El acuerdo de la era post-Brexit que salva el precipicio pero no evita la caída

El acuerdo comercial cerrado este jueves por Bruselas y Londres evitará un descalabro económico, fronterizo y aduanero el próximo 1 de enero pero no impedirá que los flujos económicos entre la UE y el Reino Unido sufran el impacto del Brexit. El antiguo socio comunitario pone fin también el 31 de diciembre a su pertenencia al mercado interior y a la unión aduanera, una salida que obligará a las empresas a adaptar una actividad de importación y exportación que pasará de ser fluida y sin apenas cortapisas a soportar una maraña de declaraciones fiscales, aduaneras y de origen de los productos. El papeleo y los controles pueden reducir unos intercambios que ahora superan los 500.000 millones de euros al año.

Ciudadanos

El acuerdo no afectará a los derechos de los más de tres millones de ciudadanos europeos residentes en suelo británico ni al millón largo de británicos en territorio de la UE. Su situación quedó zanjada por el Acuerdo de salida de la UE, vigente desde el 1 de febrero, que les garantiza de por vida el mantenimiento de los derechos adquiridos (de residencia, de trabajo, etcétera). A partir del 1 de enero, sin embargo, los ciudadanos de la UE que visiten el Reino Unido solo podrán hacerlo durante un máximo de tres meses, sin derecho a trabajar o estudiar. Para estancias más largas, será necesario solicitar visado. Desde el 1 de octubre de 2021, además, ya no bastará con el documento nacional de identidad para cruzar la frontera y será necesario pasaporte. Solo los ciudadanos de la República de Irlanda estarán exentos de estas normas y seguirán disfrutando la misma libertad de movimiento en el Reino Unido que hasta ahora.

Vehículos

Los permisos de conducir europeos seguirán siendo válidos en el Reino Unido, sin necesidad de solicitar un permiso internacional. Pero la entada con un vehículo requerirá una carta verde u otro documento que acredite la cobertura de un contrato de seguro.

Importaciones

El tratado comercial regulará el comercio de bienes entre la UE y Reino Unido. El proyecto de acuerdo prevé mantener la exención de aranceles y de cuotas que han regido durante la pertenencia del Reino Unido a la UE. Ese privilegio, que no tiene ningún país tercero en su relación con la UE, permitiría mantener el importante volumen de intercambios que hay en la actualidad. En 2019, las exportaciones de la UE al mercado británico rozaron los 300.000 millones de euros, y en sentido inverso superaron los 190.000 millones de euros.

Aduanas

Pero el acuerdo comercial no evitará la introducción de controles aduaneros y de declaraciones fiscales, lo que complicará previsiblemente la importación y exportación. Solo en transporte rodado, más de 4,4 millones de camiones atraviesan el canal de la Mancha según IRU, la organización mundial de transporte por carretera. La inmensa mayoría (cuatro millones) pasa por el puerto de Dover, donde el cierre esta semana de la frontera francesa durante solo 48 horas para frenar la expansión de la covid-19 ha provocado un atasco de más de 10.000 camiones. El Gobierno de Boris Johnson tiene previsto aplicar los controles fronterizos de manera progresiva durante los próximos meses para facilitar la transición. Las aduanas europeas, en particular las francesas, también han agilizado procedimientos y algunas de las declaraciones se pueden presentar antes o después del paso fronterizo. Pero el folleto británico para explicar los trámites que deberán cumplir las empresas de transporte y los camiones ocupa 40 páginas, y el francés, más de 60, lo que da idea de la pesadilla que podría llegar a ser el cruce de una frontera que hasta ahora solo existía en los mapas. Solo en el lado británico, Londres espera contar con 50.000 agentes de aduanas para llevar a cabo los nuevos controles.

Competencia desleal

La apertura recíproca de los mercados se basaba hasta ahora en la aplicación de una normativa comunitaria vigente a ambos lados del canal de La Mancha. Pero esa legislación, que es el fundamento del mayor mercado interior del mundo, dejará de aplicarse en Reino Unido el 31 de diciembre. La confianza que se daba ahora por descontada se convertirá el 1 de enero en una desconfianza mutua. El acuerdo establece un mecanismo de vigilancia y represalias en caso de alguna de las partes se sienta perjudicada por las ayudas públicas de la otra o por sus políticas sociales, laborales y medioambientales. En unos casos, se aplicará un sistema de arbitraje y en otros se someterá la disputa a un panel de expertos. En ningún caso intervendrá el Tribunal de Justicia europeo, tal y como reclamaba Londres. El acuerdo también impone total transparencia en ayudas de Estado y el derecho de reclamar en los tribunales respectivos una posible recuperación de los subsidios si distorsionan la competencia.

Pesca

La disputa sobre el sector pesquero ha sido el punto final de la negociación. Y tras un largo regateo ambas partes han pactado un recorte del 25% del valor de las capturas de la flota pesquera en aguas británicas, con un período de transición de cinco años y medio. Londres calcula que el beneficio para su flota será de 162 millones de euros al año. Sin embargo, casi un 20% de la flota británica pertenece a filiales de compañías europeas por lo que los vasos comunicantes de esas compañías reducirán el impacto en el lado continental. Reino Unido sí logra que al final del período transitorio la negociación de las cuotas sea año a año, una posibilidad a la que se resistía la UE. A cambio, Bruselas se reserva el derecho de adoptar represalias comerciales compensatorias, sujetas a un arbitraje, en caso de que se deniegue el acceso a aguas británicas a los pescadores europeos.

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