Venezuela se enreda aún más en su laberinto institucional

El hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo de Venezuela se ha convertido en un salón de usos múltiples. El martes dos juntas directivas —una, la de Juan Guaidó, electa con voto y quórum verificados y con mayoría de parlamentarios y otra, la de Luis Parra, no— negándose una a la otra, dieron inicio al período de sesiones de dos Parlamentos. Este miércoles, la Asamblea Nacional Constituyente, constituida ilegalmente en 2017 como un contrapoder legislativo para la oposición, también usó la sala para una sesión en la que su presidente, Diosdado Cabello, aseguró que frente al conflicto de la Asamblea Nacional seguirían tomando decisiones.

El laberinto institucional que vive el país sudamericano se ha complicado aún más en apenas cuatro días. Luis Parra, autoproclamado presidente de la AN en una sesión totalmente irregular, da ruedas de prensa desde el despacho del Palacio, publica videos ingresando con escoltas al recinto y entre sus primeras medidas conformó una comisión para notificar al resto de los poderes públicos el cambio de mando en la AN e iniciar la “reinstitucionalización” del legislativo.

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La palabra es también parte del nuevo discurso del chavismo. Pero la junta de Parra, más allá de los visos de ilegalidad de su nombramiento, en el juego político enfrenta el mismo problema de bloqueo jurídico que ha atravesado por cuatro años el parlamento opositor, declarado en desacato por el Tribunal Supremo, aliado de Maduro. Una medida política originada en la impugnación de tres diputados indígenas que sigue sin resolverse y que está soportada por más de 100 sentencias dictadas en cuatro años para limitar las actuaciones de la AN, que tendrían que deshacerse ahora para hacer posible esa “reinstitucionalización” que ahora prometen. Un bloqueo que también se le ha devuelto como búmeran al chavismo.

“Hay decisiones, firmas de acuerdos y contratos o créditos internacionales que, como dicta la Constitución, deben pasar por el Parlamento, para ser válidos, como el crédito de la CAF que pidió el gobierno hace un tiempo. Esta medida política in extremis de forzar una nueva junta directiva, dejando de lado a Guaidó, es una muestra del fracaso que tuvo la Constituyente como poder paralelo”, opina el abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia. Es un camino que se le ha cerrado a Maduro y que ha complicado su mando en el escenario actual de sanciones internacionales y cerco diplomático.

Para la toma de otras medidas que pueden ser cruciales en este momento político tampoco hay bases. La elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral, un requisito prioritario para ir a unas elecciones parlamentarias como presidenciales, pasaría por la votación de una mayoría calificada que no la tiene Parra y ahora, luego de las bajas, tampoco Guaidó. Esto podría convertirse nuevamente en una casilla en el juego político en el que Supremo nombre a los miembros del poder electoral, como ya lo ha hecho, aún sin que esto esté dentro de sus competencias. “Lo ocurrido en la AN lo que ha hecho es complicar aún más la crisis del país. Decir que no se ha debilitado la institucionalidad de la AN es mentir, porque antes había al menos un respeto del Poder Ejecutivo a que sesionaran. Esto también pone más cuesta arriba la posibilidad de llegar algún acuerdo político para atender la grave crisis política que vive el país, mientras ocurre el caos en la AN. Al poder reelegir a Guaidó se pudo sortear parte de los obstáculos, pero este tendrá que tomar otras medidas para afirmar su institucionalidad”, agrega Daniels.

Maduro ha reconocido a Parra casi inmediatamente como presidente. Pero este comanda un Parlamento que perdido más de la mitad de los 167 curules del que está pintado en la Constitución. Allí, de acuerdo con los números imprecisos que ha soltado, es minoría en su propio patio, pues unos treinta diputados forman parte de la nueva oposición que ha prometido construir y 51 son de la bancada chavista, que asegura aún rechazarlo.