El Gobierno de Ecuador renueva su cabeza económica ante un final de gestión en el que busca reformas urgentes

Apenas un día después de oficializar que Ecuador había accedido a un nuevo programa de financiación por 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el ministro que inició, guio y remató las negociaciones dejó el cargo. Richard Martínez, el tercer titular de Finanzas del Gobierno de Lenín Moreno, y el de mayor duración tras casi dos años y medio al frente, ha presentado su renuncia cuando faltan cinco meses para las próximas elecciones presidenciales y ocho para hacer la entrega de poderes. Mauricio Pozo, un exministro ducho en hacer ajustes de las cuentas nacionales, fue inmediatamente anunciado como sustituto.

Tras agradecer públicamente la confianza presidencial, el nuevo responsable de la política económica de un país asfixiado por las estrecheces fiscales y deprimido por la pandemia de la covid-19 dio luces sobre el rol que asumirá en la recta final de la administración de Moreno: poner las cuentas internas en orden. “Fortalecer el programa económico y la dolarización, acelerar la recuperación económica y el empleo, enrumbar al país con estabilidad y promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes, serán las consignas de mi trabajo”, lanzó en redes sociales. Más tarde precisó al diario local El Comercio que su legado será dejar listos “los borradores de las reformas tributaria, laboral y al seguro social”.

El Fondo Monetario Internacional había perfilado, como parte del proceso de negociación con el país andino, que la situación económica ecuatoriana requerirá ingresos frescos y un ajuste en el gasto público para revertir en dos años un déficit fiscal de casi 9.000 millones de dólares -en una economía que mueve en torno a 100.000 millones de dólares al año- a un leve superávit de 600 millones de dólares. Para ello, el FMI recogía en su receta un alza en la recaudación de impuestos subiendo tres puntos el IVA, aumentando la base de cotización del Impuesto a la Renta y eliminando algunas exoneraciones. “Las medidas no están escritas en piedra y se puede negociar”, dijo Pozo, poniendo como ejemplo que si hay opciones de reducir el gasto público, no se tocará el Impuesto al Valor Agregado o se hará de una “forma menos intensa”.

El organismo multilateral también ha hecho hincapié en la necesidad de implementar una reforma laboral en el país andino para ajustar el salario básico –que este año ronda los 400 dólares– a los niveles de productividad y en reducir el peso de la nómina de los funcionarios en el presupuesto estatal. “Ocho meses es poco tiempo, pero las reformas serán posibles si hay voluntad política. El FMI ha dado el respaldo para financiarlas”, apunta Gabriela Calderón, investigadora del laboratorio de ideas Cato Institute.

El Fondo Monetario ha desembolsado ya 2.000 millones de dólares de un préstamo a 10 años, con cuatro de gracia y una tasa de interés del 2,9%, por 6.500 millones de dólares. Otros 2.000 millones de dólares llegarán antes de que acabe 2020, según el cronograma de desembolsos para ayudar a enderezar la economía que decrecerá este ejercicio casi un 11 % como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus."Podemos decir que Mauricio Pozo, por su ejercicio en Gobiernos anteriores, dejará las cosas en orden; preparará una transición. Ya ha manejado etapas muy difíciles como la del final del Ejecutivo de Lucio Gutiérrez (2003-2005). Es la primera vez que tenemos a un ministro que habla de reformas", valora la analista económica quien recalca que el ministro saliente mantuvo el modelo económico heredado de la administración de Rafael Correa, pero usando una “retórica de austeridad” que solo se aplicó “gradualmente”.

Martínez, que venía de liderar el Comité Empresarial Ecuatoriano, asumió la responsabilidad de Finanzas en mayo de 2018 y fue el encargado de renegociar con los acreedores internacionales de Ecuador. En agosto, selló la reestructuración de 17.000 millones de dólares en bonos soberanos con una quita de 1.500 millones de dólares, lo que allanó el camino para que el FMI volviera a abrir la mano a un programa de financiación. El rescate pactado un año antes por 5.400 millones de dólares quedó interrumpido por la dificultades del Gobierno de Moreno a la hora de convencer a los demás bloques políticos de la Asamblea de ejecutar las reformas económicas y fiscales exigidas.

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