Trump pierde su última batalla legal ante el Supremo y deberá entregar su información financiera a la Fiscalía

La principal amenaza que se cierne sobre el horizonte legal de Donald Trump, una vez perdida la inmunidad presidencial, es la larga y extensa investigación que dirige Cyrus Vance en la fiscalía de Manhattan. Este lunes, el expresidente ha sufrido una importante derrota en ese caso al rechazar el Tribunal Supremo el último intento de sus abogados de ocultar su historial financiero: los contables de Trump deberán entregar sus declaraciones de impuestos y otros documentos que solicita la fiscalía neoyorquina. La investigación llevaba cuatro meses atascada por la negativa de Trump a entregar la información. El fiscal Vance ha celebrado la resolución del Supremo con un tuit de tres palabras: “El trabajo continúa”.

El alcance exacto de las pesquisas de la fiscalía sigue siendo un misterio, pues están protegidas por el secreto del procedimiento del gran jurado. Dentro del conjunto de casos judiciales que penden sobre Trump tras abandonar la presidencia, la del fiscal Vance constituye la única investigación penal abierta hoy por hoy contra él. Empezó con la investigación sobre los supuestos pagos a dos mujeres, declarados presuntamente como gastos legales durante la campaña presidencial de 2016, para que no contaran las relaciones sexuales que decían haber mantenido con el aspirante a presidente. Pero la investigación creció y, en la documentación de esta misma batalla por la obtención de las declaraciones fiscales de Trump, el equipo de Vance habló de “una amplia y prolongada conducta criminal en la Organización Trump” y sugirió que investiga diversos potenciales delitos financieros, desde fraude de seguros hasta evasión de impuestos, pasando por fraude bancario.

“Esta investigación es la continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de nuestro país”, ha dicho Donald Trump en un comunicado, tras conocerse la resolución del Supremo. “Voy a seguir luchando, tal como he hecho durante los últimos cinco años, antes incluso de que fuera elegido, a pesar de todos los delitos electorales que fueron cometidos contra mí. ¡Ganaremos!”.

La fiscalía había pedido a los contables de Trump, hace más de un año, información de sus finanzas desde 2011. El Supremo rechazó en julio del año pasado el argumento de que los fiscales no podían investigar a un presidente en activo. Pero le indicó a Trump que podía tratar de impugnar la solicitud de la fiscalía reclamando las mismas protecciones de las que dispone cualquier ciudadano contra actuaciones de mala fe. Eso hizo el equipo legal del presidente, pero sus argumentos fueron rechazados en primera y segunda instancia. Entonces acudieron al Supremo, que ha vuelto a dar la razón al fiscal Vance.

Durante su primera campaña presidencial en 2016, Trump prometió que haría públicas sus declaraciones de impuestos. Pero, en lugar de eso, una vez en la Casa Blanca, luchó por todos los medios para que esa información no viera la luz pública. Bajo el secreto del gran jurado, no está claro que el hecho de que los documentos se entregaran a la fiscalía implicaría necesariamente que el público pudiera verlos. Pero, mientras se libraba la batalla en los tribunales, The New York Times publicó una serie de informaciones exclusivas tras haber obtenido dos décadas de declaraciones fiscales de Trump, que revelaron que sus declaraciones del impuesto sobre la renta le salían a no pagar en 11 de los últimos 18 años y que apenas pagó 750 dólares tanto en 2016 como en 2017.

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