Una ola de violencia en cárceles ecuatorianas pone a prueba la capacidad de gestión de Lenín Moreno

Las cárceles ecuatorianas están fuera de control. Lo reconocen las autoridades y lo demuestran tres motines en los que, en el último mes y medio, han muerto diez reclusos: dos de ellos incinerados y el otro más decapitado ante la impotencia de los cuerpos de seguridad del país sudamericano. El presidente, Lenín Moreno, decretó el pasado 16 de mayo el estado de excepción en el sistema penitenciario ante la clara insuficiencia de infraestructura y de recursos, el asfixiante hacinamiento y la tensión dentro de los centros. Pero ese paso no logró frenar la ola de violencia: una semana después murieron dos presos que compartían celda, uno por disparos y otro apuñalado; a los diez días un enfrentamiento entre bandas acabó con la vida de otros seis y, de nuevo, tras 12 días, un altercado se saldó con dos muertos y 19 policías secuestrados.

La ministra ecuatoriana de Interior, María Paula Romo, debía haber comparecido este miércoles ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la crítica situación penitenciaria, pero envió en su lugar a su viceministro, Patricio Pazmiño. El número dos de la dependencia expuso las cifras y las razones del “caótico” estado de las 11 cárceles del país: en apenas medio año, han muerto 49 presos, diez menos que en todo 2018. 19 fueron asesinados, nueve se suicidaron y el último de ellos fue víctima de un homicidio con culpa. El grueso del problema está en los dos centros de rehabilitación social de la ciudad de Guayaquil (costa del Pacífico), donde hasta mayo han sido asesinados 14 convictos, 12 más que en todo el año pasado. Y también en el de la provincia de Cotopaxi (centro-norte del país), que mantiene desde hace años unas estadísticas de entre tres y cuatro muertes violentas y este año ya lleva cuatro.

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El Gobierno de Moreno atribuye el conflicto a un enfrentamiento entre bandas organizadas que luchan por el control de los pabellones masculinos, aprovechándose de elevado nivel de hacinamiento —del 40% sobre la capacidad máxima— y de que los efectivos de resguardo son insuficientes, pese a que durante los 60 días de excepción se ha autorizado a la policía a mantener el control dentro de las cárceles y se ha apostado al Ejército en los exteriores para evitar la tensión con los familiares y visitantes.

"No hemos descuidado la seguridad ciudadana, pero por la situación actual se ha tenido que destinar a 2.600 policías para pacificar las cárceles", justificaba la Policía en un comunicado hecho público a inicios de junio. Por esos días, el Gobierno nombraba a un nuevo director del sistema penitenciario, tras la renuncia del anterior en medio de la crisis, y 90 presos “altamente conflictivos” eran trasladados a áreas de máxima seguridad.

Los 11 centros ecuatorianos de privación de libertad tienen capacidad para albergar a 28.500 internos, pero hay 40.006 encarcelados, que no tienen comedores para el almuerzo y que se quejan por la falta de agua. Con la declaratoria de excepción, el Gobierno movilizó 27 millones de dólares y hace una semana, el Ejecutivo de Moreno dispuso otras tres medidas: solicitar apoyo a los jueces para que no contradigan las acciones disciplinarias que se toman dentro del sistema penitenciario, mejorar la alimentación de los internos y la tecnología para prevenir actos de violencia y, por último, reclasificar a los presos “de acuerdo a su peligrosidad, comportamiento y a la causa por la que se encuentran privados de la libertad”.

Según el diagnóstico presentado ante la Asamblea, la crisis carcelaria tiene cuatro nudos críticos. Hay una “débil organización y gestión del talento humano”, que se traduce en un mínimo entrenamiento y capacitación del personal de vigilancia, así como una falta de evaluación e incentivos. En segundo lugar, se reconoce que la “infraestructura está en mal estado”, deteriorada, antigua y fue construida sin planificación. Además, el sistema adolece de un verdadero proceso de rehabilitación social de los presos y, en cuarto lugar, falla la seguridad. No se cumplen los protocolos, no hay un reglamento disciplinario, no se clasifica a los convictos de forma adecuada y la tecnología está obsoleta. Como muestra, el viceministro de Interior reconoció que una buena parte de cámaras de vigilancia, incluso las de máxima seguridad, están dañadas.

La gestión de la crisis carcelaria, que lleva un mes y medio en máxima tensión y no da signos de suavizarse en el corto plazo, ha acarreado fuertes críticas al Gobierno de Moreno. El ejecutivo se escuda en que se trata de un problema heredado por la falta de planificación, agravado en los últimos años por el nivel de hacinamiento. Pero el expresidente Rafael Correa, enemistado con su sucesor tras dos años de fricciones políticas, lo achaca a las decisiones que se tomaron tras su salida del poder. “Eliminaron el Ministerio de Justicia; el Ministerio del Interior lo volvieron hacer todólogo y ministerio de la Política. Nosotros creamos la academia para guías [guardias] penitenciarios y la cerraron; redujeron el presupuesto para rehabilitación en un 40%”.