cocaína decomisados y 50 armas incautadas fue el saldo que dejó la operación Lone Star contra narcotraficantes. “El tráfico de drogas no solo trae peligroso contrabando a nuestras comunidades, sino que financia a las organizaciones criminales”, añade.

El republicano afirma que los carteles también trafican armas a Estados Unidos. Las estadísticas, sin embargo, no respaldan los dichos de Abbott. El 70% de los rifles y armamento de alto calibre que usan los narcotraficantes en realidad hacen el viaje de norte a sur cruzando ilegalmente la frontera. En 2019 fueron 9.279 armas de acuerdo a un informe elaborado por la Cancillería mexicana, que elevó el tema al debate bilateral entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.

Estados Unidos ya cuenta con algunas herramientas para luchar contra el narcotráfico. La Ley Kingpin (capo), por ejemplo, permite a la justicia estadounidense congelar los recursos financieros que entran al sistema local para ser lavados. Más de 2.100 organizaciones criminales, principalmente del narcotráfico, están sujetas a esta norma desde junio de 2000. Las compañías que blanquean recursos para estos grupos pueden obtener hasta 30 años de prisión y multas de cinco millones de dólares. Texas propone que los grupos criminales mexicanos, que ya están sujetos a esta normativa, también puedan verse afectados por otro catálogo punitivo. Es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de las FARC.

La propuesta que sale de la ciudad de Austin este jueves no es nueva. Antes de la crisis de la frontera, fue la crisis de inseguridad lo que motivó la petición a la Casa Blanca de Donald Trump. En noviembre de 2019, la solicitud vino de parte de un integrante de la familia LeBarón, una comunidad menonita de doble nacionalidad del estado mexicano de Chihuahua. Esto semanas después de que se registrara una cruenta matanza de nueve familiares, tres mujeres y seis niños, en la frontera con Sonora. El asesinato múltiple fue supuestamente un hecho del crimen organizado y tensó las relaciones entre México y Estados Unidos. El Gobierno mexicano se aprestó a detener a los involucrados en el hecho, pero la respuesta esperada de Washington nunca llegó.

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