El Supremo de EE UU impide juzgar el caso de un menor mexicano tiroteado en la frontera
El tribunal alega que el joven carecía de protección al morir en territorio extranjero


Los padres de un adolescente mexicano de 15 años tiroteado por la Guardia Fronteriza de Estados Unidos no podrán demandar al agente que mató a su hijo, según ha decidido este martes el Tribunal Supremo en Washington. La misma frontera que atravesaron los disparos del agente es la que impide a los padres de la víctima buscar justicia.
Un Supremo dividido ha decidido, por cinco votos a cuatro, que Sergio Hernández Guereca carecía de la protección constitucional contra el uso excesivo de la fuerza, porque estaba en México. Si hubiera estado al otro lado, en Texas, junto al agente Jesús Mesa que le disparó, sus padres podrían haberle denunciado.
“Un tiroteo a través de la frontera es por definición un incidente internacional”, ha explicado el juez Samuel Alito, redactor del fallo. “Una demanda de un tiroteo a través de la frontera tiene implicaciones de relaciones internacionales y seguridad nacional”. La juez Ruth Bader Ginsburg, que ha votado en contra junto con los otros tres jueces nombrados por Administraciones demócratas, ha defendido en su escrito de discrepancia que los disparos se produjeron en el lado estadounidense de la frontera, de modo que no ha lugar a las preocupaciones de la mayoría conservadora sobre aplicar la ley estadounidense en territorio extranjero.
“Lamentablemente, la muerte de Hernández no es un incidente aislado”, ha escrito la juez Ginsburg, que ha recordado “un informe de 800 quejas de supuestos abusos físicos, verbales o sexuales contra agentes de la Guardia Fronteriza entre 2009 y 2012”. El fallo se da a conocer el mismo día en que el presidente Trump, de viaje oficial en la India, ha arremetido contra las jueces Ginsburg y Sonia Sotomayor y ha defendido que deberían recusarse en casos relacionados con él por su supuesto sesgo en contra.
El fatídico día de 2010, Sergio Hernández se encontraba jugando con tres amigos en el lecho seco del río Bravo que separa las ciudades de El Paso (Estados Unidos) y Juárez (México). Se retaban unos a otros a correr al otro lado de la frontera sin marcar, tocar la valla que hay en el lado estadounidense y correr de vuelta a lado mexicano. El agente Jesús Mesa arrestó a uno de los jóvenes por cruzar ilegalmente la frontera, pero Hernández escapó y corrió al lado mexicano. Entonces, Mesa sacó su arma y disparó a unos 18 metros de distancia, matando a Hernández de un tiro en la cabeza.
Las autoridades estadounidenses concluyeron que el agente Mesa disparó en legítima defensa, en respuesta a las piedras que le arrojaba un supuesto grupo de contrabandista al que dijeron que pertenecía el joven. Pero un vídeo difundido poco después mostró que Mesa no estaba siendo atacado y disparó varias veces contra Hernández, que iba desarmado y no arrojó nada contra el agente. La fiscalía mexicana acusó a Mesa de homicidio, pero Estados Unidos rechazó la extradición. Entonces los padres demandaron, pero los tribunales desestimaron su caso alegando, se ha hecho firme este martes, que la protección constitucional contra el uso de excesiva fuerza no se extiende a los extranjeros.
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