Rafael Correa queda definitivamente fuera de la papeleta electoral de 2021, pero coloca a sus candidatos

Las opciones de Rafael Correa para las elecciones de 2021 se desvanecieron en cuanto la Justicia ecuatoriana ratificó su condena de ocho años de prisión por cohecho a inicios de septiembre, pero el correísmo mantenía la esperanza de colocar en la papeleta presidencial dos nombres afines. Esa posibilidad, que quedaba en manos del Consejo Nacional Electoral y de la rigurosidad con que aplicase la normativa sobre aceptación de candidaturas, quedó destrabada este miércoles. Pese a que el exmandatario no cumplió uno de los requisitos iniciales para convertirse formalmente en aspirante a vicepresidente, la autoridad electoral concedió un plazo de dos días a la alianza UNES para buscarle un reemplazo.

Andrés Aráuz, un exministro del Gobierno anterior que pasó desapercibido en la recta final de la Administración correísta, lideraba la papeleta de Centro Democrático, la organización que sirve de base para la coalición recién creada. Como sustituto de Correa se había designado de puertas para adentro a Carlos Rabascall, un periodista que trabajó en la televisión pública. Pero UNES necesitaba que el Consejo Nacional Electoral tumbase formalmente la nominación de Rafael Correa y que , con eso, abriese la puerta a su sustitución.

Hasta la madrugada del jueves no se zanjó la polémica con tres votos a favor y dos en contra de los cinco miembros del CNE. En la decisión final pesó más el derecho a la participación política del binomio correísta que los criterios más apegados a la norma que rechazaban que se permita seleccionar un recambio cuando Correa no había reunido todas las formalidades para ser considerado precandidato.

“No nos corresponde a nosotros obstaculizar la participación o poner freno o límites al libre actuar de las distintas expresiones políticas y programáticas. Corresponde a las diferentes corrientes de pensamiento político presentarse y en una justa contienda electoral, recibir o no la confianza y el apoyo ciudadano”, argumentó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. En contraste, uno de los consejeros de minoría, Luis Verdesoto, había defendido durante la sesión decisiva del pleno electoral que el binomio Arauz-Correa quedase fuera de la carrera electoral y cuestionó la “interpretación libre” de la ley que habían hecho los consejeros de mayoría.

Riesgo de detención

Rafael Correa eludió en agosto presentarse personalmente ante la autoridad, como requiere el reglamento electoral, para aceptar su nominación como aspirante a vicepresidente. Corría el riesgo de ser detenido al entrar en territorio ecuatoriano y optó por firmar un poder a su hermana Pierina Correa -que también participa como cabeza de lista para la Asamblea por el mismo movimiento político- y por comparecer virtualmente desde Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia de Ecuador en 2017.

Después de ese episodio, la Justicia ratificó la condena a ocho años de prisión y los derechos de participación política de Correa quedaron suspendidos por el mismo tiempo. El expresidente quedó así fuera de la contienda electoral de 2021, pero se mantenía la incertidumbre sobre si el binomio correísta podría mantenerse en la carrera presidencial con un plan b. Ahora, la alianza tiene hasta el viernes para completar el binomio con el que irá a las urnas en febrero de 2021.

“Nunca olviden a [(Enrique] Pita y Verdesoto, los delegados de [Guilermo] Lasso en el CNE, que quieren hacer presidente a su patrón por todos los medios. En honor a la verdad, el que más decente siempre se portó es el socialcristiano [José] Cabrera. Tras el fallo, "sin odio pero con memoria”, Correa publicó un mensaje donde hizo referencia a los consejeros electorales de minoría y al candidato del principal partido de oposición.

Simpatizantes correístas, convocados por la alianza UNES, acudieron ante la sede del Consejo Nacional Electoral para “estar vigilantes” ante la decisión. “La batalla por la defensa de la democracia continúa y nos exige movilizarnos masivamente” citaba la invitación a los militantes. El mismo día, el CNE denunció ante la Fiscalía ecuatoriana que los cinco consejeros habían recibido amenazas de muerte por correo electrónico que pretendían “intimidar” e “incidir en la toma de decisiones de las autoridades electorales en la fase de inscripción y calificación de las candidaturas”.