Keiko Fujimori vuelve a prisión por un año y tres meses ante el temor de la Justicia a que se fugue

La lideresa de la oposición en Perú, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos durante la campaña presidencial de 2011, ha vivido dos meses de libertad antes de que un juez de investigación preparatoria dictara este martes su retorno a la prisión preventiva, esta vez por 15 meses. El magistrado determinó que existe un riesgo de fuga luego de que la política peruana no tuviera arraigo laboral ni domiciliario en el país sudamericano. La Fiscalía peruana ha investigado a la hija mayor del autócrata y expresidente Alberto Fujimori por haber recibido más de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. 

El juez Víctor Zúñiga indicó que, dado el pronóstico de pena mayor a cuatro años de prisión efectiva, hay riesgo de fuga. Al juez Zúñiga le llamó la atención que Fujimori y su esposo vivan hace siete años en un piso alquilado por el que pagan una renta alta que sería equivalente a una cuota de crédito hipotecario, "de acuerdo a la máxima de experiencia del común de los peruanos". Destacó que la pareja, pese a la posibilidad de mejorar su calidad de arraigo de posesiones y de domicilio por sus altos ingresos, no lo haya hecho. La excongresista fujimorista solo tiene registrada a su nombre una camioneta.

La empresa brasileña Odebrecht  aportaba a campañas electorales, como la de Fujimori, con la expectativa de que los políticos favorecieran a la empresa cuando ascendieran al poder. De acuerdo con las declaraciones que el Equipo Especial Lava Jato de Perú obtuvo de ex ejecutivos de Odebrecht el dinero entregado a la campaña de Fuerza 2011 (ahora llamada Fuerza Popular) procedía de la división de sobornos denominado Departamento de Operaciones Estructuradas. 

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El juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga, resolvió dictar la prisión preventiva luego de once largas sesiones, que empezaron el pasado 26 de diciembre, en las que escuchó al fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Lava Jato, y a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. La imputada no asistió a las audiencias ni hizo uso de su derecho a la última palabra.

El juez Zúñiga acogió casi todos los elementos de convicción que presentó el fiscal Pérez acerca de la presunta comisión del delito de lavado de activos, por parte de Fujimori, como cabeza "de una organización paralela" al partido Fuerza 2011, la formación con la que postuló a la presidencia por primera vez.

El magistrado citó numerosas declaraciones de testigos, de investigados y de colaboradores eficaces que describieron cómo desde la "cúpula de la organización criminal" reclutaron falsos cooperantes que firmaban recibos de dinero que no habían donado a la campaña, mientras otras personas de confianza depositaban el dinero procedente de Odebrecht -y de otros empresarios millonarios peruanos- a la cuenta bancaria del partido fujimorista. La organización política declaró esos aportes simulados a las autoridades electorales en 2011 y, a lo largo de las 12 sesiones de la audiencia judicial quedó revelado cómo defraudó el Estado.

El 18 de noviembre, el principal banquero de Perú, Dionisio Romero Paoletti, declaró, antes de dar testimonio en la Fiscalía, que había aportado más de 3,6 millones de dólares en efectivo, entregado en maletines, a la campaña electoral de la heredera de la dinastía Fujimori. Argumentó que lo hizo para contrarrestar la influencia del chavismo, que él creía encarnado en Ollanta Humala, el contendiente de Keiko Fujimori. Otros dos grandes empresarios, Vito Rodríguez y Juan Rasmuss aportaron 200.000 dólares y 4,8 millones de dólares respectivamente a la misma campaña, según declaraciones recogidas por el Equipo Lava Jato del Ministerio Público.

"El dinero que proviene de Odebrecht se habría intercalado con el dinero de origen lícito que proviene de empresarios [peruanos] para evitar que se identifique en qué situación se introdujo [al partido] el dinero de fuente lícita y el de fuente ilícita", afirmó el juez Zúñiga.

En la parte final de la lectura de la resolución, que duró ocho horas, el juez Zúñiga evaluó las relaciones de la investigada Fujimori y congresistas fujimoristas cercanos a ella con tres fiscales supremos investigados por su vínculo o supuesta pertenencia a la trama de corrupción del sistema de justicia, llamada Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal que lideró el depuesto juez supremo César Hinostroza.

Aunque varios jueces y fiscales bajo investigación por esa red están detenidos o separados de la magistratura temporalmente por dicha causa, los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodriguez han seguido entre 2019 y 2020 obstaculizando la labor del Equipo Lava Jato, mediante investigaciones de control interno y desprestigiando las pesquisas en la prensa. Los tres fiscales y el exjuez Hinostroza fueron protegidos por la mayoría fujimorista hasta que el Congreso fue disuelto a fines de septiembre último.

Fujimori vio la lectura de la resolución de Zúñiga en casa de su madre y 20 minutos antes de que esta concluyera, se apersonó a la sede de la Sala Penal en el centro de Lima. Fue detenida y luego conducida a una cárcel mientras el Instituto Nacional Penitenciario tramita su ingreso a una prisión. 

Mientras la lideresa opositora ingresaba a la cárcel, decenas de ciudadanos llegaron a las afueras de la Sala Penal, algunas con banderolas y disfraces alusivos a la corrupción del fujimorismo, celebrando la decisión del juez Zúñiga. El pequeño grupo de seguidores fujimoristas, en tanto, se retiró y quedaron en el asfalto algunos globos de color naranja, distintivo del partido.