El Supremo de Colombia insta al Gobierno a pedir perdón por la represión de las protestas de 2019

En el momento más crítico de la relación entre la Policía y los ciudadanos, quebrada tras las denuncias de abuso policial que han dejado 13 civiles muertos en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, instó este martes al Gobierno de Iván Duque que no estigmatice la protesta social. Además, la sentencia señala que debe pedir excusas a través de su ministro de Defensa por los “excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019”, entre otras medidas.

La decisión, indica el Alto Tribunal, se toma “tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”. El fallo, que se da como respuesta a una acción de tutela interpuesta por 49 personas, ordena también la suspensión del uso de escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en un plazo de 48 horas.

Con una de esas armas, durante las protestas de noviembre de 2019, fue asesinado Dilan Cruz, un joven manifestante que recibió un disparo con una munición tipo bean bag. Pero el fallo no solo se refiere a ese caso, que fue uno de los más visibles, sino a una “serie” de episodios sistemáticos registrados en distintas partes del país, como lesiones oculares y otras agresiones que dejaron a al menos 36 manifestantes con heridas que requirieron hospitalización.

“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el Esmad, que hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”, dice la sentencia. Otra de las decisiones del fallo se extiende a todos los funcionarios del Ejecutivo a quienes les ordena “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional”.

Recientemente, un informe de la Fundación para la Libertad de PrensA (FLIP) reveló que durante las movilizaciones sociales de 2019 y principios de 2020 la Presidencia invirtió 250.000 dólares (unos 215.000 euros) en campañas publicitarias que tenían como objetivo desincentivar esas protestas.

El Gobierno deberá ahora convocar una mesa de trabajo para “reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas” y diseñar un protocolo llamado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Por su parte, cuando el Esmad sea requerido en algún evento público, la Policía tendrá que entregar al Defensor del Pueblo, la entidad encargada de velar por los derechos humanos, un listado de los jefes de unidad y comandantes encargados. “Vamos a estudiar el documento en todo detalle y proceder a hacer un estudio juicioso y tranquilo sobre el particular”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

La decisión de la Corte cobra vigencia a dos semanas del homicidio de Javier Ordóñez, un abogado que recibió descargas de pistola taser y golpes mientras estaba bajo custodia policial, lo que desencadenó dos jornadas de protestas, disturbios y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, en las que varios policías dispararon indiscriminadamente contras civiles, de acuerdo con las denuncias que documentó la propia Alcaldía de Bogotá. 13 jóvenes murieron entre el nueve y el 11 de este mes.

Tras la reacción de la sociedad civil y de la Procuraduría, la Policía suspendió a 14 uniformados que dispararon sus armas durante las noches de manifestaciones. Tanto el ministro como el Gobierno han sostenido que las protestas fueron “coordinadas” por disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del proceso de paz e infiltrados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia.