La crisis carcelaria corroe a Ecuador
El último enfrentamiento entre bandas criminales deja 79 muertos en cuatro motines simultáneos
Cuatro motines simultáneos en otras tantas cárceles de Ecuador dejaron el martes imágenes que han espantado a las autoridades y a los ciudadanos del país sudamericano. Los presos grabaron con teléfonos móviles cómo eran descuartizados y decapitados rivales de otras bandas que estaban encarcelados en áreas de máxima seguridad. Utilizaron motosierras, machetes y manipulaban sin reparo como trofeos los miembros de los cuerpos mutilados. El saldo es, hasta este miércoles, de 79 fallecidos, todos ellos reos, y una nueva crisis carcelaria en el Gobierno en funciones de Lenín Moreno, que no ha conseguido desmantelar el dominio de las organizaciones criminales en el interior de los centros de detención.
El director del sistema penitenciario (SNAI), Edmundo Moncayo, habló de una lucha encarnizada por el poder en la que están implicadas al menos seis bandas ecuatorianas relacionadas con el narcotráfico. Se trata de Los Choneros, cuyo líder fue asesinado por un sicario tras recuperar su libertad en diciembre, Los Lagartos, Los Lobos, Tiguerones, Los Pipos, y Chonekillers.
Pese a haber anunciado por la mañana que la situación estaba ya controlada en los cuatro centros penitenciarios, los altercados provocaron a media tarde la dimisión del subdirector del sistema penitenciario, Orlando Jácome. A última hora, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, alertó de que había un nuevo amotinamiento en la cárcel de Guayaquil. La policía intervino ante la “agresividad e irracionalidad”, dijo Carrillo, de los grupos delictivos. Con un “Dios proteja a nuestro personal” cerraba su mensaje en Twitter.
Los ciudadanos no se recuperan aún del horror vivido el martes dentro de las prisiones. Los familiares de los presos lloraban en los exteriores atenazados por la incertidumbre y la impotencia. La policía antimotines entró en los cuatro centros con armas de largo alcance, escudos y bombas de gas. La información oficial, que hablaba de agresiones en tres de los penales, se amplió este miércoles a otro centro penitenciario más, según el último informe del SNAI. Los altercados tuvieron lugar en dos de las prisiones más grandes del país —la N°4 de Guayaquil y la de El Turi, en la ciudad de Cuenca—, en otra de Latacunga y en una cuarta en Guayaquil, que no fue mencionada en las primeras informaciones. Este miércoles en la mañana, el Gobierno anunció que ya se había recuperado el control en todas ellas.
Una funcionaria de prisiones de El Turi explicó, sin revelar su identidad, que habían pedido a la policía cortar la luz para que los presos no pudieran utilizar las motosierras con las que pretendían agredir a cerca de medio centenar de reos que se encontraban en el pabellón de alto riesgo. Según su versión, no se actuó a tiempo y dejaron proseguir el ataque, el mayor incidente violento en la historia de las cárceles de Ecuador.
La tensión dentro de los centros de detención de Ecuador viene cocinándose desde hace al menos dos años. En 2019, una serie de motines en apenas un mes y medio condujo al presidente a declarar el estado de emergencia en el sistema penitenciario. Entonces, las autoridades reconocían que había un abultado déficit de recursos e infraestructura que hacía imposible mantener el control y la seguridad dentro de los centros. Las celdas estaban sin candados de seguridad porque los presos tenían herramientas para robarlos, las cámaras de vigilancia habían sido en su mayoría inhabilitadas y existía una red cómplice de funcionarios que permitía el tráfico de armas y teléfonos móviles.
Falta protección
El Ministerio de Gobierno ha llamado la atención sobre la desprotección de los guardias penitenciarios, que no tienen permitido llevar armas de fuego dentro de los recintos. Solo pueden portar herramientas disuasivas. En algunas cárceles no hay ni siquiera comedores y los prisioneros que cumplen condena de privación de libertad reciben sus comidas en recipientes de plástico en sus propias celdas.
El hacinamiento es un problema reconocido oficialmente desde hace años, pese a la construcción de nuevas cárceles. El director del SNAI achaca el déficit a la legislación penal nacional y al hábito de los jueces de enviar a prisión provisional a acusados cuando hay riesgo de que no comparezcan a juicio. Eso hace, indicó Edmundo Moncayo, que los condenados con sentencia firme convivan con personas que aún están siendo procesadas. La población carcelaria ronda los 40.000 presos pese a que apenas hay espacio para 29.600. Justo un año después de decretar aquel estado de excepción en 2019, las escenas de violencia se fueron repitiendo y la respuesta presidencial ha sido siempre la misma: estado de emergencia.
El país ha invertido 1,2 millones de dólares (casi un millón de euros) en reformar las infraestructuras; cerca de 200.000 dólares en la adquisición de aproximadamente 100 armas de aire comprimido; y 150.000 dólares en 35 mochilas que contienen gas pimienta que, en vista de los acontecimientos de esta semana, no ha resuelto el problema de violencia interna en las cárceles de Ecuador.
