Ortega impulsa penas de cadena perpetua contra la oposición por “crímenes de odio” en Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega ha enviado al Parlamento, bajo su control, dos proyectos de ley que pretenden desarticular todo músculo opositor en Nicaragua: la instauración de la cadena perpetua para “castigar crímenes de odio” y la criminalización de todo financiamiento externo, al alegar razones de “seguridad nacional” para “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos” de este país centroamericano.

Ortega envió con carácter de urgencia el proyecto de ley de cadena perpetua al Parlamento en las primeras semanas de septiembre, en medio de una ola de femicidios a niñas y mujeres en el país, lo que hizo suponer que esa era la razón principal para invocar esa pena no contemplada en el Código Penal nicaragüense. Sin embargo, el 15 de septiembre, durante el acto de conmemoración de la independencia de Nicaragua de España, el mandatario sandinista reveló que la normativa pretende castigar a opositores, a quienes el gobierno acusa de “cometer crímenes de odio” y “contra la paz” desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua.

“Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, colocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018, agregado a esto, el daño que ha provocado la pandemia, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Están llenos de odio. Son criminales”, vociferó Ortega en un discurso en el que también criticó las sanciones internacionales impuestas a su séquito más cercano, gracias a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción realizadas por la oposición.

El segundo proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo sandinista este martes, y se titula Regulación de Agentes Extranjeros. El anteproyecto legislativo sostiene que, para prevenir “delitos contra la seguridad del Estado”, se prohibirá que “todo agente extranjero, sea organización o persona natural, que reciba financiamiento de gobiernos y agencias internacionales intervenga en cuestiones o política interna”.

“Tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, reza explícitamente el artículo 12 de la iniciativa legislativa.

Al igual que el proyecto de ley de cadena perpetua, la de Regulación de Agentes Extranjeros tiene amplios márgenes de discrecionalidad, según han criticado juristas independientes. Por ejemplo, la normativa sobre la financiación otorga al Ministerio de Gobernación poderes extremos para “supervisar a toda persona o entidad” que caiga en el concepto de “agente extranjero”. En esa categoría pueden caer opositores, periodistas, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones médicas, entre otras. El margen es amplio. Y el castigo varía de multas a personas naturales a confiscaciones, congelación de fondos y cancelaciones de personerías jurídicas.

“La ley de cadena perpetua la vi bastante cínica, porque ya le han recetado a presos políticos, como el campesino Medardo Mairena, condena de hasta 210 años, pese a que la Constitución Política establece como pena máxima 30 años. Pero esta propuesta de agentes extranjeros es sumamente peligrosa, porque es un instrumento pseudo legal para bloquear cualquier apoyo del exterior a procesos de democratización interna”, dice Violeta Granera, integrante de la Coalición Nacional Azul y Blanco, uno de los principales frentes opositores.

“Si bien es cierto que Ortega no ha necesitado de leyes", agrega Granera, "lo cierto es que quiere ampararse en una ilegalidad inexistente para engañar a la comunidad internacional. Pero sobre todo para amedrentar a la oposición, que está próxima en la lucha de abrir la puerta a una transición democrática de manera pacífica”.

Ambos proyectos de ley son interpretados por la oposición como otro intento del gobierno sandinista para amedrentar y neutralizar todo intento de organización política de cara las elecciones generales previstas para noviembre de 2021.

Bloqueo de la financiación

Aunque todavía no hay condiciones electorales para comicios creíbles debido al estado policial de facto y la falta de transparencia del sistema, una votación significa la posibilidad de poner fin a la crisis sociopolítica que Nicaragua atraviesa desde abril de 2018, cuando las fuerzas policiales y paramilitares de Ortega reprimieron a la ciudadanía, con un saldo de al menos 325 ejecuciones extrajudiciales.

“Es la cubanización total de Nicaragua. ¿En qué sentido? Los regímenes autoritarios utilizan la estrategia de darle un supuesto contenido legal a los mecanismos de represión del Estado. Son artimañas para legitimar dictaduras, en este caso el concepto de soberanía. Realmente quieren criminalizar la solidaridad internacional bloqueando el financiamiento a la sociedad civil, pero también impidiendo el financiamiento privado a la oposición”, se quejó Félix Maradiaga, politólogo y uno de los rostros más visibles en la oposición nicaragüense.

Maradiaga cree que la “apuesta” de estos dos proyectos de ley en manos del Parlamento “es más perversa” que inhibir candidatos opositores o amedrentar con cárcel todo tipo de protesta ciudadana.

“Lo que se pretende darle sustento jurídico a un concepto copiado de regímenes fascistas y comunistas que ellos (el Gobierno) han venido trabajando: que toda oposición es ‘vende patria y traidora’. El Ministerio de Gobernación puede designar a cualquier nicaragüense que reciba fondos como agente extranjero, y no solo a la oposición organizada, sino a instituciones filantrópicas que ayudan a los presos políticos, por ejemplo. Es también una herramienta contra el mismo sector privado”, planteó Maradiaga, quien fue procesado por el gobierno en 2018 por supuestmente “financiar el terrorismo.”