Maduro lanza un paquete de medidas para “blindarse” contra las sanciones de Washington

El presidente venezolano señaló que el proyecto de ley busca “adaptar las instituciones a una situación de guerra”

Nicolás Maduro da una conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores el 23 de septiembre. En vídeo, Maduro pide adaptar el sistema jurídico para hacer frente a sanciones de EE UU.(FOTO: AFP | VÍDEO: EFE)

Nicolás Maduro se prepara para atravesar el último trimestre del año hasta las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. En medio de multitudinarias y crecientes protestas en casi todo el país por las cada vez más precarias condiciones de vida, este martes anunció una ley antibloqueo para “blindarse” ante las sanciones económicas de Washington contra su Gobierno. El presidente venezolano presentó la norma ante la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento paralelo elegido sin la participación de la oposición en 2017 al margen del legislativo ya existente, para que se apruebe con carácter de urgencia. “Hemos ideado, redactado y creado una ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo y las sanciones criminales de Estados Unidos y de la derecha extremista y fascista de Venezuela que le hacen daño y hacen sufrir a nuestro pueblo venezolano”, manifestó en una comparecencia por televisión.

Maduro aseguró que la legislación busca “revertir todas las afectaciones” que han dejado las sanciones. “Es el marco jurídico para adaptar las instituciones a la situación de guerra en la que estamos”. No dio detalles de lo que reglamentará la ley, pero dijo que estará enfocada principalmente al área económica. “Este marco normativo y temporal busca proteger nuestros activos del saqueo y la amenaza de confiscación imperial”. Entre los planteamientos de la norma, según Maduro, se busca acelerar la gestión, flexibilizar la participación del Estado en empresas mixtas, así como dar incentivos a la inversión y el uso del petro —también sancionado por el Departamento del Tesoro de EE UU— que tantas veces ha intentado masificar sin éxito, además de otras criptomonedas para el comercio interno y externo. El instrumento fue redactado junto con la vicepresidenta y, desde hace unos días, ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez.

El chavismo ha recurrido a las sanciones para justificar el colapso y la crisis humanitaria que empezó a cavarse en Venezuela hace por lo menos cinco años, tras las fallidas políticas de centralización y los controles de precios y de divisas que llevaron a una contracción de dos tercios de la economía del país petrolero que en algún momento fue una de las naciones más ricas de América Latina. Maduro aseguró que por el bloqueo el país ha dejado de percibir ingresos por el orden de 130.000 millones de dólares desde 2015, aunque el embargo petrolero y económico comenzó en 2019.

El mandatario señaló que la ley “traerá tres meses de mejoría en la calidad de vida” de los venezolanos con vistas a las parlamentarias del 6 de diciembre. Pero agregó que, después de ese periodo, la ley permitirá conducir al país a una “nueva etapa” a partir del 5 de enero, cuando debe instalarse el nuevo Parlamento. Esos comicios están cuestionados por la oposición que se agrupa en torno a Juan Guaidó y varias instancias internacionales por la falta de garantías de transparencia y un sector mayoritario de la oposición se ha negado a participar. “Venezuela marcha en paz al proceso del 6D”, dijo Maduro, pese a que solo el lunes se registraron 76 protestas en todos el país, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

El país sudamericano, próximo a cumplir tres años en hiperinflación, ha sido muy golpeado en los últimos meses por la crisis económica que ha dejado más del 96% de los venezolanos en situación de pobreza. El salario mínimo mensual llegó a menos de un dólar, la precariedad de los servicios públicos se ha agudizado con más cortes de luz y del suministro de agua en medio de la pandemia. A esto se ha sumado la escasez de combustible en todo el país, como signo más palpable del efecto de las sanciones. El colapso de la petrolera estatal, PDVSA, por años de corrupción y malos manejos, llevó la producción al precipicio y ahora ha puesto en aprietos al Gobierno de Maduro para poder abastecer el país.

El cerco que impuso Washington el año pasado ha dificultado la importación de gasolina con la que la petrolera venía cubriendo la demanda del país y de Cuba, uno de sus principales aliados. Entre mayo y septiembre, Irán ha auxiliado con el envío de dos cargamentos tras largos periplos en los que han tenido que hacer maniobras para esquivar los controles de Estados Unidos. Después de semanas de enormes filas en las gasolineras de todo el país, está previsto que llegue el segundo cargamento en los próximos días para aliviar parte de la tensión social.

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