Una mujer muere baleada por el Ejército de Colombia en plena crisis de las fuerzas de seguridad

La brutalidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia han activado en los últimos tiempos una oleada de indignación ciudadana. En plena crisis por el abuso policial, un nuevo episodio ha vuelto a poner al Ejército, golpeado por una larga cadena de escándalos, en el centro de la polémica. Las Fuerzas Armadas admitieron este jueves que un militar mató de un disparo a Juliana Giraldo Díaz, una mujer transexual de 35 años que iba junto a su pareja en un carro en una carretera en el Cauca, un departamento en el oeste del país azotado por la violencia del narcotráfico.

“Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca”, señaló en sus redes sociales el presidente Iván Duque. El mandatario ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, investigar de inmediato lo que sucedió, y señaló que el responsable debe recibir un “castigo ejemplar”, además de expresar su solidaridad con los familiares. “Quiero manifestar mi más profundo sentimiento de rechazo, consternación y dolor por lo ocurrido”, manifestó por su parte el jefe de la cartera de Defensa. “Actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del Gobierno del presidente Duque, así como a la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército nacional y no se toleran”, se apresuró a declarar Carlos Holmes Trujillo acompañado de la cúpula militar.

La mujer iba en el vehículo junto a su pareja, Francisco Larrañiaga, cuando de repente vieron salir a los soldados al borde de la vía que comunica los municipios de Miranda y Corinto. Según la versión de Larrañiaga, uno de los militares abrió fuego contra el carro a pesar de que atendió una orden de detenerse. “Era lo mejor que me había pasado en la vida y me la quitó el Ejército nacional”, le dijo a la agencia AFP. “Nosotros criamos pollos, trabajamos con alimentos; nosotros no llevábamos armas, no utilizamos drogas, somos personas trabajadoras, somos personas humildes, somos civiles que no tenemos nada que ver con el conflicto”, añadió.

Las imágenes del momento en que, desde la misma carretera, el acompañante de la mujer lamenta entre lágrimas de desesperación el trágico suceso inundaron las redes sociales y provocaron conmoción. “No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este man me la mató”, repite agitado en medio de militares. “¡Me mataron a Juliana! Ese man le metió un tiro en la cabeza”, se le escucha gritar. De acuerdo con la Tercera División del Ejército, tropas de un batallón de alta montaña “adelantaban labores de control militar de área” cuando la mujer murió por el disparo. “La unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales”, señaló en un escueto comunicado previo a las reacciones del presidente y el ministro de Defensa.

El episodio irrumpió en una agenda política y mediática convulsionada, que ya estaba volcada a la discusión pública sobre los abusos de las fuerzas de seguridad que han estremecido a la sociedad. La víspera, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, evitó disculparse por los excesos policiales en la oleada de movilizaciones que sacudieron al país a finales del año pasado, como le ordenaba un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, solicitó a la Corte Constitucional revisar la decisión del Supremo, en lo que varios juristas han interpretado como un desacato. Esa postura se alínea con la defensa cerrada de los uniformados que ha emprendido el Ejecutivo, a pesar del clamor por una reforma de fondo.

Tanto la muerte de la mujer en Cauca como el fallo de la Corte se producen en un momento particularmente sensible. Hace dos semanas, el asesinato en custodia de la policía de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años, después de haber sido sometido a incesantes descargas eléctricas con un arma tipo taser en una calle de Bogotá y a pesar de encontrarse sometido por dos uniformados, reavivó el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y provocó dos caóticas jornadas de masivas de protestas, pacíficas y violentas, que se saldaron con 13 civiles muertos en medio de los disturbios.

La imagen de las Fuerzas Militares, involucradas en una cadena de escándalos que incluyen interceptaciones ilegales a periodistas y opositores, el regreso del fantasma de las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de niñas indígenas, se ha desplomado en los estudios de opinión, al igual que ha ocurrido con la policía. La percepción históricamente favorable de los militares se derrumbó del 85% al 48%, el dato más bajo desde que hay registro, en la medición de julio de la firma Gallup, mientras que la de la policía se ubica por debajo del 40 %.