Bruselas plantea una norma para borrar en una hora contenidos que promuevan el terrorismo en Internet

Con los recientes atentados en Francia, Austria y Alemania frescos en la memoria, y menos de un mes después del quinto aniversario del terrorífico ataque a la sala Bataclan en París, la Unión Europea avanza en su estrategia frente al fanatismo violento con una nueva agenda antiterrorista. El texto, aprobado este miércoles en Bruselas por el Colegio de Comisarios, aglutina una larga batería de propuestas con el fin de dar una “respuesta colectiva” ante un “peligro real y presente” y salvaguardar así las “sociedades plurales”, los “valores comunes” y el “estilo de vida europeo”, afirma el texto aprobado.

La nueva estrategia busca reforzar la cooperación policial entre países, aprovechar las herramientas de inteligencia artificial y rastreo de datos para agilizar investigaciones y plantar cara al terrorismo en el mundo virtual, ese en el que “la difusión de ideologías radicales y de material de orientación terrorista se acelera mediante el uso de la propaganda en línea”. La medida estrella pretende contrarrestar esta radicalización dando la posibilidad de suprimir de Internet contenidos terroristas en menos de una hora, con la colaboración de las plataformas y redes sociales. Esta propuesta se remonta a 2018, pero su regulación se ha ido enquistando en el debate con el Parlamento Europeo, por las dudas que plantea el excesivo papel que podría concederle a los países para solicitar a las compañías tecnológicas que supriman contenidos. Y porque se adentra en ese terreno pantanoso en el que la seguridad choca con la privacidad y la libertad de expresión.

“Por supuesto que hay que proteger la privacidad, pero no debemos ser naíf”, replica la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, en una entrevista realizada este martes. “También tenemos que proteger la seguridad de las personas. Y eso significa que si queremos ir tras los terroristas, tenemos que estar en Internet. Es importante que encontremos a las comunidades que difunden mensajes de odio”.

La comisaria Johansson confía en poder llegar a un acuerdo “antes de Navidad” para que si un Estado pide a una plataforma de Internet que elimine un contenido terrorista, este desaparezca en menos de 60 minutos. “Necesitamos poder eliminar este material rápidamente”, asegura. La regulación se complementará con la llamada Ley de Servicios Digitales, que exigirá a las compañías actuar de forma responsable y a proporcionar a los usuarios la forma de denunciar contenidos.

Algunas organizaciones de defensa de derechos fundamentales han hecho oír sus quejas. A la Comisión Internacional de Juristas, que aglutina a jueces y abogados de diferentes países, le preocupa que se bordeen con la nueva regulación algunos principios básicos del Estado de derecho. “Se corre el riesgo de una supresión inadecuada y exagerada de contenidos que socavaría la libertad de expresión y otros derechos en línea”, protesta en un comunicado. También preocupa la posibilidad de que la nueva normativa permita a los gobiernos abrir puertas traseras a las comunicaciones encriptadas de servicios como WhatsApp, algo que la Comisión describe en el texto presentado como una búsqueda de “soluciones jurídicas, operativas y técnicas para el acceso legal” a estas comunicaciones.

La Comisión desmarca este nuevo pacto antiterrorista de la cruzada del presidente francés, Emmanuel Macron, contra lo que este denomina “separatismo islamista”. La propuesta ni siquiera lleva en su texto la palabra islam. Pero sí se pretende actuar frente a las raíces del problema de la radicalización. Aunque la mayoría de medidas sociales en esta materia se anunciaron hace un par de semanas, con un plan de integración de migrantes para frenar los cantos de sirena que ofrece el extremismo a los más vulnerables, la agenda antiterrorista propone intensificar, por ejemplo, los programas en prisiones, uno de los grandes focos de contagio de ideas terroristas en el mundo físico.

El margen de actuación de la UE en el campo antiterrorista es limitado, ya que la mayoría de competencias recaen sobre los Veintisiete. Aún así quedan áreas en las que puede actuar. Para proteger el espacio Schengen, Bruselas propone “reforzar” la seguridad en la frontera a través del llamado Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, por sus siglas en inglés), con el fin de chequear con unos días de antelación a los viajeros procedentes de países extracomunitarios a los que no se requiere visado. También busca actuar sobre el urbanismo de las ciudades, para promover espacios públicos seguros frente al terrorismo; y fomentar y financiar iniciativas tecnológicas que ayuden a identificar de forma rápida posibles amenazas en la calle.

La Comisión también propone establecer una red de investigadores de movimientos financieros que involucre al Centro de Crímenes Económicos y Financieros de Europol, la agencia policial europea, para poder tener acceso transfronterizo a la información bancaria en los distintos Estados miembros.

De hecho, la presentación de la nueva agenda antiterrorista viene acompañada de un fortalecimiento del mandato de Europol, que le permita incrementar su papel en este tipo de casos transfronterizos en los que se mezclan tecnología y servicios de banca o de comunicaciones y los Estados encuentran un freno; y también dando apoyo a las investigaciones de los países mediante el análisis de voluminosos y complejos conjuntos de datos a través de herramientas de inteligencia artificial. La Comisión propone para ello un incremento de personal de 160 personas (en estos momentos tiene algo más de 1.000) y presupuestario (unos 180 millones de euros adicionales), junto a un mayor escrutinio y supervisión de la agencia.