Los egipcios que no existen: más de un desaparecido al día en el Egipto de Al Sisi

El 11 de abril de 2019, Yehia, un joven egipcio de 24 años, planeaba visitar a un amigo que se encontraba enfermo en un hospital de Maadi, un acomodado barrio en el sur de El Cairo. Poco antes de llegar, ambos hablaron por teléfono, y Yehia mencionó que estaba a solo cinco minutos del lugar. Pero el joven egipcio nunca apareció. A medida que pasaban las horas, la ansiedad de su familia iba en aumento. Primero trataron de contactarle por teléfono, recuerda la hermana del joven, pero su móvil estaba desconectado. Luego intentaron localizarle en casa de alguno de sus amigos, pero nadie le había visto. Al cabo de dos días, le dieron por desaparecido. Las autoridades o bien les dijeron que no sabían nada o directamente declinaron recibirles.

No fue hasta noviembre que la familia conoció el paradero de Yehia. Ese mes, la policía asaltó la casa del padre del joven, que fue trasladado a un centro de detención extraoficial en El Cairo donde estuvo detenido 11 días, según cuenta su entorno. La casualidad quiso que justo en el mismo lugar se encontrara su hijo. Durante ese breve paréntesis, Yehia le pudo explicar que aquel día de mediados de abril había sido arrestado en plena calle y desvanecido en las dependencias policiales.

En el Egipto de Abdelfatá Al Sisi, casos como el de Yehia se han convertido en rutina. En los últimos cinco años, la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades ha podido registrar hasta 2.723 desapariciones forzosas en el país, según un informe publicado en agosto que forma parte de una campaña lanzada en 2015 por esta prestigiosa organización local de derechos humanos con el fin de documentar este fenómeno y asistir a las víctimas. La vertiginosa cifra equivale a unos 10 desaparecidos cada semana durante todo un lustro. En torno al pasado 20 septiembre, en el primer aniversario de las inusuales protestas antigubernamentales que se produjeron en varias ciudades egipcias en 2019, grupos de derechos humanos han documentado un nuevo repunte de esta práctica.

Al final fue en marzo del año pasado, casi un año después de haber sido forzosamente desaparecido por la policía, que el joven reapareció oficialmente en la prisión de máxima seguridad de Tora, en El Cairo, tras haber sido incluido en un proceso judicial. Yehia no ha podido comunicarse aún con su familia y no ve la luz del sol desde hace más de 500 días, lamenta su hermana. “Las personas se convierten en números y [las fuerzas de seguridad] pueden tratarlas como les dé la gana porque si vas a un lugar a preguntar si alguien se encuentra allí van a decir que no y se ha acabado”, se queja la allegada, que es ciudadana de Estados Unidos.

“En tiempos [del dictador depuesto Hosni] Mubarak había desapariciones forzosas, pero menos que ahora. La mayoría de veces las familias de los detenidos recibían confirmación oficial de dónde se encontraba el detenido, mientras que ahora la respuesta por defecto de las autoridades es negar conocer su paradero”, explica Mohamed Lotfi, director de la Comisión Egipcia, que se basa en los criterios de la ONU para elaborar sus informes sobre desapariciones forzosas. El aumento de esta práctica en los últimos años va de la mano de la progresiva erosión de los derechos humanos en Egipto desde la toma del poder de Al Sisi en 2013, así como de la implacable persecución de cualquiera que sea percibido como opositor.

Estas detenciones ilegales suelen ocurrir de madrugada. En la mayoría de casos documentados, es cuando los agentes de la policía, acompañados por algún oficial de la temida Agencia de Seguridad Nacional asaltan la vivienda del sospechoso para arrestarlo sin presentar autorización. A partir de ese momento se pierde el rastro del detenido, que es trasladado a algún centro de detención, a veces de manera extraoficial, donde se le suele torturar hasta sacarle alguna confesión. Entonces, su suerte pasará a estar en manos del oficial al mando de la Seguridad Nacional, cuyos cuarteles son un destino muy frecuente en este tipo de arrestos. “Encontrarse forzosamente desaparecido elimina en última instancia la existencia de una persona y complica su situación jurídica”, nota Yasmin Omar, experta legal del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo (Timep), con sede en Washington.

Por lo general, las desapariciones duran entre dos días y un mes, pero existen casos en los que se prolongan años. La Comisión Egipcia tiene constancia de 18 personas que siguen desaparecidas desde la masacre de Rabaa de 2013. En el caso de reaparecer ante un fiscal, es común que se usen en su contra cargos basados en la investigación de la Seguridad Nacional, incluidas posibles confesiones que haya hecho. “Las autoridades judiciales, en especial la Fiscalía, son cómplices de estos crímenes, ya que no investigan y también rechazan tomar el testimonio de la persona desaparecida sobre las torturas que han sufrido solo porque no hay marcas visibles en el cuerpo”, carga Omar, del instituto legal Timep.

El sufrimiento y la incertidumbre que supone la búsqueda del desaparecido suele ir acompañado de dificultades económicas para la familia. En algunos casos, también llegan a desaparecer sus abogados u otros familiares.

El silencio del Gobierno

Las autoridades egipcias han negado sistemáticamente que se realicen este tipo de prácticas en el país, y han tachado de falsos los distintos informes elaborados por organizaciones de derechos humanos. Su modus operandi es atribuir casos concretos de desapariciones a ausencias de las que se desvinculan o a la adhesión de la víctima a un grupo armado. EL PAÍS ha contactado tres veces con el ministerio del Interior, pero ningún oficial se encontraba inmediatamente disponible para hablar.

“El Estado insiste en negar que perpetra desapariciones y alega que los desaparecidos son ‘terroristas’ que han huido de Egipto, [pero luego] no responde al hecho de que estos mismos reaparezcan detenidos en prisiones egipcias o ante la Fiscalía egipcia”, desliza Lotfi, de la Comisión Egipcia. “Si los oficiales del ministerio del Interior conocen dónde se encuentra un detenido y su familia no, entonces no ha desaparecido porque saben dónde está”, sentencia. “Y esto es exactamente lo que una desaparición forzosa significa”.