La UE afronta dividida la tensa negociación migratoria

Cinco años después de vivir la mayor crisis migratoria de su historia como club, la Unión Europea se prepara para negociar un nuevo plan que le saque de la improvisación. El momento actual se presentaba propicio para una discusión sosegada. Las llegadas de inmigrantes irregulares a Europa llevan años desplomándose. No hay elecciones a la vista que puedan ser capitalizadas por la extrema derecha para rascar votos agitando el fantasma de la invasión. Y la atmósfera triunfal por haber sido capaces de limar las diferencias y sellar en tiempo récord un histórico plan de recuperación ha dejado cierta inercia positiva en el ambiente. Entonces, se incendió Moria. Las llamas del campamento griego han iluminado años de fracaso en la gestión de las llegadas. Y consciente de que las conversaciones van para largo, Bruselas quiere empezar cuanto antes el tira y afloja con los Veintisiete, y ha adelantado una semana la presentación de su plan, del día 30 al 23 de este mes.

A falta de conocer los detalles, la Comisión Europea tratará de equilibrar lo mejor posible una política de palo y zanahoria. Por un lado, la propuesta de pacto incluirá un compromiso de firmeza contra las mafias de tráfico de personas, el blindaje de las fronteras exteriores y la rápida expulsión de aquellos migrantes que no tengan derecho a asilo y se hayan desplazado irregularmente por motivos económicos, estrechando la colaboración con sus países de origen. Bruselas busca así esquivar el veto del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el grupo de Visegrado —del que también forman parte Polonia, República Checa y Eslovaquia—.

Para equilibrar la balanza, la iniciativa fomentará la inmigración legal, necesaria para compensar el envejecimiento de la población europea, promoverá el desarrollo de los países emisores para atacar las causas de las migraciones en su raíz, y defenderá el derecho de los refugiados a reclamar asilo frente a las expulsiones en caliente en la frontera por parte de la policía, que en ocasiones les privan injustamente de un proceso con garantías. Un gesto hacia las ONG, muy críticas con el modo en que la UE encara el asunto, y protagonistas de los controvertidos rescates en el Mediterráneo que cada verano traen de cabeza a la Comisión por la dificultad para encontrar países que les abran sus puertos.

La impresión del Ejecutivo comunitario es que al principio la propuesta no contentará del todo a nadie. Empezará entonces el arduo trabajo de pulirlo para hallar un terreno común entre la solidaridad obligatoria que reclaman los países de primera línea (España, Italia, Grecia, Malta y Bulgaria), y el derecho a cerrar sus fronteras a cal y canto y rechazar las tristemente célebres cuotas de reparto, la música que gusta a Budapest y sus aliados. El choque se producirá en un entorno de relativa calma: las entradas de migrantes alcanzaron un récord de 1,8 millones en 2015, pero se han hundido desde entonces un 92% hasta las 139.000 del año pasado, según las cifras de Frontex. En los primeros ocho meses de este año, la tendencia a la baja se mantiene: 60.800 personas han cruzado irregularmente las fronteras, un 14% menos que el anterior. “La presión de la crisis no permitió tomar decisiones estructurales fundamentales. Ahora que la presión es menos fuerte hay que aprovechar para avanzar calmadamente hacia soluciones duraderas”, señala Jérôme Vignon, experto del Instituto Delors de París.

El viceministro griego de Migraciones, Giorgos Koumoutsakos, de visita en Bruselas para negociar el nuevo pacto, ha estado entre los que han tratado de ejercer presión hasta el último minuto. “Hasta el 23 de septiembre puede haber cambios. La Comisión camina sobre una delgada línea tratando de acomodar las posturas de los Estados Miembros”, explica. En un encuentro con periodistas, divide las posiciones de forma tajante: por un lado están los países de primera línea, como Grecia o España, interesados en un sistema que permita reubicar a los solicitantes de asilo de un país a otro; enfrente, los “ruidosos” países de Visegrado, con los ultranacionalistas de Polonia y Hungría a la cabeza, que hacen bandera del rechazo frontal al mecanismo de cuotas; y luego, el tercer grupo, serían “todos los demás”, aunque Austria y Dinamarca se mueven en aguas intermedias. Está por ver si la reciente tragedia de Lesbos ablanda los espíritus. Koumoutsakos pregona que el fuego que devoró el campamento debería marcar “el final de una era”, y cree que ha conferido al debate europeo un “momentum de solidaridad”. En sus palabras: “Moria ha tenido un efecto catalizador”.

En la UE, sin embargo, no suelen bastar los buenos propósitos nacidos el día después de las catástrofes. Visto el rechazo frontal al reparto de cuotas de refugiados tras la crisis de 2015, la generosidad no puede darse por supuesta. El mecanismo de los sueños del viceministro tiene nombre: “Solidaridad obligatoria”. Confía en que salga adelante, no como en el pasado. Bruselas ya ha dado muestras de que no está dispuesta a fiar su plan a la buena voluntad. “Hoy tenemos una mejor oportunidad que en 2015. Entonces trabajamos bajo la presión extrema de una crisis sin precedentes”, dice Koumoutsakos.

Los países de primera línea, cansados de lidiar en solitario con los demandantes de asilo llegados a su territorio, no quieren esperar más. La reforma del fracasado sistema de Dublín es el “nudo gordiano de las negociaciones”, dice el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, miembro de la comisión de Interior, que se ocupa de la política migratoria. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, habló durante el debate del estado de la Unión de restaurar la “confianza” tras años de recriminaciones mutuas. Queda por ver qué vendrá después exactamente. López Aguilar, a quien le tocará votar estas medidas en el futuro, cuando lleguen al Parlamento, es claro: “No aceptaremos nada que no sea la solidaridad entre países”.