Tiroteado desde Estados Unidos, muerto en México

El fallecimiento de Hernández en el lado mexicano de la frontera entre Juárez y El Paso (Texas), llega a la máxima instancia judicial de EE UU en el preciso instante en que el presidente, Donald Trump, defiende la necesidad de desplegar más agentes fronterizos, aumentar sus competencias y terminar la construcción de un muro en la frontera para luchar contra la inmigración ilegal.

El Supremo tiene delante un caso único. Si Mesa hubiera disparado desde suelo mexicano, estaría violando la prohibición de actuar en territorio extranjero. Si tanto el agente como la víctima, de 15 años, estuvieran en EE UU, este país reconoce la igualdad de la víctima ante la ley, por lo que sus padres podrían exigir una indemnización y la condena de Mesa ante la justicia. Pero los jueces nunca han respondido a la pregunta de cuáles son sus derechos si el agente dispara desde otro país.

El gobierno estadounidense alega que Mesa actuó en defensa propia porque tanto Hernández como sus amigos le estaban arrojando piedras, algo que desmintieron posteriormente los vídeos de varios testigos. Los adolescentes jugaban en un canal que ejerce de línea divisoria en la frontera. En el lado mexicano, la vía está flanqueada por un muro; en el de EE UU, por una valla de casi seis metros de altura. El juego de los chavales consistía en correr hasta el otro lado del canal, tocar la valla y regresar a suelo mexicano.

El agente Mesa, que patrullaba la zona en bicicleta, consideró que eran “inmigrantes ilegales introducidos en EE UU”, atrapó a uno de ellos y mientras le sujetaba disparó contra Hernández, que se refugiaba tras el pilar del puente Paso Del Norte que conecta la ciudad de El Paso con Juárez. Hernández murió de un impacto de bala en la cabeza.

Los abogados de Hernández alegan que el incidente lo podría haber provocado cualquiera de los 44.000 agentes federales que patrullan la frontera sur de EE UU, por lo que piden que sus actividades estén reguladas de manera que se evite un nuevo suceso similar. La acusación asegura que desde 2010 ha habido una decena de casos iguales que han derivado en la muerte de seis ciudadanos mexicanos.

“Los agentes fronterizos tienen prohibido entrar en México, cosa que el agente Mesa no hizo, pero eso no significa que no haya violado otras leyes”, alegó el abogado de los padres de Hernández, Robert Hilliard. El letrado recordó que el Gobierno de México ha presentado una declaración escrita, en defensa de los derechos del joven fallecido, y en la que alega que “EE UU viola su soberanía cuando dispara dentro de su territorio”.

Los jueces más conservadores de la Corte se mostraron escépticos ante el reconocimiento de los derechos de un ciudadano extranjero que resulta muerto o herido por los disparos de un agente desde EE UU desde este territorio. El Juez Anthony Kennedy, cuyo voto puede resultar decisivo, declaró que los encargados de resolver las compensaciones en casos como éste son los gobiernos de ambos países implicados. Kennedy argumentó que los asuntos fronterizos son “una de las áreas más sensibles de la política exterior”.

Sin embargo, el ala más progresista del Tribunal demostró su voluntad de revisar la legislación actual en el caso de un incidente ocurrido en una localización y unas circunstancias tan concretas como la muerte de Hernández. “El agente fronterizo disparó desde EE UU”, recordó la juez Ruth Bader Ginsburg. “Su conducta está gobernada por la ley de EE UU que regula la actividad de los agentes de EE UU que operan dentro del territorio de EE UU”.

La juez Elena Kagan añadió que, si la ley no limita lo que ocurre en los límites fronterizos, EE UU estará creando una “tierra de nadie” en la que los agentes de seguridad no tendrían que responder por sus actos y que no estaría gobernada ni por un país ni por otro. Sonia Sotomayor, la primera juez hispana del Supremo, se sumó a esta preocupación: “¿Cómo podemos asegurarnos de que los agentes pagan por sus actos si se ponen a disparar indiscriminadamente hacia México?”. La respuesta la dará el Supremo en una sentencia prevista para los próximos meses y que puede limitar las competencias de los agentes fronterizos de EE UU en un momento en que Trump quiere reforzarlas.