México presiona a EE UU para que aclare la muerte de un menor en la frontera

La muerte de un joven mexicano de 16 años el pasado miércoles tras ser disparado por varios agentes de la Policía de Frontera de Estados Unidos en Nogales, un municipio fronterizo entre Sonora y Arizona, ha levantado la indignación de las autoridades mexicanas que han exigido al Gobierno de su vecino del norte que lleve a cabo una “investigación exhaustiva y transparente” sobre el suceso. A través de un comunicado, la Embajada de México ha llamado la atención sobre la preocupación por el “recurrente uso de la fuerza” por parte de los miembros de ese cuerpo de seguridad.

Sobre las once y media de la noche del miércoles, varios agentes estadounidenses abrieron fuego contra José Antonio Elena y otros jóvenes que habían empezado a lanzarles piedras desde la parte mexicana de Nogales, para impedir la captura de dos contrabandistas que habían dejado un alijo de droga en la frontera de EE UU -algo habitual en la zona, explican desde la Embajada mexicana-. En un comunicado enviado a la prensa, la Policía de Frontera de Tucson aseguró que sus oficiales -cuyo número exacto no ha sido revelado- habían exigido a los "sospechosos que pararan de apedrearles" y que, al no obedecer sus órdenes,"abrieron fuego".  El menor fue hallado a la mañana siguiente abandonado sobre la acera de la calle Internacional de Nogales con ocho impactos de bala en el cuerpo.

El fallecimiento de Elena no es un hecho aislado. A principios de septiembre, otro ciudadano mexicano falleció como consecuencia de los disparos de agentes de Frontera de EE UU en Laredo. Desde el mes de julio, se han registrado tres incidentes similares en los que la policía estadounidense siempre ha alegado que previamente habían sido atacados a pedradas. El Gobierno mexicano ha tildado en todas las ocasiones de “inaceptable” el “desproporcionado uso de la fuerza” por parte de la Policía de Frontera de su vecino del norte y, este jueves, ha exigido que “la investigación sea llevada hasta sus últimas consecuencias y derive en todas las sanciones que correspondan”, de acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana.

Fuentes de la Embajada de México han confirmado a este periódico que las Administraciones de ambos países están llevando a cabo conversaciones para tratar de resolver el conflicto cuanto antes y esperan algún tipo de resultado en las próximas 24 o 48 horas. Un período de tiempo que se antoja corto para el FBI de Tucson, encargado de la investigación del tiroteo. Un portavoz de esa Agencia Federal ha indicado a EL PAÍS que “están trabajando a conciencia para aclarar el incidente" pero que "los tiempos son largos y las pruebas que recopilen primero deberán ser entregadas a la oficina del fiscal general que es quien tiene la última palabra”.

Aunque la colaboración entre los agentes de policía de México y EE UU ha mejorado ostensiblemente en los últimos años -como se puso de manifiesto hace dos semanas con la muerte de un patrullero estadounidense por disparos que, finalmente se demostró, gracias a la cooperación del país vecino, que se debió a fuego amigo-, las autoridades mexicanas siguen recelando de la falta de transparencia y de la impunidad con la que parecen solventarse los procesos de investigación sobre los incidentes provocados por los agentes de Frontera. No quieren José Antonio Elena se convierta en un nuevo Sergio Hernández-Guereca, un joven mexicano de 15 años asesinado en 2010 por un policía de Frontera de EE UU en El Paso, Tejas. Su muerte fue grabada en vídeo pero el Departamento de Justicia no encontró pruebas determinantes para procesar al agente.

Sean Chapman, el abogado del agente implicado en el tiroteo del miércoles, declaró al diario Arizona Star que la Policía de Frontera está autorizada a disparar si se ve amenazada de muerte, y en esa amenaza, según el letrado, se incluyen el lanzamiento de piedras. El problema es que, por ley, los miembros de ese cuerpo de seguridad no están obligados a hacer público el protocolo que determina el uso legítimo de la fuerza ni a dar a conocer en qué casos concretos están autorizados a disparar.

Esta opacidad explica por qué desde mayo de 2010 se han registrado al menos ocho casos de uso extremo de la fuerza por parte de la Policía de Frontera contra inmigrantes desarmados e indefensos que han acabado falleciendo y sin una investigación penal por parte de la Justicia de EE UU, según denunciaba el documentalista mexicano José Carlos Frey en un artículo publicado por Los Ángeles Times.