Los fiscales de Lava Jato planearon buscar pruebas para apartar a un juez del Supremo brasileño

Los fiscales de la operación Lava Jato contra la corrupción en Brasil se esforzaron en recopilar datos e información sobre el magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes con el objetivo de declararlo sospechoso o pedir su destitución. Liderados por el coordinador del equipo de investigación en la ciudad de Curitiba, Deltan Dallagnol, fiscales y asistentes se movilizaron para examinar decisiones y sentencias del juez para fundamentar su ofensiva, pero fueron más allá. Planearon activar a investigadores en Suiza para intentar reunir munición contra Mendes, aunque investigar hechos relacionados con un miembro de la corte suprema sobrepasase sus competencias constitucionales, según los especialistas entrevistados por EL PAÍS. La estrategia contra el magistrado Mendes se discutió a lo largo de varios meses en conversaciones privadas de miembros del equipo de fiscales por medio de la aplicación Telegram, que fueron enviadas al medio The Intercept por una fuente anónima y analizadas en colaboración con este diario.

En la guerra contra el magistrado del Supremo, los fiscales se mostraron particularmente animados el 19 de febrero de este año. “Chicos, esta historia de Gilmar hoy!!! (...) Que Paulo Negro ha sido arrestado”, empieza Dallagnol en un chat que reúne a fiscales del equipo. La conversación sigue y se revela la idea de rastrear una posible relación entre el juez y Paulo Vieira de Souza, Paulo Negro, detenido en Curitiba, ya condenado en la operación Lava Jato y sospechoso de ser testaferro de políticos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Se apostaban a que Mendes, que ya había concedido dos hábeas corpus a Paulo Negro, aparecería como beneficiario de cuentas y tarjetas que el condenado tenía en Suiza, un material que ya estaba siendo analizado por investigadores del país europeo.

La reacción de Mendes, el juez del Supremo, ha sido inmediata. “Los fiscales sacan conclusiones completamente irresponsables”, ha declarado en la sede del tribunal, en Brasilia, antes de la sesión de este martes. “Me parece que es la revelación de un cuadro de desmanes”, ha añadido sobre las informaciones publicadas por este diario y The Intercept.

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El fiscal Roberson Pozzobon dice en el grupo “y si hay una para Gilmar... jajajaja”, en referencia a las tarjetas del condenado vinculado al PSDB. La posibilidad de investigar datos de un magistrado del Supremo sin querer se trata como una ironía. “Estarías investigando a un magistrado del supremo, robinho... no puedes”, responde el fiscal Athayde Ribeiro da Costa. “Ahhhaha”, escribe Pozzobon. “No es que lo estemos buscando”, ironiza. Dallagnol entonces añade que la petición a Suiza debe ser más específica: “mmmmh, creo que podríamos hablar con los suizos sobre estrategia y eventualmente añadir el pedido específico de la tarjeta y de otras personas vinculadas a la misma cuenta”, escribe. El equipo de fiscales de Curitiba alega que los mensajes filtrados no son auténticos porque el “material proviene de un crimen cibernético y se ha utilizado editado o fuera de contexto para fundamentar acusaciones y distorsiones que no se corresponden con la realidad”.

La publicación de conversaciones privadas entre los miembros del equipo de fiscales del caso Lava Jato entre sí y con el entonces juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia, ha generado crecientes dudas sobre sobre si los primeros se excedieron en sus competencias y la imparcialidad del segundo. El mayor caso de corrupción de Brasil ha supuesto un terremoto político con más de 150 personas condenadas -entre ellas el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, además de buena parte de los políticos y empresarios más poderosos del país,- y ramificaciones en otros países de la región.

En los mensajes, que EL PAÍS ha decidido mantener en su grafía original, todo empieza porque Dallagnol comenta que entre los fiscales de la Lava Jato destinados a São Paulo se rumorea que parte del dinero que Paulo Negro mantiene en cuentas en el extranjero pertenece al juez Mendes. “¿Pero ese rumor existe de verdad?”, pregunta el fiscal Athayde Ribeiro da Costa. “Los del equipo de São Paulo dicen que les ha llegado [el rumor]”, responde Julio Noronha. El equipo de los fiscales de Lava Jato en São Paulo afirman a este diario, a través de su asesoría de comunicación, que “nunca ha recibido esa información” sobre ese supuesto vínculo. Y ha añadido que, si la recibiera, la transmitiría a la Fiscalía General de la República, nunca a los colegas de Curitiba.

El artículo 102 de la Constitución brasileña determina que los magistrados del Supremo solo pueden ser investigados con la autorización de sus pares, a no ser que surjan en una investigación en curso, lo que se denomina investigación cruzada. En ese caso, le compete investigar necesariamente a la Fiscalía General. Celso Três, un fiscal en ejercicio sin relación directa con el caso, comenta a EL PAÍS que estos diálogos muestran una “violación grave del debido proceso legal”. En su opinión, los fiscales de Curitiba demostraron en las conversaciones que tenían intención de desviar la finalidad de la investigación con el objetivo de alcanzar al magistrado del Supremo. “No estoy defendiendo a Gilmar, pero está muy claro que iban tras él”.

EL PAÍS ha preguntado a los fiscales de Curitiba si pidieron información a los investigadores suizos sobre posibles conexiones entre Mendes y Paulo Negro. Y, en caso de que hubieran encontrado indicios, si los enviaron a la instancia superior. A través de su asesoría de comunicación, han respondido que no descubrieron “ningún indicio de que las tarjetas de la cuenta de Paulo Vieira de Souza (Paulo Negro) se hubieran emitido para cualquier autoridad aforada por prerrogativa de su función”. “Cualquier ilación en este sentido, por parte de quien sea, sería mera especulación”, han resaltado. Insisten en que siempre que surgen indicios de la implicación en delitos de personas aforadas, el equipo de investigación los envía a la Fiscalía General de la República y al Supremo Tribunal Federal.

El fiscal Três comenta que los fiscales podrían enviar a la Fiscalía General material sobre el juez Mendes siempre que las pruebas hubieran sido halladas accidentalmente en el transcurso de alguna investigación. “Eso presupone fundamentalmente que la prueba te caiga del cielo”, afirma. “No existe el descubrimiento fortuito de una prueba cuando buscas algo”, añade.

Consciente del campo minado en el que se encontraba, Dallagnol intenta ser precavido: “Y nosotros no podemos dar a entender que investigamos a GM”, dice en determinado momento, refiriéndose a Gilmar Mendes. Pero, a continuación, afirma: “Si se confirma que son uña y carne, será un escándalo”, dice sobre la relación próxima entre el magistrado y el operador. Y sugiere: “Vale la pena ver las llamadas de PN (Paulo Negro) a los teléfonos del Supremo”, resalta, refiriéndose a Paulo Negro. La semana pasada, el diario Folha de S. Paulo y The Intercept revelaron que Dallagnol también intentó buscar información sobre el actual presidente del Tribunal Supremo, Antonio Dias Toffoli.

Los mensajes analizados indican que Dallagnol busca sistemáticamente maneras de apartar de la Lava Jato a Mendes, pero no solo es crítico con no él. “Sueño con que Toffoli y GM acaben fuera del Supremo jajajaja”, comenta. El fiscal moviliza a asistentes para producir un documento para mostrar “eventuales incongruencias [de Mendes]” en el caso. A lo largo de varios años, insiste en la posibilidad de declararlo sospechoso, lo cual han intentado los fiscales este mismo año, sin éxito. Dallagnol también intenta emprender un proceso de destitución. Sus colegas, sin embargo, lo frenan. “Calma, Deltan”, dice la fiscal Laura Tessler.