Egipto recurre a la ayuda internacional para hacer frente a la debacle económica

Con el recuerdo aún reciente del arduo programa de reformas implementado entre 2016 y 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado un nuevo préstamo de emergencia a Egipto por valor de 2.700 millones de dólares (2.485 millones de euros) para ayudar al país árabe a hacer frente al devastador impacto económico causado por la crisis del coronavirus.

El crédito tiene por objetivo aliviar algunas de las necesidades financieras más urgentes de Egipto contraídas a causa de la pandemia, según detalló el organismo internacional el lunes en un comunicado. La paralización de la actividad ha provocado una severa e inmediata perturbación económica que amenaza con afectar a la estabilidad del país del Nilo.

A pesar de que en las últimas semanas las autoridades han tratado de transmitir calma, asegurando que Egipto se encuentra en buenas condiciones para hacer frente a los efectos de la pandemia, las consecuencias no se han hecho esperar. Entre marzo y abril, sus preciadas reservas de divisas cayeron cerca de un 18% en paralelo a una gran fuga de capitales. El doble batacazo ha coincidido con una fuerte sacudida de sus principales y volátiles fuentes de divisas, con el turismo a la cabeza, así como las procedentes de las remesas de trabajadores en el exterior, las tasas de paso por el canal de Suez o las exportaciones energéticas.

Desde su toma del poder en 2013, el actual presidente egipcio, Abdelfatá Al Sisi, ha hecho de la mejora de la economía, así como de la estabilidad del país, una de las principales piedras angulares de su mandato. Un discurso que le ha permitido retener la confianza de algunos sectores de la sociedad siguiendo la inestabilidad desatada en Egipto tras la Revolución de 2011.

Sus opositores, por el contrario, señalan que las draconianas reformas económicas que ha impulsado el rais han beneficiado solo a una minoría de los egipcios, y que además han ido de la mano del peor período de represión política que ha vivido el país en su historia reciente. El pasado mes de septiembre, Egipto vivió por primera vez desde 2016 inusuales protestas estalladas en varias ciudades del país en gran medida por las políticas de austeridad del gobierno y las acusaciones de corrupción que pesan sobre parte de la élite del régimen.

Para tirar adelante con sus planes domésticos, Al Sisi ha aprovechado también la posición estratégica de Egipto a su favor ante la comunidad internacional, que le ha brindado en todo momento apoyo tanto en el plano económico como político. En esta línea, el rais ha sabido jugar ―a menudo mediante amenazas veladas― las cartas de la estabilidad en una región convulsa, el control de los flujos migratorios, la lucha antiterrorista y los lazos económicos compartidos para obtener el respaldo de sus socios internacionales.

Ahmed Hafez, responsable de investigación en Oriente Próximo y el Norte de África en el banco de inversiones Renaissance Capital, confía en que la fase más delicada ya haya pasado. “Hemos visto lo peor de la fuga de capitales”, asegura, “y dado que las reservas están (al nivel de) cobertura de las importaciones, no parece que sea tan problemático”.

Para aplacar el embate, las autoridades egipcias tuvieron que intervenir rápidamente. A demás de las ayudas del Gobierno a las empresas, el Banco Central de Egipto (BCE) se ha centrado en intentar mantener liquidez en los mercados —bajando tipos de interés al nivel más bajo desde 2016— y salvaguardar el valor de la moneda local, que previsiblemente volverá a devaluarse ligeramente en los próximos meses.

“Hasta ahora, el BCE ha tenido éxito a la hora de proteger el valor de la libra egipcia”, observa Timothy Kaldas, investigador en el Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo, pero ente caso de la liquidez “las cifras recientes indican que su éxito ha sido bastante limitado, dado que la demanda en Egipto ha caído drásticamente y el sector privado experimentó en abril su peor contracción” desde 2011.

El pasado verano, tras concluir el programa económico que habían estado aplicando desde 2016, Egipto y el FMI hicieron frente común para alardear de los resultados. Según arguyeron, la situación macroeconómica del país había mejorado notablemente. En su último informe, sin embargo, el organismo monetario alertó de que el principal riesgo que afronta Egipto es un cambio en las condiciones financieras globales. El nuevo crédito del FMI llega también pocas semanas antes de que el Parlamento egipcio tenga que aprobar un presupuesto que promete mantener la austeridad

La anterior estabilización se basó en gran medida en el incremento de la deuda externa de Egipto, que desde entonces ha aumentado más del doble y cuyo pago representa hoy entorno al 40% del gasto estatal, según el diario local ‘Al Mal’, lo que siembra dudas sobre su sostenibilidad. En abril, la ministra de Cooperación Internacional, Rania al Mashat, pidió a las entidades crediticias que incluyeran a países de ingresos medios, como Egipto, en sus iniciativas de condonación de la deuda para mitigar la crisis del coronavirus.

“El principal problema es que la respuesta de la comunidad internacional (a la crisis actual) ha sido ofrecer liquidez a países con dificultades, considerando que lo más importante es ofrecer recursos para hacer frente a la emergencia inmediata”, señala Daniel Munevar, investigador de la Red Europea de Deuda y Desarrollo. “Pero se ha dejado en el aire qué se hará con el impacto a largo plazo”, agrega, “y ahí es donde empiezan las dudas”.

Las reformas tuvieron también un alto coste social. Según las últimas cifras públicas disponibles, al menos un 32,5% de los egipcios vive hoy por debajo del umbral de la pobreza. Desde el estallido de la pandemia el Gobierno ha impuesto solo un cierre parcial de la economía y un toque de queda nocturno, en un intento de dar cierto margen de maniobra a la vasta economía informal del país para seguir funcionando.

Pero a medida que avanzan los días, el difícil equilibrio está revelando sus límites. En las últimas semanas, medios locales han informado del estallido de varias huelgas y protestas laborales en distintos puntos del país. A pesar de que los contagios aumentan cada vez más rápido y alcanzan ya los 10.000 casos, las autoridades se debaten en el dilema de endurecer el confinamiento o soltar el freno y volver a la normalidad anterior a la pandemia.